DIRECTOR:
Tanto en el sector privado como en el público, los proyectos de inversión en infraestructura en general se están retrasando con costos extras muy elevados que muchas veces hacen que los inversores desistan o producen graves consecuencias para el país.
El megapuerto de San Antonio, la extensión del Merval a La Calera, la línea 7 del Metro entre Renca y Las Condes, el nuevo centro comercial en Vitacura, el futuro centro de datos de Google, el centro de innovación de Sinovac, por nombrar sólo algunos con importantes retrasos.
Todos ellos retrasados por causas producidas por organismos estatales u organizaciones que el propio Estado impulsa, provocando gigantescos incrementos en los costos. ¿Cómo se pagan estos aumentos de costos? En el caso de la inversión privada, son asumidas por el sector privado; En el caso de la inversión extranjera, lo mismo… o simplemente se dan por vencidos y se van; En el caso de los proyectos públicos, sin embargo, los paga el Estado, es decir, los pagan nuestros impuestos, los pagamos todos los chilenos.
Los paros laborales por los interminables trabajos arqueológicos le han costado al puerto de San Antonio años de retrasos; a la línea 7 del Metro, tres años, y al Merval hasta la Calera, tiempo indefinido por la intervención de una organización “Diaguita”, con pérdidas millonarias. A lo anterior se suman las declaraciones de un director de Greenpeace en el Senado, en las que afirmó poder retrasar la tramitación de proyectos en más de 1.500 días.
No más impuestos, menos obstáculos y más sentido común para utilizar mejor los recursos y evitar más pérdidas por proyectos retrasados o detenidos.
Yves Besanzón Prats
Arquitecto
