Tras el protocolo de tramitación al que llegó el Gobierno con los miembros de la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, dicha instancia llegó este miércoles a su primer acuerdo “adreferéndum” para la reforma previsional.
Se trata del seguro de lagunas previsionales. La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, explicó que la mesa técnica que trabajó para acercar posiciones acordó seguir adelante con la propuesta que había presentado originalmente el Ejecutivo en el proyecto de ley en materia de seguro de lagunas.
Se trata de una medida para aumentar la densidad de cotizaciones previsionales para lo cual se plantea extender la cobertura del seguro de lagunas previsionales para incluir a beneficiarios del Seguro de Cesantía que financien prestaciones con cargo a sus Cuentas Individuales de Cesantía (CIC).
Así, este fue el primer tema de discusión en particular del proyecto de ley. “Estamos en un acuerdo ad referéndum en legislar acerca de esta materia. Lo que sí es importante ministra, superintendente o ministro, que hagan las modelaciones de los distintos escenarios que puede haber en función de la cotización que resulte o que no resulte”, dijo el presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara Alta, el senador Juan Antonio Coloma (UDI).
Cronograma y retorno de mesa técnica
Al inicio de la sesión, la ministra aseguró que el plan era “empezar por algunos temas que tenemos más concordados” y mencionó la necesidad de fortalecer la densidad de cotizaciones previsionales, partiendo por el seguro de lagunas.
En segundo lugar, el cronograma propuesto establece el mecanismo simplificado de cotizaciones de los independientes no obligados (quienes no emiten boletas de honorarios), para luego continuar con los temas referentes al tope imponible del 10% y de cobranza previsional.
Lo cierto, es que existen temas en los que habría acuerdo como el de lagunas previsionales, y que serían de fácil despacho y en otros la discusión será más álgida por las diferencias entre el Gobierno y la oposición.
La ministra anticipó que el trabajo de contenido en el Congreso “se tendría que complementar con la reanudación de la comisión técnica que pueda continuar avanzando en paralelo para ir destrabando otros temas que todavía necesitan suficiente maduración”.
En ese contexto, algunos parlamentarios plantearon la inquietud de que, si se dejan los temas más complicados más cerca de la fecha en la que se deba someter a votación el proyecto, vale decir, a fin de año, podría terminar en un resultado poco exitoso.
Sin embargo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que “el Ejecutivo no tiene ninguna intención de dejar los temas difíciles para el final”.
Para el titular de las finanzas públicas, “sería útil mantener la estructura de los seis grupos de temas, pero en lugar de esperar haber recorrido todos los seis temas, creo que hay mucho en lo cual se puede ir avanzando en el camino, resolviendo los temas técnicos con la comisión (mesa técnica) e irlos trasladando acá para hacer la discusión más política de los mismos”.
Coloma manifestó que habría acuerdo de la instancia para poder reactivar el trabajo de la comisión técnica para que acompañe el proceso.
El hidrógeno verde es un combustible limpio que puede usarse en la industria química, petroquímica, siderurgia y transporte, entre otras aplicaciones. Ha generado, por lo tanto, interés tanto del sector privado como de los gobiernos en el camino hacia la transición energética. En Chile, se han anunciado a la fecha más de 70 proyectos de hidrógeno verde (H2V), los que suman una inversión cercana a los US$ 500 mil millones, y con el potencial de generar más de 100 mil puestos de trabajo.
La región que genera mayor interés es Magallanes, que podría producir el 13% del H2V mundial, con un potencial eólico que superaría en siete veces la actual matriz eléctrica chilena. Pero existen crecientes voces ciudadanas que piden un análisis más profundo del impacto de este tipo de proyectos.
El desarrollo del hidrógeno verde no solo depende de su viabilidad técnica o económica, sino que de cómo se gestione las expectativas de actores comunitarios relevantes, tanto locales como nacionales.
