El proyecto de ley del Gobierno que reajusta la remuneración de los trabajadores del sector público, otorga bonificaciones y otros beneficios ha tenido hasta ahora una rápida tramitación.
Y la decisión del Ejecutivo de no incluir temas varios en la propuesta, limitándose a abordar sólo asuntos relacionados con el empleo público, ha tenido resultados positivos, ya que se aceleró la discusión. Es más, el día de Este miércoles la Cámara de Representantes envió al Senado el proyecto de ley que, como punto central, establece un aumento salarial nominal de 4,9% para los trabajadores, que se pagará en tres etapas, hasta junio del próximo año.
Así, se aplicará un reajuste general del 3% a partir del 1 de diciembre de este año a los sueldos, asignaciones, prestaciones y otras remuneraciones monetarias, gravables por salud y pensiones, o no gravables, a los trabajadores del sector público. . Luego, el 1 de enero y junio de 2025 se aplicarán aumentos del 1,2% y 0,64%, respectivamente, para completar un aumento nominal total del 4,9%.
Tras la votación en la Cámara, la propuesta está lista para su segundo trámite en la Cámara Alta.
El debate
Aunque hoy hubo más de un parlamentario que cuestionó el aumento salarial a los funcionarios estatales, yLa mayoría de la Cámara terminó respaldando el acuerdo que sellaron los Ministerios de Hacienda y Trabajo con la Junta del Sector Público, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Grupo Nacional de Empleados Fiscales (Anef).
Además del aumento salarial, el proyecto también considera el pago de un aguinaldo, el cual será de $68.865 para aquellos trabajadores cuya remuneración neta percibida en el mes de noviembre de 2024 sea igual o inferior a $1.025.622. Para salarios entre $1.025.655 y $3.396.325, el monto a recibir será de $36.427. Las Fiestas Patrias serán, según las mismas fracciones, de $88.667 y $61.552, respectivamente. Beneficios que, junto con otros bonos, serán permanentes a partir de ahora.
El acuerdo alcanzado con los funcionarios también contempla importantes avances en materia de incentivos a la jubilación. Y aunque el tema fue criticado el miércoles, la propuesta del Gobierno acabó siendo apoyada de todos modos. En este sentido, el proyecto establece que los funcionarios públicos -particularmente las instituciones afectadas por las leyes 20.919, 20.921, 20.948, 19.882, 20.964, 20.976, 20.996, 21.003, 21.135, 21.043 y el artículo 9 de la ley Nº 20.374- cesarán en sus funciones al alcanzando 75 años de edad.
Los funcionarios antes mencionados, que al 1 de enero de 2027 sean mayores de 75 años, cesarán en sus funciones a partir de dicha fecha.
Quienes cesen en sus funciones por la causa indicada tendrán derecho a disfrutar de una compensación equivalente a la remuneración total, por cada año de servicio en la institución, con un máximo de seis, a cargo de la respectiva institución empleadora, dice la propuesta legislativa. . .
El informe financiero de la propuesta, elaborado por la Dirección de Presupuesto (Dipres), detalla que el proyecto, en su totalidad, significará un gasto para el Tesoro de $357.182 millones en 2024 (US$ 368 millones), $2.016.914 millones en 2025 (US$ 2.082 millones), y $ 1.892.800 millones bajo el régimen (US$ 1.954 millones).
