En plena discusión está el proyecto de ley que regula los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) -ingresado por el Gobierno en mayo pasado- en la Cámara de Diputados. Hace una semana, los parlamentarios de la Comisión de Futuro aprobaron la idea de legislar y se abrió un período para ingresar indicaciones a su contenido.
A lo largo de la discusión, han acudido un variopinto de actores a las audiencias para comentar y generar reparos al texto elaborado por el Ejecutivo. Sin embargo, quienes no pudieron ser recibidos fue la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), quienes solicitaron asistir y elaboraron una minuta en la que critican y hacen recomendaciones al proyecto.
En el documento de cinco carillas, enviado a la secretaría de la comisión, titulado Observaciones Proyecto de Ley Inteligencia Artificial, comienzan diciendo que los esfuerzos deben concentrarse en poner esta tecnología al servicio desafíos y metas de la sociedad, con énfasis en “aumentar la productividad de nuestra economía e incrementar el bienestar de las personas”.
Si bien reconocen que es necesario una regulación que incentive su desarrollo y uso y que mitigue sus riesgos, el gremio cree que el proyecto de ley “podría generar impactos contrarios a los buscados si no se aborda de manera correcta”.
Enfoque restrictivo
Como está planteado, afirmaron, la orientación del proyecto está por restringir y sancionar el uso de la IA, más que en explotar su potencial en las empresas. “Podría traer consigo una desventaja competitiva frente a países menos restrictivos”, se lee en la minuta.
Además, critican que la clasificación de riesgos que establece el proyecto “tiene un carácter más bien punitivo y no da lugar a la auto-regulación” y que su fiscalización no sería viable.
Los sistemas de IA de riesgo inaceptable estarán prohibidos en la futura ley, factor que Sofofa calificó como “una medida extrema” que podría traer “consecuencias imprevistas” y pidieron imponer salvaguardias en lugar de prohibiciones.
Incentivos e incertidumbre para inversión
Otro de los temas que criticaron fue la falta de incentivos que permitan la creación y desarrollo de sistemas de IA y que “tampoco presentan instrumentos concretos que permitan promover su uso”.
En esa línea, el proyecto establece el uso de sandbox regulatorios para que desarrolladores puedan probar sus sistemas antes de lanzarlos al mercado para asegurarse de que cumplen con la regulación, factor que la Sofofa ve como una limitación para su aplicación.
Además, comentaron acerca de las ambigüedades del proyecto en definiciones clave, como los sistemas sin riesgo evidente y de riesgo limitado, las que “podrían generar dificultades y/o arbitrariedades al momento de fiscalizar”.
Entre sus conclusiones, refuerzan la idea de generar mayores incentivos al uso de las tecnologías y hacen un llamado a revisar el contenido.
“Un marco jurídico como el propuesto puede generar incertidumbre y la postergación de decisiones de inversión en innovación o en la adopción de IA en las empresas, como también puede generar problemas de empresas usuarias que no puedan tener acceso a tecnologías que vienen del exterior debido a la regulación local”, señalaron.
El hidrógeno verde es un combustible limpio que puede usarse en la industria química, petroquímica, siderurgia y transporte, entre otras aplicaciones. Ha generado, por lo tanto, interés tanto del sector privado como de los gobiernos en el camino hacia la transición energética. En Chile, se han anunciado a la fecha más de 70 proyectos de hidrógeno verde (H2V), los que suman una inversión cercana a los US$ 500 mil millones, y con el potencial de generar más de 100 mil puestos de trabajo.
La región que genera mayor interés es Magallanes, que podría producir el 13% del H2V mundial, con un potencial eólico que superaría en siete veces la actual matriz eléctrica chilena. Pero existen crecientes voces ciudadanas que piden un análisis más profundo del impacto de este tipo de proyectos.
El desarrollo del hidrógeno verde no solo depende de su viabilidad técnica o económica, sino que de cómo se gestione las expectativas de actores comunitarios relevantes, tanto locales como nacionales.