Según un análisis de Teco Group, de los 10 proyectos vinculados a H2V ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) entre 2020 y 2024, tres se ubicarían en la Región de Antofagasta, tres en Valparaíso y cuatro en Magallanes. Sin embargo, las iniciativas de Magallanes concentran el 92% de las observaciones ciudadanas.
“Magallanes concentra altas expectativas del Estado para posicionar a Chile como un actor estratégico a nivel mundial en la industria, pero al mismo tiempo están surgiendo preocupaciones desde distintas organizaciones por los posibles impactos de este tipo de proyectos. Magallanes tiene buena calidad de vida. La gente quiere mejoras, pero no alteraciones radicales en su entorno y/o cotidianidad”, explicó a DF el consultor de Teco Group, Cristián Varela.
Principales observaciones
En concreto, de las cuatro iniciativas relacionadas con hidrógeno verde que se han presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para la región, dos de ellas han recibido observaciones ciudadanas: Parque Eólico Faro del Sur y Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro -ambas de la empresa HIF- hasta el 31 de julio de 2024.
De acuerdo a la descripción ingresada al SEIA, el proyecto Parque Eólico Faro del Sur contempla la construcción y operación de un parque eólico, en la comuna de Punta Arenas, con una potencia nominal de 384 MW y una vida útil proyectada de 29 años. El parque estaría conformado por 64 aerogeneradores de tres palas, que se distribuirán en una superficie predial total de 3.791 hectáreas, aproximadamente.
Por su parte, la Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro consiste en la construcción y operación de una planta química de e-combustibles para la producción de e-Metanol (CH3OH), e-Gasolina y e-GL (gas licuado), que se ubicaría en Punta Arenas, en una superficie aproximada de 57,97 hectáreas.
En total, se presentaron 370 observaciones y ocho personas concentran el 51% de ellas: cinco residen en Magallanes y tres en la Región de Valparaíso.
El tema “aves” fue el único común presentado por los ocho observantes. Las críticas hacen referencia a la falta de detalle en la información referente a rutas y altitudes de vuelo, así como a las especies identificadas. Se solicita una nueva valoración de impactos y evaluación de las medidas de mitigación.
Además, se señala la omisión de la consideración de espacios reproductivos vinculados al soterramiento de la línea de transmisión y la falta de atención a los sitios de nidificación. También se cuestiona la metodología empleada para la identificación de especies nocturnas, entre otras temáticas.
Otro de los temas abordados es “impacto en fauna” (por siete observantes), como la omisión de los efectos del soterramiento de la línea de transmisión, impacto en invertebrados y vertebrados terrestres, insuficiente consideración de rutas de mamíferos, entre otros.
También se plantea como temática la “relación con planes y programas regionales” (siete observantes), buscando que se especifique cómo el proyecto se integrará y adaptará a los diversos instrumentos de planificación territorial en la región.
A eso se sumaron observaciones sobre “geomorfología/geografía” (seis), “paisaje” (cinco), “especificaciones sobre subproductos generados” (cinco) y “residuos sólidos domiciliarios” (cinco), entre otros.
Los desafíos
Según Varela, existen dos grandes desafíos: cómo crear un entorno favorable para la tramitación de proyectos y, al mismo tiempo, cómo monitorear la sensación ambiente y nivel de expectativas.
“En el primer caso, se está tramitando la ley que busca agilizar y robustecer el sistema de permisos y tramitación de proyectos; en el segundo, hay que tener claro que no se trata solo de descarbonización o energía limpia para combatir el cambio climático, sino también de generar beneficios concretos y visibles a nivel local”.
En este sentido, el informe de Teco Group puso énfasis en que el desarrollo del hidrógeno verde no solo depende de su viabilidad técnica o económica, sino que de cómo se gestione las expectativas de actores comunitarios relevantes.
Además, resaltó la importancia de que existan espacios de diálogo locales, pero también en el país, “teniendo en cuenta que la Región de Magallanes, en particular, está siendo observada por grupos ambientalistas a nivel nacional”.
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