Luis Felipe Lagos M. Economista, consultor
Una vez más, el gobierno de turno abre el tema fiscal, esta vez para hablar de un “pacto fiscal”. Un pacto requiere un acuerdo, que es difícil de lograr si no hay un diagnóstico compartido. El Gobierno ha declarado que quiere aumentar la presión fiscal en cinco puntos del PIB, incluido el 0,7 ya legislado para financiar la PGU. El programa de gobierno contempla ocho puntos en dos periodos. El objetivo sería financiar los derechos sociales; y si nos atenemos a la propuesta de la Convención, ésta no tiene límite.
Para justificar este incremento, Hacienda compara la carga tributaria de Chile con el promedio de la OCDE, que revela precisamente una brecha de ocho puntos; Además, afirma que los impuestos son un instrumento para la redistribución del ingreso. Ambos argumentos son discutibles.
“Chile debe avanzar hacia un impuesto basado en el flujo de caja de las empresas. Esto generaría un fuerte impulso a la acumulación de capital, aumentando el empleo y los salarios, y por supuesto, la recaudación de impuestos”.
La comparación con la OCDE es incorrecta, lo pertinente es comparar la carga tributaria cuando los países eran similares a Chile en cuanto a su PIB per cápita, por lo que la brecha se reduce a tres puntos.
Los impuestos no cambian mucho la distribución del ingreso; la evidencia para países desarrollados indica que 3/4 de la mejor distribución (caída en el Gini) se logra mediante transferencias fiscales. Más eficiente es diseñar un sistema tributario que recaude sin mayores perjuicios para el crecimiento, y redistribuya con transferencias.
La evidencia reciente sugiere que será muy difícil aumentar la carga tributaria en cinco puntos. En efecto, el gobierno de la Presidenta Bachelet intentó un aumento de tres puntos, pero solo logró la mitad, con una caída de la inversión en tres de los cuatro años de su gobierno y un estancamiento de la economía en términos per cápita. ¿Por qué hoy sería diferente? La economía está en proceso de ajuste y, lo que es más importante, el crecimiento (tendencial) a mediano plazo se ha desacelerado significativamente.
Una reforma tributaria no debe tener como único objetivo aumentar los impuestos, sino también mejorar la eficiencia del sistema, es decir, minimizar las distorsiones que generan los impuestos y que impactan en la actividad. En este aspecto, hemos retrocedido mucho en los últimos tiempos, pasando de un esquema tributario integrado entre personas físicas y jurídicas con bajas tasas de impuesto a la renta reinvertido, a la contradicción de tasas superiores a la media de los países desarrollados (27% vs. 23% ), con integración parcial (65%). Esto hace que Chile sea muy poco competitivo en términos tributarios, lo que explica la falta de dinamismo en la inversión en los últimos años.
Chile debe avanzar hacia un impuesto basado en el flujo de caja de las empresas. Es decir, el gasto en activos fijos e intangibles se puede deducir el mismo año en que se realiza (amortización instantánea), al igual que se hace con los salarios del trabajo. Esto generaría un fuerte impulso a la acumulación de capital, aumentando el empleo y los salarios, y por supuesto, la recaudación de impuestos, al elevar el crecimiento a mediano plazo. Solo recordemos que desde principios de la década de 1990, el aumento del gasto social ha sido financiado en un 80% por el crecimiento, y sólo en un 20% por aumentos de impuestos.
Por el contrario, el Gobierno propone desintegrar el sistema, lo que además de implicar una doble imposición sobre los beneficios, provocará una caída de la inversión en empresas que tienen restricciones internas de financiación (utilidades retenidas). Asimismo, rompe la equidad horizontal: para un mismo nivel de ingresos, los que provienen del capital se verán afectados en mayor proporción que los del trabajo.
