Una drástica decisión reveló el expediente en torno al proyecto de almacenamiento de energía Central de Bombeo Paposo de Colbún, iniciativa que se emplazaría en la comuna de Taltal, en la Región de Antofagasta, que involucra una inversión de US$ 1.400 millones. Tras ingresar el 31 de mayo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la Dirección del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Antofagasta puso término anticipado al procedimiento por falta de información relevante y/o esencial (IRE).
“Resuelvo poner término anticipado al procedimiento de evaluación de impacto ambiental del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Central de Bombeo Paposo para almacenamiento, generación y transporte de energía”, presentado por el señor Daniel Antoan Gordon Adam, en representación de Colbún, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 bis de la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, y en el artículo 36 del Reglamento del SEIA, por los fundamentos señalados en el Considerando 11° de la presente resolución”, se indica en el documento firmado por el Director Regional del SEA de Antofagasta, Ramón Guajardo, emitido el 12 de agosto.
Frente a lo sucedido, desde el SEA indicaron que el término anticipado del procedimiento por falta de información relevante y/o esencial (IRE) corresponde a una herramienta establecida en la Ley N° 19.300 que permite en etapas tempranas de un ingreso al SEIA prevenir que un proyecto al cual le falta información transite durante mucho tiempo por dicho sistema, “permitiendo al SEA y al resto de los órganos de la administración del Estado con competencia ambiental, contar con todos los antecedentes y contenidos necesarios con miras a realizar una correcta y completa evaluación de impacto ambiental”.
En esa línea, desde el organismo aseguraron que “bajo ningún supuesto es un rechazo al proyecto”. “Se trata, por tanto, de una oportunidad de mejora para los proponentes. De esta manera, lo que se persigue con el IRE es evidenciar carencias importantes de información que puedan dificultar una evaluación fluida en el marco de un procedimiento especial y reglado. Ello permite que el titular pueda presentar y tomar las decisiones correctivas oportunas, sometiendo su proyecto nuevamente al sistema con todos los antecedentes necesarios y requeridos para su correcta evaluación ambiental”, explicaron.
Colbún arremete por decisión
Sorpresa y preocupación reconoció Colbún en un extenso comunicado ante la resolución que se funda, según lo expresado por la autoridad, en que el EIA no tenía toda la información necesaria respecto de algunas agrupaciones locales (medio humano) ni sobre la fauna en una zona específica del proyecto.
Junto con destacar que al momento de dictarse la resolución ninguno de los 15 servicios que ya habían emitido sus observaciones al EIA había argumentado falta de información que justificara el término anticipado del proceso de evaluación, la firma sostuvo que “discrepa categóricamente de que los argumentos esgrimidos por el SEA Regional tengan mérito suficiente para justificar el término anticipado del EIA del proyecto”.
Y añadió que está evaluando presentar un recurso de reposición ante dicho servicio para que el proyecto pueda continuar con su proceso de evaluación ambiental y de esta forma entregar la información complementaria o adicional que la autoridad estime pertinente.
“Creemos firmemente que el desarrollo sostenible es posible y estamos convencidos que el proyecto representa una oportunidad para aportar al desarrollo local y una contribución efectiva a la transición energética en base a energías renovables, respetando las normativas ambientales y los intereses de la comunidad. Por lo mismo, esperamos reunirnos a la brevedad con el SEA Regional para entender detalladamente su mirada y análisis, complementar la evaluación ambiental y social, y, en caso de ser necesario, reingresar el EIA del proyecto al SEIA“, señalaron.
Ya en el análisis, Colbún indica que, respecto de la falta de información de medio humano, la autoridad apunta que hubo dos comunidades indígenas -aún no reconocidas por Conadi- que no fueron caracterizadas en el EIA, a la vez que no se evaluó correctamente la alteración del sentimiento de arraigo que produciría el proyecto en las comunidades indígenas, ni tampoco se entregaron los antecedentes técnicos para fundamentar por qué la proximidad de algunas comunidades indígenas constituía un impacto ambiental. “Cabe destacar que la autoridad sectorial asociada con este componente, CONADI, aún no entregaba su pronunciamiento”, afirmó la firma.
