El proyecto de reajuste del sector público avanzó en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Aunque la oposición solicitó votar el próximo lunes, el presidente de este órgano legislativo, Boris Barrera, (PC) impuso su visión de votar en general para luego comenzar a revisar la iniciativa en los temas donde hay mayor consenso.
Y así fue. La Comisión aprobó la idea de legislar, pero sin los votos de la oposición que le restaron, ya que mantuvieron la idea de que era mejor iniciar el proceso una vez que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) se presente el próximo lunes, ya que persisten las dudas sobre el financiamiento.
Precisamente el foco de la discusión estuvo puesto en el costo y el financiamiento. del aumento salarial del 3,4% real que propone la iniciativa para los funcionarios tributarios. Según el proyecto, el gasto fiscal es de US$1.775 millones en 2026, lo que a juicio de legisladores opositores sólo tiene garantizado un financiamiento de US$660 millones, por lo que los US$1.125 millones restantes deben asumirse en base a reasignaciones.
Estos datos fueron avalados por las presentaciones del ex director de Presupuestos, Cristina Torres y la economista de LyD, Ingrid Jones.
El primero en exponer ante la comisión fue Torres quien explicó que según el Informe Financiero el costo del proyecto es de US$1.667 millones de los cuales sólo US$616 millones están contemplados en la Ley de Presupuesto 2026, por lo que “la presión de gasto restante de US$ 1.051 millones no estaría considerada en la Ley de Presupuesto para el año 2026”, dijo el también académico de la Universidad de San Sebastián.
Aunque el informe también indicó que la mayor parte del gasto sería financiado con los recursos contemplados en el subtítulo 21 correspondientes al “gasto de personal” en cada una de las partidas presupuestarias, más reasignaciones, Torres también explicó que no es seguro depender de estos recursos dado el contexto de estrés fiscal.
Por su parte, Ingrid Jones, indicó que “el financiamiento garantizado representa 37% del coste total de la ley. Esto significa que 2/3 de la ley no se financiarían”, añadió.
Además, La economista expresó su preocupación por el Informe Financiero lo que insta a que, si hay déficit de recursos, el proyecto de ley debe financiarse con otros subtítulos de gasto o incluso con el Tesoro Público.
“Esto también modifica un presupuesto recientemente aprobado y transfiere al próximo gobierno la carga de tomar decisiones que tendrán un impacto fiscal y social, las cuales deben ser conocidas, evaluadas y debatidas durante el proceso legislativo”, agregó.
Por lo mismo, los diputados de la oposición criticaron que los hubieran obligado a votar. “Estamos haciendo algo irresponsable. Vamos a hacer un espectáculo para dejar en la historia de la ley que este proyecto no está financiado. (…) El Gobierno de José Antonio Kast va a tener que reasignar presupuestos que aprobamos, sacar dinero de ciertas plazas que se asignaron para ponerlo aquí”, dijo el diputado Miguel Mellado.
“Lamentablemente, el gobierno propone que el próximo reajuste se financie con recortes de la ley presupuestaria que acabamos de aprobar”, afirma el diputado Frank Sauerbaum (RN), quien añadió que “es evidente que se cometió un error o simplemente no se quiso dar a conocer la realidad. Tenemos un déficit importante de recursos para poder pagar estos compromisos y queremos llegar a un acuerdo con el gobierno para ver cómo podemos lograr no recortar los beneficios sociales recientemente aprobados en la ley presupuestaria y poder financiar la recién adoptada compromisos.”
En la sesión se aprobaron los artículos que generaron mayor consenso y se dejaron para el lunes los temas más controvertidos, entre ellos, la subida salarial del 3,4% por su financiación y la regla de amarre. Se abrió un plazo para realizar instrucciones hasta el viernes a las 12.00 horas.
Las explicaciones de Grau
En vista a Ante las dudas de los parlamentarios, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, explicó las fuentes de financiamiento.
Lo primero que menciona el ministro es que los gastos realizados durante el año 2026 a los organismos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público que corresponde a dicho año, Se financiará con los recursos contemplados en el subtítulo 21 de sus respectivos presupuestos. y, en su caso, con reasignaciones presupuestarias de cualquier subpartida de gasto, con excepción del servicio de la deuda pública, y en ausencia de transferencias de la Partida Presupuestaria del Tesoro Público.”
Asimismo, el ministro dijo que en el caso del subtítulo 21 se considera: la holgura resultante de la aplicación del art. 10 cuarto párrafo de la Ley de Presupuesto 2026, que establece que sólo una de cada tres vacantes liberadas como consecuencia de retiro o jubilación podrá ser reemplazada (“regla 3×1”). Y holguras producidas por cambios de autoridades y sus equipos”). Esto puede implicar un ahorro de 220.000 millones de dólares.
Se detalló que, a diferencia de leyes de presupuesto pasadas, en esta ocasión el “Provisión para Financiamiento Comprometido”, que contiene $920.761 millones. En este punto Grau explicó que los recursos para financiar el costo del reajuste provienen de esta provisión.
