Subió el número de huelgas en 2021, pero todavía se encuentran por debajo de los niveles de prepandemia

En 2021 la economía se recuperó con fuerza de los efectos de la pandemia. El Producto Interno Bruto (PIB) subió casi un 12%, y el empleo recuperó el terreno perdido por el Covid 19. Junto a estas variables, otro récord que también creció fue el número de negociaciones colectivas y huelgas legales que se dieron el año pasado.

Según un análisis realizado por Clarifica Consultores, las negociaciones colectivas aumentaron un 23% con respecto a 2020, totalizando 3.134 procesos, mientras que las huelgas efectivas crecieron un 39% con un registro de 158.

Si bien hubo una recuperación en ambos indicadores, las cifras aún se encuentran por debajo de los niveles previos a la pandemia: en 2019 se realizaron 3.202 negociaciones y 239 paros; En 2018 se realizaron 2.951 negociaciones y 327 paros.

Por sector económico, el análisis muestra que Educación lidera con 40 huelgas, seguida de Industria Manufacturera con 23 y Transporte y Almacenamiento con 21.

El consultor también prepara un índice de conflictividad laboral, que busca dar una visión general de las relaciones laborales. Este índice considera la información sobre el número total de huelgas en un año calendario, la clasificación por Rama de Actividad Económica, el número de negociaciones colectivas con instrumentos colectivos suscritos y el número de sindicatos.

Así, en 2021, este índice fue del 5%, siendo superior al 4% registrado en 2020, pero inferior al 11% y 7% de 2028 y 2019, respectivamente.

El análisis realizado por Jorge Ramírez, abogado y exasesor del segundo piso del gobierno de Sebastián Piñera, y Sergio Morales, exjefe del Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo del período anterior, menciona que la explicación de la reducción considerable de la negociación colectiva y las huelgas durante el año 2020 “Se relaciona principalmente con los efectos de la pandemia del Covid 19, y con la Ley 21.235, que prorrogó o suspendió los procesos electorales de los dirigentes sindicales y sus delegados durante el estado de excepción constitucional”.

Asimismo, destaca que durante 2020 “muchas organizaciones sindicales optaron por prorrogar sus antiguos instrumentos colectivos o suspender sus negociaciones, dadas las dificultades de hecho para reunirse, votar y elegir a sus representantes”.

En cambio, ahora, subrayan que “estamos ante un nuevo escenario pospandemia en el que se observa una cierta normalización de las dinámicas del conflicto, aunque todavía no se alcanzan los niveles prepandemia. Sin embargo, también existen variables políticas, como, por ejemplo, la salida del plebiscito constitucional, que podrían acelerar o incluso frenar futuras dinámicas de conflicto”.

En ese sentido, señalan que entre las variables políticas “se encuentran los cambios en los derechos laborales que incorpora el proyecto de nueva constitución, que incluye materias como la titularidad sindical, el derecho de los sindicatos a participar en la toma de decisiones al interior de las empresas, política huelga y fuera de la negociación colectiva y negociación supraempresarial o sectorial, lo que puede ser un factor que afecte futuras negociaciones o su postergación a la espera del resultado del plebiscito”.

Para el 2022 podría haber un incremento tanto en los procesos de negociación colectiva como en las huelgas, sin embargo, los autores del informe sostienen que es “difícil proyectar un escenario hasta que no se aclaren variables que introducen una parte importante de incertidumbre”. Entre ellos, mencionan “el resultado de la salida del plebiscito constitucional, ya que la propuesta de nueva constitución es bastante maximalista en la conceptualización del derecho de huelga”.

Por otro lado, Ramírez y Morales afirman que existe el efecto político de la nueva administración de la Dirección del Trabajo que ha definido nuevos criterios. “La mayor cercanía del nuevo gobierno con una parte del mundo sindical y su apuesta por implementar instancias de diálogo social, puede representar una oportunidad para reducir los niveles de conflictividad en el corto plazo, pero esto también implica mayores expectativas, lo cual, si no se satisface a medio plazo, podría incluso llevar a un aumento de los niveles de conflictividad”, concluyen.