En relación con el componente fauna, la compañía sostiene que “la falta de información advertida por la autoridad se refiere puntualmente a la ausencia de monitoreos en la zona del farellón costero, frente a lo cual el SAG solicitó ‘justificar el motivo o presentar nuevas campañas de terreno donde abarque dicha área’. En otras palabras, la autoridad sectorial solicitó información adicional para ser presentada en una etapa posterior durante el proceso de evaluación, lo que difiere con la interpretación del SEA regional”.
Identifica que hubo otras dos comunidades indígenas -ambas reconocidas por Conadi- que no estuvieron dispuestas a reunirse con la compañía, por lo que su caracterización solo se basó exclusivamente en información secundaria.
“Es pertinente señalar que las dos comunidades que según la autoridad no fueron consideradas en el EIA, son organizaciones que están integradas por las mismas personas de las comunidades y organizaciones reconocidas oficialmente y ya caracterizadas en el EIA, quienes han conformado recientemente nuevas asociaciones, lo que responde a la dinámica e interacciones normales de los asentamientos humanos en el tiempo. En ese sentido, es evidente que el propio proceso de evaluación ambiental es la instancia para actualizar la información del medio humano aludida por el SEA, sin necesidad de emitir un término anticipado”, detallaron.
Mientras, en relación con el argumento del SEA regional de que no se habrían acompañado antecedentes que justifiquen el impacto por proximidad, dijeron que “cabe hacer presente que, de acuerdo con el Reglamento del SEIA, debe presentarse un EIA si un proyecto se localiza próximo a pueblos indígenas. Estamos disponibles para entender por qué el SEA no considera pertinente la evaluación de dicha circunstancia, más aún, considerando que en otros proyectos de la Región sí se consideró este impacto”.
Características del proyecto
La iniciativa se erige como la primera de generación eléctrica en Chile y Latinoamérica en base a un circuito cerrado de recirculación de agua desalinizada. Según informó la eléctrica del grupo Matte al informar el ingreso del proyecto al SEIA, la nueva central tendrá una potencia estimada de hasta 800 MW y permitirá generar 1.800 GWh aproximados al año, lo que contribuirá a reducir 435.600 toneladas de CO2 al año, cifra equivalente a plantar 4.148.571 árboles o sacar de circulación 116.160 vehículos en un año. Además, permitiría a casi medio millón de hogares acceder a energía limpia y sustentable, principalmente en el horario de mayor demanda.
En cuanto a plazos, la empresa proyecta que el inicio de la construcción sea para mediados de 2026 y su puesta en servicio para el segundo semestre de 2029.
La presentación del EIA fue precedida -según la empresa- por un proceso de relacionamiento temprano con las comunidades de Paposo y Taltal que comenzó en julio de 2022, siendo éste un insumo relevante en el EIA. Como resultado de la Participación Ciudadana Anticipada (PACA 1), dijeron, se incorporaron planteamientos de la comunidad que modificaron el proyecto original, minimizando sus impactos ambientales.
El hidrógeno verde es un combustible limpio que puede usarse en la industria química, petroquímica, siderurgia y transporte, entre otras aplicaciones. Ha generado, por lo tanto, interés tanto del sector privado como de los gobiernos en el camino hacia la transición energética. En Chile, se han anunciado a la fecha más de 70 proyectos de hidrógeno verde (H2V), los que suman una inversión cercana a los US$ 500 mil millones, y con el potencial de generar más de 100 mil puestos de trabajo.
La región que genera mayor interés es Magallanes, que podría producir el 13% del H2V mundial, con un potencial eólico que superaría en siete veces la actual matriz eléctrica chilena. Pero existen crecientes voces ciudadanas que piden un análisis más profundo del impacto de este tipo de proyectos.
El desarrollo del hidrógeno verde no solo depende de su viabilidad técnica o económica, sino que de cómo se gestione las expectativas de actores comunitarios relevantes, tanto locales como nacionales.
