Este sábado se dio a conocer a través de un comunicado que la La Coordinadora de Arauco Malleco (CAM), junto a la comunidad María Cayulleo, habían iniciado “un proceso de recuperación territorial” en la comuna de Angol, que implica la incautación de siete fincas pertenecientes a empresas forestales.
Las declaraciones del grupo radical encendieron las alarmas pocos días después de que el Parlamento aprobara una nueva prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur y que el gobierno decidió prorrogar dos juicios por Ley de Seguridad del Estado contra el líder de la CAM, Héctor Llaitul.
Sobre este tema, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Izkia Sichesafirmó en el Estado Nacional de 24H que, “Para nosotros la CAM no es representativa del pueblo mapuche, y ante estos llamados y amenazas de usurpaciones no habrá impunidad.. Vamos a enfrentar esas usurpaciones y obviamente hacer presente la fuerza del Estado, porque es lo que corresponde. Tienes que desalojar si eso se materializa.”.
En la misma línea, el Secretario de Estado agregó que “como gobierno estamos llevando activamente el Estado a las regiones, particularmente a La Araucanía, porque son zonas que además de enfrentar la violencia, enfrentan niveles de pobreza y abandono por parte de los Estado que son abrumadoras y que sin duda tenemos que avanzar en las soluciones políticas, pero esto no puede contemplar violencia o usurpaciones”.
Mientras tanto, cuando se le preguntó por qué fue que cambió para que el gobierno decidió ampliar las demandas contra Héctor LlaitulEl líder de la CAM, Siches enfatizó que “nada ha cambiadodesde el primer momento interpretamos que los delitos debían ser juzgados en nuestro país”.
“Desde un principio vimos que había una serie de denuncias, porque este tipo de acciones se han repetido en el tiempo, que estaban vigentes, y a nuestro juicio el Ministerio Público podía actuar. Pero con las recientes declaraciones que atribuyen hechos constitutivos de delitos y viendo que el Ministerio Público aún dudaba entre actuar o no actuar, decidimos dar el paso adelante y poder liberar ese camino. Esperamos que las medidas se puedan tomar en el corto plazo”, agregó.
Ubicado alrededor un posible cambio de ideas respecto a la ampliación de los pleitos, el Secretario de Estado insistió en que “aquí no hay ideas, aquí hay amenazas y también hay adjudicaciones de hechos constitutivos de delitos, y eso lo hemos tenido claro desde el principio. Definimos que había una serie de denuncias abiertas a la Ley de Seguridad del Estado, que eran por hechos pasados y también futuros, que eran un instrumento que podía tomar la Fiscalía y, en este caso, considerando que el Ministerio Público no quería actuar en esa línea, decidimos ampliarlo y creo que fue una buena decisión”.
Sobre esto último, también precisó que el ente perseguidor “indicó que no tenía las herramientas, teníamos diferentes interpretaciones, pero más que peleas entre el Ministerio Público y el Ejecutivo, necesitábamos mostrar claridad y eso fue lo que hizo el gobierno”. Pese a lo anterior, el ministro aclaró que “el controvertido Ministerio Público-Ejecutivo no aporta nada”.
En referencia a las declaraciones emitidas por Llaitul en mayo de este año, luego de que llamado a un levantamiento armado contra el gobierno, Siches explicó que “estas denuncias están abiertas. Esto se ha repetido y lo más probable es que mañana o pasado mañana lo vuelva a hacer. La denuncia que hemos ampliado la hemos dejado clara: ‘por las declaraciones actuales, pasadas y futuras del mismo tenor, esperamos que el Ministerio Público pueda investigar y actuar sin tener que solicitar una denuncia en cada una de las declaraciones que pueda hacer esta persona’. dar’ “.
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