La propuesta gubernamental para el proyecto de reajuste del sector público continúa generando fuertes desacuerdos entre la administración Boric y la oposición, especialmente por la norma que busca restringir -mediante mayor justificación- los despidos de funcionarios contratados. Aunque aún no se conoce la iniciativa, el debate no ha cesado.
Por ello, para explicar y dar a conocer los detalles del cuerpo legal que ingresará al Congreso el próximo 5 de enero, El Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, convocó a una reunión con los asesores de los parlamentarios de oposición que integran las comisiones de Hacienda de la Cámara y el Senado, que se realizará de manera telemática el lunes 29 a las 17 horas.
Según la invitación emitida por Teatinos 120, se precisa que los titulares de las bancadas también son convocados con el objetivo de presentarles todo el contenido de la ley de reajuste, en el sentido de cada norma, pero sin mostrar la redacción específica de los artículos.
Según el mensaje de Hacienda, la idea de este nombramiento es evitar sorpresas y anticipar diferencias o cuestiones que puedan faltar, para tener un proceso fluido.
En la oposición, desde el Partido Republicano hasta RN confirman que sus asesores asistirán a esta reunión. Y para el martes está prevista una nueva reunión, esta vez con los propios parlamentarios, que analizarán si van o no, ya que eso dependerá de los avances que se produzcan el lunes.
Diputado RN, Frank SauerbaumAfirma que “después de conocer las normas que presentará el gobierno en la ley de reajuste, que se estiman en más de 100, analizaremos juntos como oposición si acudimos a reunirnos con el gobierno y en qué condiciones”.
Aunque la primera cita tiene como objetivo hablar con asesores, El diputado UDI Felipe Donoso. prevé que participará directamente. “El lunes fuimos invitados por el Ministerio a presentar el contenido de la ley de reajuste. Esto es más bien de carácter informativo, pero en una reunión como ésta no es posible generar una opinión completa sobre todos los puntos, ya que sólo podremos tener el texto cuando entre efectivamente en el Parlamento”.
Y Agustín Romero, del Partido RepublicanoAgrega que “los republicanos van a enviar un asesor para participar en esta instancia, tomar nota de los temas que se están abordando y, con esa información, continuar la tramitación del proyecto en consecuencia, con responsabilidad y sin sorpresas, velando siempre por la transparencia y el buen uso de los recursos públicos”.
Las fuentes del conflicto
Un primer foco de conflicto es que en el protocolo que el gobierno firmó con la mayoría de los gremios de funcionarios públicos se establecían disposiciones que restringirían el futuro despido de este tipo de trabajadores, justo antes del cambio de gobierno, y en línea con un pedido expreso que había hecho la directiva del sector.
Una primera regla establece que la no renovación de los contratos o su renovación en diferentes condiciones en las subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios o que a través de ellos se relacionan con el Presidente de la República, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipios, “se realizará únicamente mediante acto administrativo fundamentado, con fundamentos de hecho y de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables, sin que sea suficiente la mera referencia formal a necesidades del servicio sin sustento fáctico y específico”.
Asimismo, se establece que “los funcionarios con al menos dos años de servicio continuo podrán reclamar vicios legales con motivo de la no renovación de su nombramiento, o de su renovación en condiciones diferentes de conformidad con el artículo 160 de la ley N° 18.834 o el artículo 156 de la ley N° 18.883, según corresponda. La Contraloría General de la República sólo podrá abstenerse de resolver tales reclamaciones, si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos”.
Se añade una segunda norma que regula “al personal que presta asesoramiento directo en el gabinete del Presidente de la República, Ministros, Subsecretarios, Gobernadores Regionales, Delegados Presidenciales, Seremi y altos jefes de servicios designados por el Presidente; sobre su modalidad de contratación, causales de destitución, límites en su número y remuneración, inhabilitaciones, mecanismos de transparencia y normas transitorias para su aplicación.”
Otro foco de cuestionamientos de los diputados de la oposición Es la financiación del reajuste. Uno de los más críticos ha sido el diputado RN, Frank Sauerbaum, quien afirmó que “el gobierno sólo aportó US$600 millones, sin embargo, (el reajuste) tiene un costo de US$1.500 millón”. Esa es otra de las dudas que esperan aclarar.
