En su informe, emanando después de su visita oficial a Chile, el Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, recomendó otorgar autonomía financiera e institucional a la defensoría criminal pública, advirtiendo de “posibles vulnerabilidades” de su estructura actual.
“Teniendo en cuenta que la protección adecuada de los derechos humanos que asisten a cada persona requiere un acceso efectivo a los servicios legales proporcionados por abogados independientes, el Relator Especial recomienda que el Gobierno de Chile otorgue autonomía institucional y financiera al Defensor Público del Pueblo Penal”, dice el informe que entregó a la Asamblea General de la ONU.
El documento se destaca al DPP como un modelo institucional efectivo, que contribuye a que las personas que confían en el sistema de justicia penal.
Sin embargo, el relator advirtió que “el hecho de que, a pesar de su sólido marco institucional, la defensoría criminal pública, bajo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no disfruta de la autonomía plena que plantea vulnerabilidades potenciales y podría socavar la confianza de algunos de sus clientes”.
En su análisis, el experto también cuestionó los riesgos derivados del sistema de contratación pública y la exposición a fluctuaciones presupuestarias, elementos que, dijo, “pueden afectar su planificación a largo plazo”.
La defensora nacional, Verónica Encina Vera, valoró el reconocimiento del Relator al trabajo de la institución como “un reflejo del compromiso sostenido de los defensores y defensores públicos en todo el país” y abordó la recomendación que hizo.
“La llamada de las Naciones Unidas fortalece institucionalmente la defensora criminal pública coincide completamente con nuestra hoja de ruta, en la que la autonomía es un aspecto muy relevante para equilibrar el sistema de justicia penal”. sostuvo.