Saltarse los torniquetes | Diario Financiero

La CMF acaba de sancionar a un director de una reconocida empresa, y parte de su familia, por comprar acciones utilizando información privilegiada. El director fue multado con UF 10.000 (aproximadamente $330 millones) y sus hermanas con UF 2.000, por no abstenerse de operar estando en posesión de esos datos. Otro gran empresario tuvo que llegar a un acuerdo con la Aduana para cerrar una causa penal por contrabando, luego de que hubiera declarado un internamiento por valor de $36 millones, en circunstancias de que se trataba de una colección de obras de arte valorada en $25 millones. veces superior a la indicada.

No deja de sorprender que altos representantes de los gobiernos corporativos de las empresas no comprendan el delicado papel que juegan. Sus decisiones no solo tienen impactos reputacionales en sus familias y sus empresas: los efectos expansivos de sus errores pueden terminar empañando el trabajo de todo el sector privado.

“Debido a las graves faltas a la probidad de los empresarios, el papel del Estado en la discusión legislativa o constitucional termina agudizándose, así como la desconfianza de los ciudadanos”.

Es evidente que los errores, las malas decisiones y, directamente, los delitos cometidos en el pasado reciente tienen un efecto en la discusión pública. En primer lugar, nos hace reconocer el importante papel que juegan las instituciones -entre las que se encuentran la CMF, la FNE, el Sernac, el SII, Aduanas y otras- que fiscalizan al sector privado, sin las cuales ninguno de estos u otros casos sería conocido, y mucho menos castigado.

Sin embargo, también provocan desconfianza pública en los representantes del sector privado, metiendo a todos en la misma bolsa y haciéndolos añorar la provisión de productos y servicios por parte del Estado, que, en términos relativos, aparece con una imagen menos contaminada. Por estas groseras faltas a la probidad por parte de los empresarios, el papel del Estado en la discusión legislativa o constitucional termina siendo exacerbado, y el mundo político utiliza estos ejemplos para promover acciones que jibarizan al sector privado.

La conducta no ética debe ser condenada independientemente del origen o nivel de ingresos del infractor. Pero ciertamente el sentimiento de abuso se amplifica si quienes toman las reglas son los máximos representantes de las empresas del sector privado. Su accionar termina empañando el arduo esfuerzo de sus pares, organizaciones empresariales e instituciones de la sociedad civil que día a día apuntalan la imagen del sector privado y que ven como años de trabajo se borran de un plumazo por causas perfectamente evitables. decisiones

El movimiento que llamó a evitar el transporte público tuvo dolorosas consecuencias que persisten hasta el día de hoy. Es hora de que quienes lideran las empresas privadas se abstengan de hacer exactamente lo mismo, pero a una escala mucho mayor. Sería bueno recordarles que la eventual recompensa a corto plazo de sus decisiones puede terminar con exactamente los mismos efectos que aquellos que llamaron en 2019 a saltarse los torniquetes.