Según un análisis de Teco Group, de los 10 proyectos vinculados a H2V ingresados al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) entre 2020 y 2024, tres se ubicarían en la Región de Antofagasta, tres en Valparaíso y cuatro en Magallanes. Sin embargo, las iniciativas de Magallanes concentran el 92% de las observaciones ciudadanas.
“Magallanes concentra altas expectativas del Estado para posicionar a Chile como un actor estratégico a nivel mundial en la industria, pero al mismo tiempo están surgiendo preocupaciones desde distintas organizaciones por los posibles impactos de este tipo de proyectos. Magallanes tiene buena calidad de vida. La gente quiere mejoras, pero no alteraciones radicales en su entorno y/o cotidianidad”, explicó a DF el consultor de Teco Group, Cristián Varela.
Principales observaciones
En concreto, de las cuatro iniciativas relacionadas con hidrógeno verde que se han presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para la región, dos de ellas han recibido observaciones ciudadanas: Parque Eólico Faro del Sur y Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro -ambas de la empresa HIF- hasta el 31 de julio de 2024.
De acuerdo a la descripción ingresada al SEIA, el proyecto Parque Eólico Faro del Sur contempla la construcción y operación de un parque eólico, en la comuna de Punta Arenas, con una potencia nominal de 384 MW y una vida útil proyectada de 29 años. El parque estaría conformado por 64 aerogeneradores de tres palas, que se distribuirán en una superficie predial total de 3.791 hectáreas, aproximadamente.
Por su parte, la Planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro consiste en la construcción y operación de una planta química de e-combustibles para la producción de e-Metanol (CH3OH), e-Gasolina y e-GL (gas licuado), que se ubicaría en Punta Arenas, en una superficie aproximada de 57,97 hectáreas.
En total, se presentaron 370 observaciones y ocho personas concentran el 51% de ellas: cinco residen en Magallanes y tres en la Región de Valparaíso.
El tema “aves” fue el único común presentado por los ocho observantes. Las críticas hacen referencia a la falta de detalle en la información referente a rutas y altitudes de vuelo, así como a las especies identificadas. Se solicita una nueva valoración de impactos y evaluación de las medidas de mitigación.
Además, se señala la omisión de la consideración de espacios reproductivos vinculados al soterramiento de la línea de transmisión y la falta de atención a los sitios de nidificación. También se cuestiona la metodología empleada para la identificación de especies nocturnas, entre otras temáticas.
Otro de los temas abordados es “impacto en fauna” (por siete observantes), como la omisión de los efectos del soterramiento de la línea de transmisión, impacto en invertebrados y vertebrados terrestres, insuficiente consideración de rutas de mamíferos, entre otros.
También se plantea como temática la “relación con planes y programas regionales” (siete observantes), buscando que se especifique cómo el proyecto se integrará y adaptará a los diversos instrumentos de planificación territorial en la región.
A eso se sumaron observaciones sobre “geomorfología/geografía” (seis), “paisaje” (cinco), “especificaciones sobre subproductos generados” (cinco) y “residuos sólidos domiciliarios” (cinco), entre otros.
Los desafíos
Según Varela, existen dos grandes desafíos: cómo crear un entorno favorable para la tramitación de proyectos y, al mismo tiempo, cómo monitorear la sensación ambiente y nivel de expectativas.
“En el primer caso, se está tramitando la ley que busca agilizar y robustecer el sistema de permisos y tramitación de proyectos; en el segundo, hay que tener claro que no se trata solo de descarbonización o energía limpia para combatir el cambio climático, sino también de generar beneficios concretos y visibles a nivel local”.
En este sentido, el informe de Teco Group puso énfasis en que el desarrollo del hidrógeno verde no solo depende de su viabilidad técnica o económica, sino que de cómo se gestione las expectativas de actores comunitarios relevantes.
Además, resaltó la importancia de que existan espacios de diálogo locales, pero también en el país, “teniendo en cuenta que la Región de Magallanes, en particular, está siendo observada por grupos ambientalistas a nivel nacional”.
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