Marcela Ruíz Tagle
Nuestro país tiene una productividad estancada desde hace 15 años, con un crecimiento económico decepcionante que se traduce en un PIB potencial insuficiente para satisfacer de manera sostenible las expectativas de una mejor calidad de vida de los ciudadanos. En este contexto, recientemente se dio a conocer la Agenda de Productividad, que contiene una amplia gama de medidas.
Destaca, por el carácter transversal de su impacto, lo relacionado con mejoras de procesos para inversiones, como la reforma estructural para la tramitación de permisos sectoriales. Pero igual de relevante es la productividad del sector que materializa esta inversión.
La construcción representa alrededor del 7% del PIB. Es uno de los sectores con mayor número de empresas y trabajadores del país, que realizan inversión pública y privada en vivienda e infraestructura. En contextos recesivos, ha sido tradicionalmente el canal utilizado para las políticas contracíclicas, como ocurrió durante la pandemia cuando se comprometieron US$34.000 millones para realizar obras de inversión pública entre 2020-2022. A esto se suma el reciente fondo especial de garantía.
A pesar de ello, la productividad del sector no solo ha sido negativa en el período, afectando el promedio nacional, sino que también es una de las más bajas en términos intersectoriales. Y si se compara con los países de la OCDE, es un 52% más bajo.
Las ineficiencias no se deben únicamente a rigideces regulatorias, deficiencias en la estructura de solicitud y obtención de permisos sectoriales o la falta de integración entre ministerios sectoriales. Se han impulsado diversas iniciativas para mejorar su productividad, como el programa Construye 2025 de Corfo, iniciado en 2015, que busca promover la adopción de tecnologías e incentivar el proceso de industrialización sectorial; sin embargo, los resultados de estas acciones no han tenido un impacto a nivel agregado.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, las empresas del sector de la construcción son reacias a innovar en sus procesos productivos, a pesar de que si eliminaran la brecha de productividad con respecto a sus pares en países de productividad media, el PIB del sector aumentaría en más del 65% Esto implicaría, por ejemplo, pasar de construir un edificio de 13 pisos a un edificio de 19 pisos en el mismo tiempo y con la misma cantidad de trabajadores; o aumentar la productividad de las obras de infraestructura vial en más de un 200%.
En el actual contexto recesivo y de crisis habitacional, debe ser imperativo promover la competencia sectorial, exigiendo el uso de tecnologías en las licitaciones públicas para asegurar el cumplimiento de la planificación, diseño y dirección de las obras; premiar la construcción industrializada y la incorporación de suministros innovadores; y exigiendo la valorización de los residuos. Junto a ello, se debe transparentar al mercado la información de costos y plazos de ejecución por tipo de edificación y etapa, para que se conozcan los estándares de las empresas más eficientes y así incentivar la productividad sectorial.
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