Las 16 organizaciones que componen la mesa del sector público se trasladaron hoy a Teatinos 120 presentar su pliego de demandas y así iniciar un nuevo proceso de negociación salarial y mejora de las condiciones de trabajo con el Estado.
En el documento de 21 páginas, Trabajadores de Hacienda piden al Estado reajuste salarial del 15%.
“Exigimos, para el período diciembre 2022-noviembre 2023, un reajuste salarial equivalente al IPC anual acumulado de diciembre 2021 a noviembre 2022 (del 12%), además de un reajuste real del 3% para todos los funcionarios del sector público, independientemente del marco laboral que los rige”, dice el documento.
No es la única demanda en materia de remuneración: los funcionarios públicos piden aumentar la remuneración mínima de la administración pública, y así establecer para el caso de auxiliares, técnicos y administrativos remuneraciones de $550.000, $600.000 y $650.000. pisos
El documento también pide mejorar los diversos bonos que reciben, incluyendo aguinaldos, Fiestas Patrias, vacaciones, entre otros. En cuanto al bono por terminación del conflicto, la propuesta presentada al Gobierno plantea un bono de $250.000 para aquellos funcionarios que ganen menos de $879.956 netos y otro de $150.000 para los que ganen más de esa cantidad.
“Somos plenamente conscientes del problema de la inflación, porque lo vivimos a diario, como todos los que vivimos de un salario. Y precisamente por eso, somos igualmente conscientes de que esta negociación no constituye un instrumento de política fiscal, ni política económica, sino que es un proceso de negociación colectiva, la única rama de negociación existente en nuestro país, que proyecta la señal principal del Estado empleador, y por ende del gobierno, hacia el mundo del trabajo, respecto del camino que debe guiar la evolución de los salarios y los derechos de los trabajadores”, dice la carta.
las otras peticiones
Pero no todo son exigencias salariales, Los funcionarios también piden discutir con la autoridad medidas para mejorar la estabilidad laboral en el sector público.
Uno de los temas más importantes para los trabajadores tributarios, como se ve en el documento presentado, es la instalación de la mesa de trabajo que atiende la implantación de la reducción de la jornada laboral a 40 horas en el sector público. “Lamentamos que a dos meses del compromiso expresado por los Ministros de Hacienda y Trabajo, en la materia, a pesar de los requerimientos de nuestras organizaciones, no ha sido posible el inicio de este trabajo. Proponemos que la mesa sea instalada una vez finalizada la negociación. cerrado y entregar resultados y propuestas legislativas, para el tercer trimestre de 2023”, dice el texto.
La ratificación del Convenio 190 de la OIT es otra de las demandas.
En el documento presentado a Hacienda también hay un extenso listado de medidas sectoriales. Así, por ejemplo, se solicita extender, mediante una garantía legal, la cobertura de cuidado de niños a todos los niños de dos a doce años, hijos de funcionarios públicos.
“Ampliando el acceso a la educación inicial, en el tramo de edad correspondiente, considerando la existencia y acceso a jardines infantiles estatales, dado que este segmento etario de niños hoy en día no tiene garantizado este derecho fundamental. Y ampliando la oferta de cobertura de cuidado infantil garantizado, a partir de los 6 años. y hacia arriba”, dice la aplicación.
No es la única demanda en este tema, el comunicado también pide la ampliación del derecho a la Guardería para todos los funcionarios públicos, no solo para las funcionarias.
También se solicita incorporar en la Ley de Reajuste, la derogación del art. 9 Ter de la Ley 19.803, sobre Programas de Mejoramiento de la Gestión Sectorial Municipal. No es lo único, también se solicita que se tomen medidas para garantizar que la transferencia de fondos a las Universidades Estatales para el pago de Aguinaldos, Aguinaldos y Reajustes a sus trabajadores, comience y se realice durante el mes de diciembre, permitiendo así que la Universidades su pago oportuno a los trabajadores, entre otras solicitudes.
Con la presentación de este documento, ahora queda que el Gobierno analice la propuesta e invite a las asociaciones y sindicatos a negociar.
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