La administradora de fondos más grande del país celebró hace dos semanas 90 años de trayectoria, pero, lejos de los festejos, los últimos días han sido especialmente duros al interior de LarrainVial (LV). El lunes pasado, el Ministerio Público anunció que ocho ejecutivos y directivos de la empresa serán formalizados el próximo mes por delitos relacionados con el caso Factop, en el que hay un total de 13 imputados.
El hecho tuvo profundas repercusiones en los días siguientes. Manuel Bulnes, socio y director ejecutivo de LarrainVial SpA, presentó ayer viernes su renuncia a sus cargos ejecutivos, según informó en una carta interna a sus colaboradores el presidente del holding, Fernando Larraín Cruzat, quien precisó que Bulnes permanecerá como compañero, mientras te concentras en tu defensa.
“Entre los argumentos para tomar esta difícil decisión, destaco especialmente la voluntad de Manuel de evitar que la próxima formalización represente un problema para el funcionamiento de LarrainVial y respeto que quiera centrarse en su defensa judicial”, dijo Larraín.
Pero este escenario también tuvo implicaciones para otro alto directivo. Felipe Porzio -director de Finanzas Corporativas y socio-, quien también concretó su salida del directorio de LV Corredora de Bolsa.
Sin embargo, los movimientos desencadenados por este aspecto del Caso Factop ya se habían sentido este miércoles con la salida de cinco directivos y el director general de AGF LV Activos. Se trata de los ahora exdirectores de esa filial Andrés Bulnes (presidente), Andrea Larraín, José Rafael Correa, Jaime Oliveira y Sebastián Cereceda, a quienes se sumó la salida del gerente general Claudio Yáñez. El aspecto penal hizo inviable su permanencia aunque continuarán en otras funciones en LV.
En ese marco, esta semana hubo otro movimiento de proporciones: José Miguel Barros, histórico director de finanzas corporativas, regresó a LV como presidente de AGF LarrainVial Activos (LVA), mientras que Juan Pablo Flores asumió como gerencia general.
El foco de la investigación
La serie de cambios en LV se dan antes de la audiencia de formalización fijada para el próximo 13 de enero en el Cuarto Juzgado de Garantía. En esa ocasión se concretarán las acusaciones contra los imputados por seis delitos: blanqueo de capitales, defraudación, delitos fiscales, administración desleal, uso malicioso de instrumento comercial privado y entrega de información falsa al mercado. Se ha señalado que no todos los acusados serán acusados de todos los delitos establecidos.
En el caso del grupo de directivos y directivos de LV, el foco de la actuación fiscal es el fondo “Capital Estructurado I”, que tenía como objetivo reestructurar las deudas que Antonio Jalaff tenía con distintos acreedores, transformándolas en un fondo de inversión indirecto. accionado. en Grupo Patio. El fondo recibió aportes de dos tipos de series: A, donde los acreedores convirtieron sus pasivos en cuotas del fondo, y B, donde las cuotas del fondo se compraron con recursos frescos.
Los aspectos judiciales del fondo que gestiona LV son diversos. El dinero de los contribuyentes de la serie B se utilizó principalmente para pagar a empresas acreedoras relacionadas con los Sauers, los Jalaff y el grupo Patio. Aquí el centro de la investigación es la eventual relación de ese fondo con flujos de dinero ilícito obtenidos mediante financiaciones irregulares y facturas falsas de empresas vinculadas a los hermanos Jalaff.
Por otro lado, la valoración de Grupo Patio por parte de LV se desplomó al cabo de unos meses. Desde su lanzamiento, la acción del fondo ha perdido el 87% de su valor.
Cabe recordar que en el proceso adelantado por la CMF, a los protagonistas de este caso se les atribuyen “acciones, mecanismos o prácticas fraudulentas que indujeron a los inversionistas a adquirir cuotas”.
El papel de Bulnes
A sus 55 años, Manuel Bulnes es socio clase A de LV. Su carrera en la firma comenzó en 1992 y con el tiempo sus responsabilidades fueron creciendo hasta que en 2007 asumió la dirección general de LV Corredora de Bolsa, cargo que dejó en noviembre de 2014, en medio del “Caso Cascadas”, proceso en el que fue multado en su momento, pero dicha sanción fue revocada en la Corte de Apelaciones, y será conocida por la Corte Suprema.
