Han pasado casi dos semanas desde que el pasado 27 de octubre el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo (PS), fuera reelegido en primera vuelta en las recientes elecciones regionales y municipales. Pero más allá de la aplastante victoria con el 41,2% de los votos, la autoridad regional -en paralelo- enfrenta una compleja situación judicial, que recientemente llegó ante el Tribunal Constitucional (TC).
Lo anterior, debido a que Crisóstomo es investigado por la Fiscalía Regional de Ñuble, como presunto autor del delito de cohecho a particulares, ocurrido en 2019 antes de ser elector -por primera vez- como gobernador de la naciente Región de Ñuble. Por ello, y años después de iniciada la investigación en su contra, el Ministerio Público solicitó el retiro de fuero de la ahora autoridad regional, con el fin de formalizarlo por corrupción.
Antes de asumir como gobernador, Crisóstomo ocupó diferentes cargos públicos, uno de los últimos como director del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de esa zona. Sin embargo, la acusación de la Fiscalía, y por la que solicitó el levantamiento de inmunidad ante el Juzgado de Chillán, está relacionada con las actividades privadas de la autoridad, quien habría realizado negociaciones a través de una empresa privada a favor de una constructora. por lo que se adjudicará la construcción de viviendas sociales a cambio de un total de $23 millones.
A raíz de eso, la Fiscalía inició una investigación contra el ahora gobernador en 2021, por lo que solicitó a la Corte revocarle la inmunidad para formalizarla. Dicho tribunal de apelaciones, el 15 de octubre, decidió por unanimidad rechazar la solicitud del Ministerio Público, indicando que no existían antecedentes suficientes para poder aceptar dicha solicitud en contra del gobernador de Ñuble.
A raíz del rechazo de la Corte de Apelaciones de Chillán a acordar revocar el derecho a formalizar a la trabajadora social, la Fiscalía de Ñuble interpuso un recurso de apelación ante la Corte Suprema, para que el máximo tribunal revise si procede o no. . derrocar al gobernador reelegido. Esta solicitud deberá realizarse a través del mismo Tribunal de Chillán, quien deberá revisarla y elevarla a la Corte Suprema.
Es precisamente la falta de esta revisión lo que llevó a la defensa del gobernador, representada por el abogado Enrique Aldunate, a apelar ante el Tribunal Constitucional (TC), al considerar que el recurso va en contra de lo estipulado en la Constitución.
A juicio del abogado -según el escrito presentado al TC- la resolución del tribunal de apelación es inconstitucional, por lo que solicita al tribunal que encabeza el presidente Daniel Marzi revisar el asunto y declararlo contrario a la Constitución. En tanto, solicitó que se detenga el trámite del pedido de apelación, lo cual fue aceptado por el TC.
La decisión del Tribunal Constitucional se dio este martes 5 de noviembre, cuando la segunda sala de dicha sede aceptó el pedido de trámite de Crisóstomo, y con ello decretó la suspensión de la causa judicial hasta que el TC revise la procedencia del recurso interpuesto por Aldunate en representación de la autoridad regional.
Luego de que la admisibilidad sea revisada por el TC, dicho tribunal deberá revisar el fondo de la solicitud del gobernador regional. En el escrito presentado por la defensa del gobernador reelecto se sostiene que “su aplicación en el caso concreto significa transgredir normas constitucionales, pues contradice el mandato de la referida norma constitucional, que impide deducir un recurso de apelación contra el resolución del pleno de la Ilustre Corte de Apelaciones de Chillán que denegó la renuncia a la inmunidad de mi cliente, admitiendo un recurso de apelación sólo en el caso contrario, es decir, cuando se conceda la renuncia a la inmunidad, por parte del gobernador o delegado agraviado,” explica.
Consultado al respecto, el abogado Aldunate afirma que están satisfechos con
