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Economia

Salmonicultores responden a declaraciones de presidente Boric

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Él Asociación de Salmonicultores de Magallanes junto al Consejo del Salmón Se refirieron a las palabras emitidas ayer, jueves, por el presidente Gabriel Boric, quien señaló que esta industria “ha sido desconsiderada con sus propias acciones” -en relación al daño ambiental causado por las empresas- y luego agregó que “en las áreas marinas protegidas no puede haber salmonicultura”

“Coincidimos con el presidente cuando se refiere a construir una industria sustentable que cuide el medio ambiente y el desarrollo social y económico del sur de Chile. Hoy podemos decir con orgullo que Magallanes es una de las ocho regiones del mundo certificadas como buena alternativa por la prestigiosa ONG Acuario de la Bahía de Monterrey para la salmonicultura del Atlántico”, dijo. Carlos Odebret, presidente de la Asociación.

Áreas protegidas

El Director Ejecutivo del Consejo del Salmón, Joanna Davidovich, indicó que un eventual cierre de las concesiones en áreas protegidas provocaría un profundo impacto en la actividad productiva y laboral de la macro zona. Sin embargo, expresó su voluntad de tener un “un camino virtuoso de progreso para regiones de crecimiento y oportunidades respetando el medio ambiente de manera competitiva y equilibrada”, y agregó que la salmonicultura es una “actividad económica ampliamente regulada, con altos criterios sanitarios y de cuidado del medio ambiente”.

Por su parte, Odebret afirmó que la industria tiene un riguroso control y que en 2021 la salmonicultura fue la actividad más fiscalizada en Chile por la Superintendencia del Medio Ambiente. “Con más de 1.300 expedientes representó el 52% del total nacional y su resultado fue un 99,2% de cumplimiento”, aseguró el mandatario.

Agregó que la industria es un importante generador de empleo a nivel regional. y que de los 4500 colaboradores que tienen el 80% son de la misma región y que cientos de emprendedores como pequeños hostales, servicios de alimentación y prestadores de servicios de todas las provincias están vinculados a la actividad lo cual es especialmente relevante en el contexto actual.

Salmonicultura presente en el país

“En el contexto que vive nuestro país y el mundo, la industria salmonera no puede ser menos competitiva. La salmonicultura ocupa el 0,16% de las Áreas Protegidas y creemos que es posible encontrar buenas soluciones a la supuesta incompatibilidad que han señalado”, argumentó Odebret.

En la misma línea, Davidovich subrayó que de las más de 20 millones de hectáreas protegidas en Los Lagos, Aysén y Magallanes, la salmonicultura solo está presente en el 0,14% de ellas, sin embargo,”este pequeño número representa casi el 50% de la producción salmonera de Aysén y Magallanes. Estamos hablando de 400 concesiones de acuicultura en Áreas Silvestres Protegidas, el 30% del total de concesiones”.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Criadores de Salmones de Magallanes sostuvo que la salmonicultura se ubica en lugares que fueron designados por el Estado y aprobados luego de que cada proyecto pasara por una evaluación ambiental: “Cada concesión se otorgó en áreas consideradas aptas para el desarrollo acuícola. Por ello, los complejos problemas de ordenamiento territorial deben ser abordados con políticas públicas inteligentes para evitar generar nuevas dificultades producto de la pérdida de oportunidades”.

Sin embargo, Afirmó que como asociación están abiertos al diálogo público-privado, “para avanzar hacia una industria más sostenible, competitiva y que contribuya al bienestar de los magallánicos”.

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Reforma al SEIA: no todo es lo que parece

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De buenas a primeras, este cambio no pareciera generar un conflicto jurídico, ya que se trataría de una adecuación del reglamento a la ley. Sin embargo, como ya nos ha acostumbrado el Gobierno, lo que se dice no es lo que se hace y no todo es lo que parece. En este caso, lo que pareciera ser una reforma que busca adecuar el reglamento a la ley, en realidad es una norma administrativa que trata materias legales, vulnerando abiertamente la Constitución.

“Lo que pareciera ser un cambio que busca adecuar el reglamento a la ley marco sobre cambio climático, en realidad es una norma administrativa que trata materias legales, vulnerando abiertamente la Constitución”.

¿Dónde se advierte esto?

Primero, en los contenidos exigidos para las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Como es sabido, se exige Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a los proyectos que generan impactos medioambientales (por ejemplo, que pongan en riesgo la salud de las personas), y por su parte, se exige DIA a aquellas actividades que no producen impactos ambientales significativos, por lo que el procedimiento de evaluación es simplificado y menos regulado. ¿Dónde se establece esto? En la Ley de Bases Generales de Medioambiente (Ley 19.300). Es la Ley, la norma que establece en qué casos se exigirá una DIA o un EIA y cuáles son las materias que deberá contener la respectiva declaración o estudio.

¿Qué hace la reforma al Reglamento del SEIA? Agregar el “plan de seguimiento de variables ambientales” como contenido mínimo a las DIA que, por ley, hoy sólo se exige a los EIA. ¿Cuál es la motivación de esta modificación? Queda en evidencia que el Gobierno pretende enmendar la Ley 19.300 vía administrativa, eludiendo el proceso legislativo, lo que no sólo vulnera la Carta Fundamental, sino que además amplía la competencia del SEA, complejizando aún más la gestión y aprobación de los proyectos.  Es importante tener en cuenta que los proyectos o actividades evaluados mediante EIA corresponden al 5% de los ingresos, mientras que el 95% a las DIA.

Segundo, al agregar a las DIA la exigencia de tener un plan de seguimiento ambiental, se busca ampliar la aplicación de la figura de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a casos donde la ley no lo ha considerado. Esto también contiene un vicio de inconstitucionalidad, ya que dicha ampliación debe necesariamente realizarse por ley.

Tan evidente son estos vicios que el propio proyecto de ley, conocido como “Evaluación Ambiental 2.0” ingresado por este Gobierno, justamente pretende modificar aquello que es incorporado inconstitucionalmente vía administrativa. Es decir, el Ejecutivo reconoce, en virtud de sus propios actos, que las modificaciones reglamentarias aludidas, son, en efecto, materias de ley.

En un contexto de aumento desempleo, de parálisis de la economía y de una burocracia sin precedentes parece inconcebible este tipo de “medidas”, que no sólo demuestran la indolencia de las autoridades, sino que, peor aún, transgreden las reglas constitucionales.

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Economia

A3D busca que Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, declare en caso de demanda por competencia desleal

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El verano trajo más turistas extranjeros al país, pero aún son menos que antes de la pandemia

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