Para la investigadora principal del Centro de Estudios Públicos (CEP) Sylvia Eyzaguirre, la propuesta del Gobierno de pasar del Crédito Garantizado por el Estado (CAE) al sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES) resuelve un problema de recursos para el Estado, pero al mismo tiempo tiempo crea problemas para los estudiantes y las universidades. De hecho, considera que afecta a su independencia económica, lo que podría implicar incluso el cierre o cambio de proyecto en algunas instituciones.
Como asesor del Ministerio de Educación entre 2012 y 2014, el especialista en temas de educación y niñez pudo conocer de cerca la iniciativa legal impulsada en ese momento por el expresidente Sebastián Piñera para reformar la CAE.
– ¿Cómo evalúa el proyecto que elimina el CAE? – Cuando se analiza el sistema de educación superior y su financiación, se ven tres problemas que nos gustaría resolver. La primera es que efectivamente el CAE actual resulta caro para el Estado por la elevada morosidad, las dificultades de cobro y eso recae, en última instancia, en el Estado que es garante.
Un segundo problema tiene que ver con la gratuidad y la financiación de la educación superior. Hoy la gratuidad de la matrícula, al dotar de dinero a las universidades por la cuota regulada, ha recibido o está recibiendo menos recursos y eso ha impactado más en unas que en otras. Las más afectadas son las universidades semicomplejas, que no reciben aportes básicos y tienen mayores restricciones para acceder a fondos de investigación. Estas universidades están teniendo problemas financieros y han tenido que adaptarse reduciendo la calidad de lo que hacen, reduciendo las horas de trabajo, aumentando las horas de enseñanza; y, básicamente, se están convirtiendo más en universidades docentes que en universidades semicomplejas.
– ¿Y el tercer problema? – El proyecto del presidente Boric lo que hace es solucionar el problema que tiene el Estado con la CAE, haciendo mucho más eficiente el cobro de lo prestado y, por tanto, finalmente más barato para el Estado. Pero este nuevo sistema no resuelve el problema de la financiación de las instituciones de educación superior. Al contrario, lo agrava y no soluciona el problema de financiación de los estudiantes, porque si bien este proyecto es muy generoso con quienes puedan tener dificultades para pagar en el futuro, es absolutamente usurero con aquellos estudiantes que van a tener buenas condiciones y que puedan devolver lo que pidieron prestado. El Estado, en este caso, puede abusar de estos estudiantes y pueden terminar pagando el doble de lo que el Estado les prestó. Es decir, estos mismos jóvenes que hoy gobiernan y reprochan a los bancos sus tipos de interés, usureros en sus términos, con este proyecto de ley el Estado podría acabar siendo incluso más usurario que otras entidades financieras, cobrando excesivamente a algunos estudiantes. y otros nada.
– El Gobierno insiste en que no es un crédito ni un impuesto. -Esa es una discusión conceptual o semántica. La verdad es que el Estado va a financiar la educación de los estudiantes que soliciten este financiamiento, va a pagar su educación por un monto que el Estado determina para cada institución y para cada carrera; y las personas que tomaron esa ayuda del Estado para pagar sus estudios de educación superior estarán obligadas a devolver ese dinero.
Puedes llamarlo si quieres un impuesto, pero el impuesto suele ser más generalizado y estandarizado. En este caso se trataría entonces de un impuesto temporal específico, si quisiera ser estricto con las palabras.
Pero lo importante es que en realidad no es un préstamo, porque puedes terminar pagando tres veces más de lo que te prestaron y lo que vas a pagar está completamente desvinculado de lo que te prestaron. Y, en este sentido, el proyecto es sumamente discriminatorio entre los estudiantes. Hace discriminaciones que son difíciles de justificar.
– ¿Cómo y en qué casos? – Por ejemplo, el proyecto establece que los estudiantes deberán reembolsar al Estado dos años por cada semestre que el Estado les financie, con un máximo de 20 años. Esto implica que se subsidia a aquellas personas que estudian carreras de más de cinco años como medicina, por ejemplo; mientras que quienes estudian carreras de cinco años pagan 20 años.
