Este jueves, la Cámara Baja del Congreso despachó el proyecto de ley abreviado que amplía la Pensión Universal Garantizada (PGU), extendiendo su cobertura al 90% de la población más vulnerable.
Sin embargo, ayer se dio a conocer un informe sobre los efectos de la iniciativa por parte del Consejo Consultivo de Pensiones (CCP), que cuestionó la actuación del Ejecutivo respecto a no entregar la información sobre la iniciativa en tiempo y forma.
“El texto legal que se propone para su debate legislativo contiene una disposición transitoria que no estaba contemplada en el texto preliminar que nos fue enviado en su oportunidad para realizar el análisis que, de acuerdo al mandato legal, debemos realizar. “ Consejo Asesor de Pensiones
El informe señala que “sin conocimiento de este consejo, el proyecto de ley fue presentado al Congreso el 29 de diciembre. Además, el texto legal que se propone para debate legislativo contiene una disposición transitoria que no estaba contemplada en el anteproyecto que nos fue enviado. en el momento oportuno para realizar el análisis que debemos realizar de acuerdo al mandato legal y requerimiento de las autoridades.” .
Agregaron que “es importante resaltar que los dictámenes que debe emitir el Consejo están relacionados con ‘asesorar oportunamente sobre propuestas de modificaciones legales de los parámetros del sistema solidario y PGU’. Lo anterior significa que el consejo deberá pronunciarse en los plazos establecidos sobre los textos definitivos que serán sometidos a discusión en las Cortes Generales”.
votación de la PGU
A pesar de ello, la ampliación de la PGU fue aprobada por la Cámara en general y en particular casi por unanimidad con 131 votos a favor y una abstención.
El texto propone “ampliar el universo de focalización de la PGU del subgrupo de la población de 65 años o más a toda la población del país”, con un umbral de corte mayor el beneficio alcanzará al 90% de los jubilados, corrigiendo lo anterior metodología que dejó fuera a muchos eventuales ganadores.
La iniciativa también establece que el Instituto de Bienestar Social (IPS) verificará el cumplimiento de los requisitos de quienes, habiendo postulado, no accedieron a la PGU o de quienes no postularon, teniendo derecho a hacerlo.
La fluidez de la votación no significa que no hubo debate, pues un grupo de diputados de RN -Ximena Ossandón, Eduardo Durán y Frank Sauerbaum- más la diputada independiente Pamela Jiles insistieron en volver a ingresar a la Cámara, indicio que establecía que las mujeres comenzaría a pagar la PGU a partir de los 60 años, cuya procedencia fue rechazada.
La titular del Trabajo, Jeannette Jara, espera que con esta ley se incorporen 76.000 nuevos beneficiarios con un gasto fiscal de $147.000 millones, en un proceso en el que el Gobierno quiere alcanzar la universalidad.
“La tasa de desempleo sigue en un nivel más alto del que nos gustaría”. Así partió el análisis que hizo el ministro de Economía, Nicolás Grau, sobre el nivel de desocupación de 8,9% observado en el trimestre móvil agosto-octubre que informó previamente el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), lo que representa un alza de 0,9 punto porcentual frente a igual lapso de 2022.
De todas formas, dijo que se trata de una cifra que se ha mantenido en el tiempo aun cuando la economía está en una situación de cierto estancamiento.
Ante esto, sí resaltó dos aspectos: que se crearon 29.500 empleos en el trimestre, “lo que -sostuvo- es muy positivo, porque significa que nuestra economía está siendo capaz de crear empleo”; y, lo segundo, es que hubo un aumento de 4,6% de la cantidad de mujeres ocupadas respecto a la misma época del año anterior.
De todas formas, dijo que saben que el “mercado laboral todavía requiere más fuerza, requiere mayor creación de empleo”. Así, pese a que se ha creado empleo el último año, no han sido suficientes para poder responder a todo el aumento en la fuerza laboral.
“Y esa es nuestra principal tarea, aumentar sobre todo los empleos formales y, por eso, creemos que es tan importante la aprobación que tuvimos ayer del Presupuesto de la Nación que, entre otras cosas, va a permitir hacer un esfuerzo muy importante en términos de inversión, de inversión pública”, destacó.
Ese impulso, estimó, va a poder crear al menos 100 mil ocupaciones el próximo año.
“Así que estamos yendo en la dirección correcta en términos de ir fortaleciendo nuestra economía para que recupere aún con más fuerza la capacidad de generar empleo”, señaló el ministro Grau.
Dos nuevas empresas se sumaron a la larga lista de compañías del rubro de la construcción que han solicitado su liquidación voluntaria. Se trata de la sociedad Construcción y Montajes Industriales e Inmobiliaria Lo Cañas, las que -al igual que la mayoría de las sociedades que recurrieron a la justicia para pedir su quiebra- apuntaron a los efectos de la crisis social y el alza de costos.
La firma Construcción y Montajes Industriales (ex ENV Obras Civiles y Montajes, representada por Felipe León) comenzó a operar en el año 2011, y tuvo como clientes a SQM, Copec y Colbún. La empresa sostuvo: “En el año 2019 se produjo el estallido social, cerrando toda posibilidad de lograr obtener los fondos, por lo que en la actualidad la empresa no cuenta con empleados y pocos activos, ya que todas las herramientas y equipos eran arrendados a terceros”.
En su presentación a la justicia, la compañía explicó que su trabajo estuvo enfocado principalmente a empresas del área de la industria del petróleo y minería no metálica.