Según un análisis de Teco Group, de los 10 proyectos vinculados a H2V ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) entre 2020 y 2024, tres se ubicarían en la Región de Antofagasta, tres en Valparaíso y cuatro en Magallanes. Sin embargo, las iniciativas de Magallanes concentran el 92% de las observaciones ciudadanas.
“Magallanes concentra altas expectativas del Estado para posicionar a Chile como un actor estratégico a nivel mundial en la industria, pero al mismo tiempo están surgiendo preocupaciones desde distintas organizaciones por los posibles impactos de este tipo de proyectos. Magallanes tiene buena calidad de vida. La gente quiere mejoras, pero no alteraciones radicales en su entorno y/o cotidianidad”, explicó a DF el consultor de Teco Group, Cristián Varela.
Principales observaciones
En concreto, de las cuatro iniciativas relacionadas con hidrógeno verde que se han presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para la región, dos de ellas han recibido observaciones ciudadanas: Parque Eólico Faro del Sur y Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro -ambas de la empresa HIF- hasta el 31 de julio de 2024.
De acuerdo a la descripción ingresada al SEIA, el proyecto Parque Eólico Faro del Sur contempla la construcción y operación de un parque eólico, en la comuna de Punta Arenas, con una potencia nominal de 384 MW y una vida útil proyectada de 29 años. El parque estaría conformado por 64 aerogeneradores de tres palas, que se distribuirán en una superficie predial total de 3.791 hectáreas, aproximadamente.
Por su parte, la Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro consiste en la construcción y operación de una planta química de e-combustibles para la producción de e-Metanol (CH3OH), e-Gasolina y e-GL (gas licuado), que se ubicaría en Punta Arenas, en una superficie aproximada de 57,97 hectáreas.
En total, se presentaron 370 observaciones y ocho personas concentran el 51% de ellas: cinco residen en Magallanes y tres en la Región de Valparaíso.
El tema “aves” fue el único común presentado por los ocho observantes. Las críticas hacen referencia a la falta de detalle en la información referente a rutas y altitudes de vuelo, así como a las especies identificadas. Se solicita una nueva valoración de impactos y evaluación de las medidas de mitigación.
Además, se señala la omisión de la consideración de espacios reproductivos vinculados al soterramiento de la línea de transmisión y la falta de atención a los sitios de nidificación. También se cuestiona la metodología empleada para la identificación de especies nocturnas, entre otras temáticas.
Otro de los temas abordados es “impacto en fauna” (por siete observantes), como la omisión de los efectos del soterramiento de la línea de transmisión, impacto en invertebrados y vertebrados terrestres, insuficiente consideración de rutas de mamíferos, entre otros.
También se plantea como temática la “relación con planes y programas regionales” (siete observantes), buscando que se especifique cómo el proyecto se integrará y adaptará a los diversos instrumentos de planificación territorial en la región.
A eso se sumaron observaciones sobre “geomorfología/geografía” (seis), “paisaje” (cinco), “especificaciones sobre subproductos generados” (cinco) y “residuos sólidos domiciliarios” (cinco), entre otros.
Los desafíos
Según Varela, existen dos grandes desafíos: cómo crear un entorno favorable para la tramitación de proyectos y, al mismo tiempo, cómo monitorear la sensación ambiente y nivel de expectativas.
“En el primer caso, se está tramitando la ley que busca agilizar y robustecer el sistema de permisos y tramitación de proyectos; en el segundo, hay que tener claro que no se trata solo de descarbonización o energía limpia para combatir el cambio climático, sino también de generar beneficios concretos y visibles a nivel local”.
En este sentido, el informe de Teco Group puso énfasis en que el desarrollo del hidrógeno verde no solo depende de su viabilidad técnica o económica, sino que de cómo se gestione las expectativas de actores comunitarios relevantes.
Además, resaltó la importancia de que existan espacios de diálogo locales, pero también en el país, “teniendo en cuenta que la Región de Magallanes, en particular, está siendo observada por grupos ambientalistas a nivel nacional”.
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