La discusión fiscal ha pasado en los últimos días del ámbito técnico al político. Desde la semana pasada, El Ministerio de Hacienda ha iniciado contactos y programado reuniones con una serie de grupos partidistas con representación en el Congreso para discutir los ejes del proyecto de reforma del impuesto a la renta.que el Ejecutivo entrará en discusión parlamentaria a finales de este mes.
A principios de semana, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se reunió con las bancadas del Frente Amplio (FA), del Partido Socialista (PS) y del Partido por la Democracia (PPD). El viernes hizo lo propio con el partido demócratas y este martes se reunirá con el Democracia Cristiana (DC) y el miércoles con el Partido Comunista (PC).
En la cita del viernes, La tienda que preside la senadora Ximena Rincón entregó a la autoridad una propuesta de 13 páginas para retomar el crecimiento económico a través de un sistema tributario con diversos incentivos.
En la reunión, a la que llegó Rincón junto a sus asesores económicos y tributarios Jorge Selaive, Felipe Bravo, Medardo Lagos y Guillermo Yáñez, y en la que también participaron la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner; El parlamentario explicó que Chile enfrenta un “deterioro fiscal, institucional y social que requiere medidas urgentes” para fortalecer la competitividad, aumentar la eficiencia gubernamental y garantizar el bienestar y seguridad de los chilenos.
“Necesitamos que Chile vuelva a crecer como en décadas anteriores y atraiga nuevamente inversiones al país. Sin seguridad ninguna reforma económica, social o migratoria tendrá efecto, por eso llamamos al Estado a redoblar esfuerzos para cumplir con sus principales función: proteger a los ciudadanos del crimen organizado; además, mirar con atención cualquier regularización migratoria masiva, anteponiendo los intereses de Chile y fortaleciendo la seguridad para evitar consecuencias negativas”, señala el documento entregado a las autoridades de Hacienda.
DL-600, sistema de aportaciones y rentas
La propuesta se divide en tres apartados: ingresos fiscales y sistema tributario, solvencia del Estado y buen funcionamiento de la economía, y austeridad fiscal y control del gasto.
En el primer apartado se plantea la necesidad de simplificar el sistema tributario y aumentar la facilidad de cumplimiento del pago de impuestos, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Asimismo, se propone ampliar la base de contribuyentes que pagan impuestos personales, pero con compensaciones, como un impuesto sobre la renta negativo para aquellos con ingresos más bajos y evitar “saltos repentinos” en los tramos impositivos.
Asimismo, en este mismo apartado se proponen medidas para reactivar la economía y desincentivar la informalidad, como condicionar el acceso a beneficios sociales al contribuyente que se formaliza; reintegrar el sistema tributario, dando la posibilidad de que el 100% de lo pagado a nivel de empresa pueda deducirse del impuesto personal de los socios; subsidio a las tasas de interés para préstamos hipotecarios y que el gasto en vivienda puede ser deducible de impuestos; y restablecer el DL-600, derogado en 2014 y que establecía un período de invariabilidad tributaria para proyectos de inversión y, de esta manera, incentivar la actividad económica productiva.
Además, se ponen sobre la mesa medidas para aliviar la carga fiscal de los contribuyentes, como reducir el impuesto de sociedades a entre el 23% y el 25%; eliminar o reducir aportes para los adultos mayores que viven en su vivienda principal; e implementar subsidios directos por natalidad sujetos a la formalización de las personas, entre otras ideas.
En el apartado de solvencia del Estado y buen funcionamiento de la economía, se propone garantizar la independencia financiera de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y los consejos consultivos; permitir a las Comunidades Autónomas proponer estímulos a la inversión, al consumo o al ahorro mediante ajustes fiscales acordados con Hacienda; ampliar el alcance de la Ley de I+D para incentivar la innovación, especialmente en las Pymes;Ÿ y aumentar el límite máximo de beneficios tributarios por contribuyente a 15.000 UTM.
Reducir ministerios
En cuanto a la austeridad fiscal y el control del gasto, los demócratas pretenden reducir los ministerios de 25 a 17, con un ahorro proyectado de 544 millones de dólares; priorizar el gasto “eficiente” en sectores clave como la educación, eliminando la duplicación y ajustando las prioridades presupuestarias; eliminar funciones similares entre Gobiernos Regionales y Delegaciones Presidenciales; implementar Planes y estrategias de reducción de costos para revertir pérdidas en empresas estatales como Codelco, Enami y TVN.; exigir descripciones de trabajo claras y objetivos mensurables para las renovaciones de contratos de funcionarios públicos; publicar un registro completo de trabajadores públicos y contratados por el Estado; establecer estándares “estrictos” de rendición de cuentas para las entidades que reciben financiamiento estatal; instalar escáneres fijos en los puertos y fortalecer la coordinación entre Aduanas y Marina; y reducir los tiempos de tramitación de los permisos sectoriales, actualmente de 6,6 años, con un impacto positivo del 0,24% del PIB anual.
