Economia
SII lanza plan de fiscalización en medio de debate por recaudación de Ley de cumplimiento tributario
El director(es) del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, anunció este jueves los principales énfasis de la estrategia de inspección que desarrollará la institución luego de que se apruebe la ley sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.
En conferencia de prensa, junto a los subdirectores de Inspección, Carolina Saravia, y de Regulador, Simón Ramírez, el ejecutivo indicó que espera que la próxima semana el reglamento sea publicado en el Diario Oficial y comience a regir de manera efectiva. Ante esto, dividió el plan en tres pilares: grandes empresas, evasión e informalidad y crimen organizado.
La nueva Ley busca recaudar 1.200 millones de dólares el próximo año. Se espera que el reglamento se publique en el Diario Oficial la próxima semana.
Multijurisdicción, ingresos pasivos y operaciones fuera del país
El primer enfoque considera siete medidas. El primero deriva del fortalecimiento de la Norma General Antielusión (NGA), que permanecerá en los tribunales pero se centrará en la planificación fiscal agresiva, haciendo más expedita la notificación y su sanción, afirmó Etcheberry.
Un segundo está relacionado con los ingresos pasivos, como dividendos, alquileres e intereses que reciben las empresas y las personas de alto patrimonio. La norma actual sólo incluía los ingresos pasivos generados por empresas en el extranjero entre personas relacionadas financieramente. Ahora, con la Ley se incorporan las relaciones familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.
En cuanto a los precios de transferencia, que es el valor al que se realizan operaciones entre partes relacionadas en el exterior, lo que modifica su tributación; La nueva Ley otorga más facultades para impugnar los precios, valores y rendimientos declarados por los contribuyentes.
La inspección a grupos empresariales será la tercera acción que realizará el SII, ya que la norma permite un mayor escrutinio, considerando sus características particulares, que puede ser realizado por cualquier dirección regional del país.
La multijurisdicción sigue una línea similar, ya que una dirección regional puede supervisar a un contribuyente de un área geográfica diferente.
El servicio también reforzará el control sobre el IVA a las exportaciones, ya que la ley establece una nueva causal que permite un procedimiento especial de inspección previa para evitar abusos, como el de empresas que acumulan devoluciones de impuestos con bajos niveles de exportaciones.
La última política será controlar más los términos de la transferencia, ya que la solicitud podrá ser rechazada cuando el contribuyente no proporcione la información solicitada.
Inicio de actividades y exención a las importaciones.
Son ocho medidas diseñadas por el SII para controlar y reducir la informalidad. Aquí se elimina la exención que beneficia a las paqueterías de hasta US$ 41 y se incorpora un sistema simplificado de pago del IVA para productos importados de hasta US$ 500, eliminando aranceles en este tramo. Etcheberry señaló que esto permitirá agilizar el despacho de los productos.
También debuta un requisito para iniciar actividades y cumplir con obligaciones tributarias, ya que la administración del Estado, Gobiernos Regionales y municipios deberán solicitarlo a los contribuyentes con quienes contratan algún producto o servicio, así como a las plataformas digitales.
Las instituciones bancarias deberán proporcionar información sobre operaciones que involucren más de 50 pagos de distintas personas a un mismo contribuyente, en el plazo de un mes, o 100 pagos en seis meses, informando el monto.
Etcheberry también reveló que se reforzarán las instrucciones administrativas para evitar emitir facturas a empresas por compras de consumo personal en restaurantes y supermercados, reduciendo la base del IVA.
También se incrementará la inspección en terreno, con medidas preventivas como evitar la emisión de facturas fraudulentas en línea y reactivar el control vial en el peaje de Angostura.
Crimen organizado
En la lucha contra mafias y grupos organizados, el plan incluye seis medidas. El primero es el procedimiento judicial simplificado para el levantamiento del secreto bancario, sin oposición del contribuyente en delitos fiscales. A su vez, se desplegarán acciones para facilitar el uso del denunciante anónimo, que incluye una recompensa equivalente al 10% de las multas, siempre que el monto defraudado supere las UTA 100 ($80 millones aproximadamente).
Los vendedores de artículos usados deben identificar a sus proveedores, a lo que se suma que las operaciones de compra y venta al contado que superen las UF 135 (unos $5 millones) deben identificar al comprador.
El SII creará una Oficina contra el Crimen Organizado y fortalecerá el trabajo coordinado con el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado en materia penal.