Una de las propuestas que el gobierno del presidente José Antonio Kast incorporó en su plan económico es la reintegración del sistema tributario. Desde la reforma de 2014 bajo el gobierno de Michelle Bachelet, Chile pasó de un sistema tributario integrado a uno semiintegrado. En la práctica, implica que las empresas pagan un impuesto de Primera Categoría del 27%, pero al retirar ganancias, los propietarios sólo pueden utilizar sólo una parte (65%) de ese impuesto como crédito contra sus impuestos personales, debiendo “devolver” o pagar el resto.
Lo que se busca ahora es dar marcha atrás a este cambio, para que nuevamente el pago de primera categoría que realizan las empresas pueda imputarse 100% a los impuestos personales de sus propietarios.
Ante esta modificación, los expertos están divididos, ya que para algunos volvería a complejizar el sistema, ya que se debe volver a ajustar toda la estructura, mientras que otros lo consideran el esquema óptimo.
Pero más allá de estas evaluaciones, la reintegración del sistema tributario tiene efectos en la recaudación de impuestos. Según estimaciones realizadas por el socio del área legal y tributaria de KPMG en Chile, Alberto Cuevas, “El costo fiscal de la integración podría significar unos 700 millones de dólares”. Por su parte, otra estimación la aporta el exdirector de Presupuesto, Matías Acevedo, quien señala que “con base en el proyecto de modernización tributaria del segundo gobierno de Sebastián Piñera, el costo sería del orden de los US$800 millones”.
Claudio Bustos, abogado fiscalista y socio de Bustos Tax & Legal, apoya la idea de reintegrar el sistema: “Los especialistas tributarios y quienes trabajamos en temas tributarios, así como los propios contribuyentes, hemos podido percibir que operar con un sistema parcialmente integrado hace mucho más complejo y mucho más burocrático todo cumplimiento tributario”.
Además, el experto señala que “contribuye a fomentar la elusión o evasión fiscal por parte de los contribuyentes, porque el sistema parcialmente integrado eleva el tipo personal final del contribuyente que recibe dividendos de una empresa hasta un máximo del 44,45% como tipo impositivo consolidado, lo que evidentemente es absolutamente excesivo”.
Javier Jaque, Socio Líder de CCL Auditores Consultores, Agrega que “si se vuelve a integrar el sistema, la tributación final tendrá una carga menor que la actual y que para alguien que esté incorporando dinero, ya sea de ahorro o de cualquier otro elemento, dinero gravado o no gravado, el retorno final será mayor. Entonces, eso potenciará y motivará las inversiones en todos los sectores de manera transversal”.
Asimismo, Patricio Gana, director de AK Contadores, afirma que “se puede percibir como una buena idea, porque efectivamente en Chile tenemos un antes y un después cuando desintegramos el sistema, cuando lo convertimos en un sistema semiintegrado. De esa oportunidad en adelante, nunca volvimos a crecer a los números que crecimos antes”.
Por su parte, Álvaro Moraga, socio de Moraga Cía, asevera que “es bueno, y de hecho necesario. El régimen general sigue funcionando con desintegración parcial: la empresa paga el 27% y el propietario sólo puede destinar el 65% del crédito. En la práctica, la carga recae en dónde se decide invertir y reinvertir. El Ministerio de Hacienda reconoció en 2024 que alrededor del 97,76% del impuesto sobre la renta del capital recae a nivel de empresas, lo que afecta al crecimiento a medio plazo”.
Otra visión la dio el ex subsecretario de Hacienda y académico de la Universidad de Chile, Alejandro Micco, quien recomendó no abrir esa discusión. “El sistema ya está funcionando de esa manera, y hacer un cambio de esa magnitud es una reforma tributaria”, afirmó.

La reducción de impuestos
En cuanto a la reducción del impuesto de sociedades del 27% al 23%, esto también generaría una disminución en la recaudación. Según estimaciones de Cuevas, por cada punto que se reduce la tasa impositiva representa el 0,13% del PIB de menor recaudación, lo que en montos rondaría los US$450 millones por cada punto. Por lo tanto, bajo el régimen, significaría unos 1.800 millones de dólares menos en ingresos.
“Sin duda tiene un efecto negativo en la recaudación. Pero, por otro lado, puede tener efectos compensatorios. Primero, una mayor inversión inmediata en maquinaria, más contratación de personal podría generar mayores ingresos”, afirma Jaque.
Bustos, por su parte, menciona que “sin duda también se puede bajar el tipo impositivo del impuesto de sociedades sin medidas compensatorias, pero es una apuesta un poco más arriesgada, porque al final simplemente se basa en la hipótesis y la confianza de que, al reducir el tipo impositivo de las empresas, producirán más, porque reactivarán sus proyectos de inversión, realizarán mayores proyectos empresariales y, por tanto, generarán finalmente una mayor rentabilidad”.