Ahora bien, en el caso Factop, existen distintas versiones sobre su papel en aquellas operaciones. Ante la Fiscalía, Bulnes declaró que, ante un pedido de Álvaro Jalaff y Cristián Menichetti para agrupar a los acreedores de Antonio Jalaff, los puso en contacto con Felipe Porzio.
Esa reunión se produjo en junio de 2022, donde Álvaro Jalaff, Cristián Menichetti y Cristián Cahe (director financiero de Patio) le preguntaron a Porzio si LV podría tener participación en una estructura que agrupara a todos los acreedores de Antonio.
Bulnes también participó en la reunión, aunque según su versión actuó sólo como intermediario y posteriormente dejó de participar “salvo situaciones particulares”.
La versión de Daniel Sauer es diferente. “Quien ideó este fondo es Manuel Bulnes”, declaró en diciembre, y agregó que fue él “quien lo aprobó comercialmente, teniendo un papel clave”, aunque aclaró que el socio de LV “no estuvo en la operación del fondo”. “, pero sólo antes de “algún problema o control de daños”.
De las declaraciones ante el tribunal se desprende que Bulnes tenía una estrecha amistad con los hermanos Jalaff. “Fueron vistos juntos en Grupo Patio” y con Álvaro Jalaff “viajaron juntos a México”, se indicó. Por su parte, Antonio declaró que “Bulnes (…) lo considero un amigo”.
Una relación laboral
Felipe Porzio, director de Finanzas Corporativas y socio de LV, se incorporó a la empresa en 1997.
Sauer declaró ante la Fiscalía que fue Bulnes “quien dio la orden a (Felipe) Porzio de estructurar la base del Fondo de Capital Estructurado I”. Por su parte, Antonio Jalaff explicó que Porzio y Yáñez lideraron el proceso del fondo.
Al respecto, Porzio declaró que, en los primeros días del fondo -entre julio y diciembre de 2022- tuvo una “participación limitada”, descartó haber propuesto el mecanismo de canje de las deudas por una participación indirecta de Patio y enfatizó que el instrumento de inversión cumplió con todos los protocolos internos.
Además de la reunión “introductoria” de junio de 2022, Porzio participó en otras reuniones. En agosto y septiembre de ese año se reunió con acreedores y ejecutivos de Factop y STF Capital, donde explicó “el funcionamiento del fondo y la posibilidad de canjear sus deudas a plazos”. En esas reuniones, ejecutivos del STF despertaron el interés de los clientes interesados en invertir en el fondo, lo que luego dio origen a la serie B. Mientras tanto, Porzio afirmó que nunca tuvo contacto directo con clientes del STF, y que su vínculo con Antonio Jalaff fue solo una “relación laboral”.
Claudio Yáñez y la AGF
Claudio Yáñez ingresó a LV hace 13 años, y asumió la dirección de AGF en 2016, cargo al que renunció esta semana, quedando como gerente de distribución. Dijo a la Fiscalía que Porzio se puso en contacto con él a mediados de 2022 en la fase de preparación del fondo. Es por eso que, desde la perspectiva del caso, su rol es clave considerando que estuvo a cargo de una gerencia dedicada a la administración de fondos de inversión. En sus declaraciones ha detallado las gestiones relacionadas, como el mecanismo de valoración de Grupo Patio y la elaboración del reglamento interno del fondo.
Los cinco ex directores
Luego de las renuncias al directorio de LV Activos, Andrés Bulnes mantuvo su cargo como gerente de distribución de productos a terceros, mientras que Sebastián Cereceda continúa en la gerencia de finanzas corporativas. Por su parte, Andrea Larraín se mantiene como gerente de gestión y planificación; José Correa, como director general de Activa Deuda Privada, y Jaime Oliveira, como director inmobiliario.
La participación que se investiga de este grupo de exdirectivos en el Caso Factop radica, principalmente, en la aprobación del vehículo inversor, además de recibir informes sobre los avances y normativa interna. Los directivos destacaron que el fondo se habría presentado como una atractiva oportunidad de negocio y que se centraba en inversores cualificados porque “la conversión no estaba asegurada” y este “no tenía garantías”. También descartaron que STF Capital actúe como agente colocador.