Quienes estudiaron carreras de seis años, que por tanto deberían pagar 24 años, sólo pagan 20. Están siendo subvencionados por otros estudiantes. Los estudiantes que estudiaron cinco años y que se retrasan un año más no van a pagar más años, pagan 20 años.
En cambio, un estudiante de Instituto Profesional, por ejemplo, que estudió cuatro años, pero se retrasó un año más, no paga 16, paga 20.
Entonces, aquí hay discriminación, hay un trato desigual entre los estudiantes y eso está vinculado a la duración de tu título, no a la cantidad de tu título.
– ¿Este proyecto pone en riesgo la autonomía de las universidades? – El Estado va a financiar hasta el décimo decil y, como no tiene recursos infinitos, necesariamente tiene que limitar el monto que va a entregar y lo limita fijando precios y fijando vacantes. Y eso es una pérdida de libertad para las instituciones que se adhieren a este sistema. No sé si lo llamaría pérdida de autonomía, porque las universidades sí pueden tener autonomía para llevar a cabo sus proyectos educativos, pero hay una pérdida de gestión económica importante, una restricción importante que efectivamente limitará los proyectos educativos de los instituciones.
Lo que más me preocupa es la insolvencia económica, que esto pueda repercutir en algunas instituciones, implicando el cierre y la caída en insolvencia. Y, lo que es más grave, es que para no caer en la insolvencia económica, muchas instituciones -que han hecho un enorme esfuerzo por complejizarse- van a acabar simplificándose, generalizándose y acabando en universidades docentes y eso es una Pérdida de calidad del sistema educativo en Chile.
– Respecto a las cifras presentadas por Hacienda, ¿está de acuerdo en que este nuevo sistema implicará un ahorro de recursos versus el CAE? – No he estudiado bien el informe financiero presentado por Hacienda. Hay muchas suposiciones, pero el hecho de que este sistema tenga una forma mucho más eficiente de recaudar dinero me hace creer que en realidad será más barato para el Estado.
Este proyecto sí viene a solucionar algo que es un problema del Estado, pero perjudica a las universidades y también a los estudiantes al ser muy discriminatorio entre ellos y tener un trato muy desigual entre estudiantes de las mismas características. Pero sí me parece que lo bueno del proyecto, por así decirlo, es que en realidad me parece que le sale más barato al Estado, sobre todo por la forma de recaudar.
“Pone en grave riesgo la solvencia económica y la calidad de las instituciones de educación superior”
– El proyecto tiene muchas similitudes con lo que fue la propuesta que no avanzó del expresidente Piñera. ¿Crees que hay más opciones para aprobarlo ahora? – El proyecto de Sebastián Piñera enfrentó el mismo desafío, pero se hizo cuando no había servicio gratuito. Propuso que aquellos estudiantes que estuvieran desempleados o que tuvieran un cupo no fijaran precios ni vacantes, porque efectivamente permitía el copago.
Pero este proyecto de ahora es muy diferente al de Sebastián Piñera, pues los estudiantes devolvieron lo que les prestaron. En cambio, aquí el estudiante puede devolver mucho más de lo que el Estado le prestó y este proyecto pone en grave riesgo la solvencia económica y la calidad de las instituciones de educación superior, especialmente las universidades que son semicomplejas y complejas.
– ¿Algunos también sugieren que quizás los recursos deberían haberse destinado a otras áreas como la educación temprana? – Me parece que hoy hay que abordar la financiación de la educación superior, pero se puede abordar de una manera menos regresiva que esta, es decir, la remisión del CAE es regresiva.
Se pueden crear incentivos para que la gente termine de pagar o pague más rápido, eso puede ser eficiente y efectivo, pero el perdón de los que ya pagaron, el costo social de ese dinero, ¿no sería mejor gastarlo en una guardería universal? ? Por ejemplo, es un proyecto de ley que lleva años esperando en el Congreso. ¿O no sería mejor gastarlo en educación temprana o seguridad? Es decir, los costes alternativos de los recursos escasos, en este caso con condonación, son muy cuestionables. No así, ciertos incentivos que me parecen adecuados, porque permiten una mayor recaudación.
