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Economia

Sigue la votación en la elección presidencial de Francia

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La Francia que no se siente representada por la ultraderechista Marine Le Pen ni por el liberal Emmanuel Macron acudió este domingo a las urnas dividido entre apoyar al “menos malo” de ambos candidatos o expresar su descontento con el voto en blanco o la abstención.

Annie, una exconsultora de 78 años, es una de las que ha apostado por esa papeleta en blanco tras un lustro en el que Macron la ha decepcionado “mucho”.

“Para mí es un tipo dirigido por multinacionales. No tiene sentido de la escucha y creo que no va a cambiar. Todo el mundo dice que es muy inteligente, pero si lo fuera se habría adaptado mejor”, dice a Efe.

En 2017 respaldó al exministro de Economía, que se enfrentaba por primera vez a Le Pen, pero este año, tras haber votado en primera vuelta al izquierdista Jean-Luc Mélenchon, ha preferido no optar por ningún candidato.

En el distrito 10 de París, donde está ubicado, ganó la izquierda: la líder de Francia Insumisa obtuvo el 38,45 % de los votos, por delante de Macron (31,47 %) y el ecologista Yannick Jadot (10,36). %).

Hèlene, músico de 69 años, también dio su confianza a Mélenchon el 10 de abril y en esta segunda vuelta se la dará a Macron, a pesar de que el actual jefe de Estado “ha cometido muchos errores y es arrogante, lo que es insoportable”.

“Pero es alguien que va más allá y a pesar de todo tiene la ambición de salvar Europa. Lamentablemente no ha hablado de ecología. Espero que recuperemos eso en las legislativas”, comenta sobre la conocida como la “tercera vuelta”. “, que se llevará a cabo en junio.

Muchos votantes de Macron volverán a su partido preferido en estas nuevas elecciones, como Satria, una cocinera de 26 años, que votó por Jadot en la primera elección presidencial y votó por Macron en la segunda.

“Para mí la primera vuelta es más una votación ideológica que una votación útil. En la segunda vuelta no me quedó de otra, no puedo votar por la extrema derecha. Creo que los legislativos están hechos para volver a las propias ideas”, dijo. él mantiene

Juliette, una abogada de 26 años, prefirió optar desde el principio por el voto útil. Iba a apoyar a la socialista Anne Hidalgo, alcaldesa de la capital, pero sus encuestas le daban pocas posibilidades de ganar y no se equivocó: solo obtuvo el 1,76% de los votos en todo el país.

“Preferí votar por el candidato que en mi opinión puede plantar cara a la extrema derecha, es decir, Macron. Le Pen da miedo, da mucho miedo. Por eso espero que la gente vote, que no vote en blanco. que voten a Macron”, dice la joven.

Baja participación

Al mediodía en el país galo, cuatro horas después de la apertura de los colegios electorales, La participación se situó en el 26,41%, ligeramente superior a la de la primera vuelta de la misma época (25,48%), pero la cifra más baja desde 2002 (26,19%).

“Francia está muy dividida. Hay tres bloques muy grandes: la extrema derecha, el centro y la izquierda con todos sus componentes. Tememos que en la tercera vuelta, en las elecciones legislativas, esto se convierta en movilizaciones y manifestaciones populares, “, subraya. Jorge Partida, presidente de la junta electoral del colegio Pierre Bullet de la capital.

Annie, una jubilada de 73 años, lamenta que vuelva a haber un candidato de ultraderecha en segunda vuelta, como en 2002, con Jean-Marie Le Pen, padre de Marine, que se enfrentó al conservador Jacques Chirac, o en 2017 con Macron y el líder de la Asociación Nacional.

“La situación cada vez es peor, pero tener derecho a voto es muy importante”, dice para justificar su participación este domingo, en la que la abstención puede ser clave. En 2017 fue del 25,4% y en la primera vuelta de estas elecciones llegó al 26,3%.

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Reforma al SEIA: no todo es lo que parece

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De buenas a primeras, este cambio no pareciera generar un conflicto jurídico, ya que se trataría de una adecuación del reglamento a la ley. Sin embargo, como ya nos ha acostumbrado el Gobierno, lo que se dice no es lo que se hace y no todo es lo que parece. En este caso, lo que pareciera ser una reforma que busca adecuar el reglamento a la ley, en realidad es una norma administrativa que trata materias legales, vulnerando abiertamente la Constitución.

“Lo que pareciera ser un cambio que busca adecuar el reglamento a la ley marco sobre cambio climático, en realidad es una norma administrativa que trata materias legales, vulnerando abiertamente la Constitución”.

¿Dónde se advierte esto?

Primero, en los contenidos exigidos para las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA). Como es sabido, se exige Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a los proyectos que generan impactos medioambientales (por ejemplo, que pongan en riesgo la salud de las personas), y por su parte, se exige DIA a aquellas actividades que no producen impactos ambientales significativos, por lo que el procedimiento de evaluación es simplificado y menos regulado. ¿Dónde se establece esto? En la Ley de Bases Generales de Medioambiente (Ley 19.300). Es la Ley, la norma que establece en qué casos se exigirá una DIA o un EIA y cuáles son las materias que deberá contener la respectiva declaración o estudio.

¿Qué hace la reforma al Reglamento del SEIA? Agregar el “plan de seguimiento de variables ambientales” como contenido mínimo a las DIA que, por ley, hoy sólo se exige a los EIA. ¿Cuál es la motivación de esta modificación? Queda en evidencia que el Gobierno pretende enmendar la Ley 19.300 vía administrativa, eludiendo el proceso legislativo, lo que no sólo vulnera la Carta Fundamental, sino que además amplía la competencia del SEA, complejizando aún más la gestión y aprobación de los proyectos.  Es importante tener en cuenta que los proyectos o actividades evaluados mediante EIA corresponden al 5% de los ingresos, mientras que el 95% a las DIA.

Segundo, al agregar a las DIA la exigencia de tener un plan de seguimiento ambiental, se busca ampliar la aplicación de la figura de la revisión de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) a casos donde la ley no lo ha considerado. Esto también contiene un vicio de inconstitucionalidad, ya que dicha ampliación debe necesariamente realizarse por ley.

Tan evidente son estos vicios que el propio proyecto de ley, conocido como “Evaluación Ambiental 2.0” ingresado por este Gobierno, justamente pretende modificar aquello que es incorporado inconstitucionalmente vía administrativa. Es decir, el Ejecutivo reconoce, en virtud de sus propios actos, que las modificaciones reglamentarias aludidas, son, en efecto, materias de ley.

En un contexto de aumento desempleo, de parálisis de la economía y de una burocracia sin precedentes parece inconcebible este tipo de “medidas”, que no sólo demuestran la indolencia de las autoridades, sino que, peor aún, transgreden las reglas constitucionales.

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A3D busca que Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, declare en caso de demanda por competencia desleal

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El verano trajo más turistas extranjeros al país, pero aún son menos que antes de la pandemia

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