Detalló que, entre los años 2011 y 2014, su principal cliente fue SQM Salar, en donde ejecutó varios contratos en el área del montaje industrial. A fines de 2015, se adjudicó un contrato con la empresa Inmobiliaria Las terrazas de Peñaflor, consistente en la construcción de 64 casas con una venta de $ 3.500 millones. “La poca experiencia en este tipo de contratos se tradujo en un atraso importante en la construcción, generando pérdidas importantes por mala gestión, lo que trajo como consecuencia atrasos en los pagos a proveedores, leyes sociales, finiquitos, cayendo en cesación de pagos y en Dicom”, dijo la sociedad, la cual explicó que hizo abandono del proyecto en febrero de 2017 por falta de caja y malos resultados.
En el mismo 2015, la firma dijo que se adjudicó un contrato con la empresa Copec para la construcción de una estación de servicio en Pozo Almonte, Región de Iquique, contrato a suma alzada por $ 2.500 millones. “La poca experiencia en este tipo de contratos se tradujo en una mala administración, bajo control de los recursos, atraso en la entrega del proyecto, generando gastos adicionales; en definitiva, una mala gestión provocando pérdidas importantes; este contrato fue afectado por los problemas del anterior, cayendo también en cesación de pagos y Dicom”, sostuvo la empresa.
Un año después, se adjudicó un contrato con Colbún, consistente en la remodelación, mejoras, pavimentación interior y accesos a las Centrales de Paso de Los Andes, incluyendo obras civiles, estructuras metálicas, arquitectura, instalaciones en general, obras de paisajismo y vías de acceso, contrato a suma alzada por $ 1.500 millones.
“Si bien este contrato se estaba ejecutando sin problemas, fue afectado por la gestión de los dos contratos anteriores, comenzando a tener atrasos en los pagos a proveedores, leyes sociales, y siendo afectado por los informes de Dicom”, dijo la empresa, la cual añadió que, a pesar de estar en una posición de no poder operar desde el año 2017, intentó -sin éxito- obtener fondos externos para poder regularizar la situación de la empresa.
Precios al alza
En el caso de Inmobiliaria Lo Cañas, representada por Mauricio Núñez, decidió iniciar su proceso de liquidación voluntaria tras ocho años desde su formación.
“Los hechos ocurridos a propósito del estallido social afectaron la cadena de abastecimiento de materiales y prestación de servicios alterando los precios al alza, lo que generó un progresivo estado de insolvencia al incrementarse los gastos de construcción”, dijo en su presentación a la justicia.
Junto al aumento de sobrecostos, la compañía también apuntó a la escasez de materiales y de mano de obra y a la restricción de financiamiento.
“Se generaron sobrecostos desmesurados en materiales; la escasez de estos y la escasez de mano de obra dieron un golpe económico durísimo, generando altos costos para poder mantener las obras andando y afectando los plazos de construcción excesivamente, en especial los plazos estipulados en las promesas de compraventa por los proyectos en ejecución”, dijo la empresa.
Y añadió: “Sumado a lo anterior y al aumentar el riesgo en el mercado de la construcción, los bancos, las compañías de seguros y los proveedores restringen líneas de financiamiento a la compañía”.
En los últimos dos años, más de 500 empresas ligadas al rubro de la construcción han quebrado o han solicitado su reorganización judicial, en un escenario que se califica como la peor crisis de la industria en cuatro décadas.
El multimillonario inversionista Bill Ackman está apostando a que la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas de interés antes de lo que predicen los mercados.
El fundador de Pershing Square Capital Management dijo que la medida podría ocurrir en el primer trimestre. Los operadores están descontando plenamente un recorte de tipos en junio, y la posibilidad de que se produzca un recorte en mayo se estima en alrededor del 80%, según datos del mercado de swaps.
La Reserva Federal comenzó a subir agresivamente las tasas en marzo de 2022, lo que llevó al ritmo más rápido de aumentos de tasas en 40 años. El banco central aún no ha recortado las tasas a pesar de que la inflación estadounidense se ha desacelerado ampliamente este año.
“Lo que está sucediendo es que la tasa de interés real, que es la que impacta la economía, sigue aumentando a medida que la inflación disminuye“, dijo Ackman en un próximo episodio de The David Rubenstein Show: Peer-to-Peer Conversations.
Ackman dijo que si la Reserva Federal mantiene las tasas en el rango de aproximadamente 5,5% cuando la inflación tiende a ser inferior a 3%, “esa es una tasa de interés real muy alta“.
Inversionista activista
Ackman fundó Pershing Square en 2004. La empresa, que gestiona unos US$ 17 mil millones en activos, se hizo famosa gracias al activismo de accionista, pero Ackman dijo que prefiere pensar en su equipo como “dueños comprometidos” de empresas.
La empresa ha realizado una serie de apuestas macro a lo largo de los años. El mes pasado, Ackman remeció al mercado cuando tuiteó que la empresa había cubierto sus apuestas en corto contra los bonos del Tesoro estadounidense.
Ackman le dijo a Rubenstein que no está convencido de que la economía estadounidense se encamine hacia el llamado “aterrizaje suave”, un escenario en que el aumento de tasas de interés de la Reserva Federal frena la inflación sin desencadenar una recesión.
“Creo que existe un riesgo real de un aterrizaje forzoso si la Reserva Federal no comienza a recortar las tasas muy pronto“, dijo Ackman, señalando que ha visto evidencia de un debilitamiento de la economía.