Santos en la Corte | Diario Financiero

La izquierda parece obsesionada con la impunidad de Jorge Mateluna. No una, sino tres veces han tratado de perdonarlo. Recibió su primer indulto en 2004, bajo el Gobierno de Ricardo Lagos. Una vez libre, robó un banco y fue condenado a 16 años de prisión. Convencido de su inocencia, un grupo de activistas puso en marcha la campaña “Inocente Mateluna”, que incluía una columna del propio Gabriel Boric.

El guión era idéntico al que escuchamos hoy: “Graves irregularidades que hacen del caso de Jorge Mateluna un ejemplo emblemático del mal funcionamiento de nuestro sistema policial, fiscal y judicial”, dijo el futuro Presidente en 2017. Y ese mismo año, en ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, el entonces diputado dijo “si ganamos, les aseguro que Jorge se irá de inmediato”.

“La última palabra sobre la inocencia o culpabilidad de ‘Jorge’ no reside en los tribunales de justicia, sino en el Palacio de la Moneda”.

El segundo indulto, con Bachelet, habría visto la luz si el entonces Ministro de Justicia no se hubiera opuesto a los deseos de La Moneda. Pero ahora, obstinado en su convicción, Boric consuma el ansiado perdón. Para ser un activista antisistema, Mateluna tiene bastantes santos en la corte.

La explicación del Presidente agrava la culpa. Indicó que tenía “la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”. Agregó que esa es “la opinión de todos los juristas que han abordado el caso con seriedad”. Y aseguró tener “plena convicción de la inocencia de Jorge”. Tenga en cuenta el uso amistoso del nombre de pila.

Es decir que ni el juez de garantías, ni ninguno de los tres integrantes del Tribunal Oral Penal, ni el fiscal de la causa, son juristas “serios”. En otras palabras, los ministros de la Corte Suprema que rechazaron los recursos y confirmaron la sentencia, desconociendo las supuestas irregularidades en el caso, se convirtieron en cómplices de una injusticia manifiesta. Es decir, la última palabra sobre la inocencia o culpabilidad de “Jorge” no reside en los tribunales de justicia, sino en el Palacio de la Moneda, donde “reside” un Presidente que conoce la ley mejor que todos los jueces y que tiene el poder de corregir sus errores, porque, suponemos, se cree más imparcial que cualquiera de ellos.

El chiste se cuenta solo.

Pero la verdadera injusticia no ha ocurrido en los tribunales. La verdadera injusticia es que, de los cientos y miles de delincuentes que asolan el país, solo unos pocos reciben favores de La Moneda. ¿Cuales? Los que están de acuerdo con la ideología revolucionaria de los gobernantes, inútilmente disfrazados de falso republicanismo.

Para favorecer a sus adherentes, el presidente Boric invade los poderes de los tribunales, contraviene los fundamentos de sus decisiones y lanza graves acusaciones contra sus miembros, todo basado en una “convicción personal” teñida de simpatía política.

¿Qué importa el daño atestiguado a la independencia judicial, a la labor del Ministerio Público o la transgresión de los más rudimentarios principios de justicia? ¿Qué importa el orden público y la igualdad ante la ley? Para beneficiar a los suyos, Boric ha pisoteado las instituciones de la República.