Transformación digital: ¿Está preparado el sector público?

Desde hace un par de años, nuestro Estado enfrenta la implementación de la Ley de Transformación Digital (N° 21.180), la cual establece un calendario sumamente exigente en materia de transformación y digitalización de sus procesos. Si bien en 2022 se modificó dicho calendario incorporando una nueva fase -Preparación-, que básicamente amplió en un año el plazo original, aún existen dudas sobre si llegaremos a la meta.

Recordemos los requisitos básicos de este marco legal. Aunque hay más requisitos, estos son los que me parecen más relevantes como imposición para todos los servicios públicos y gobiernos locales (gobernaciones y municipios): i) que todas sus interacciones (trámites) con los ciudadanos (personas naturales y jurídicas) sea ​​a través del canal online, ii) que todas estas interacciones utilicen la plataforma Clave Única como mecanismo de identificación y iii) que todos los trámites administrativos de dichos servicios sean electrónicos.

“Hay serias deficiencias en materia presupuestaria y normativa técnica. Primero, una evidente escasez de recursos para el desarrollo de iniciativas digitales en los servicios públicos; segundo, no haber culminado el proceso de definición regulatoria desde el punto de vista técnico”.

Para el cumplimiento del requisito asociado a los trámites digitales, el plazo es 2024, para los servicios del gobierno central, y 2025, para el resto de las instituciones (gobiernos regionales y municipios), así como el cumplimiento de todos los requisitos de la ley para el gobierno central. servicios, en 2026, y en 2027, para el resto.

Eso significa que a los servicios del gobierno central básicamente les queda un año y medio para cumplir con ese requisito, que, en términos de este tipo de proyectos, no es nada. Esto, si lo comparamos con algunas evaluaciones realizadas, probablemente la más reciente desarrollada por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile -a través de su Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información-, junto con Symnetics Chile y el Grupo Imagine: el primer Índice de Madurez de la Transformación Digital (IMTD). Esta medida evalúa el avance de las organizaciones públicas en la materia, en la que se afirma que el 63% de la muestra analizada (no sé cómo se hizo su selección) se encuentra en las etapas iniciales de este proceso.

Otra fuente de análisis es el estado de avance reportado en el registro nacional de trámites, en el cual, a partir de una evaluación realizada, pudimos detectar algunas falencias en las cifras allí reportadas. A pesar de ello, este registro muestra que el estado de avance es bajo, más aún considerando que la División de Gobierno Digital del Ministerio Secretaría General de la Presidencia desarrolla un repositorio de los trámites administrativos del Estado; Fuente fundamental de seguimiento a la implementación de la ley, que se encuentra recién en la fase de ingreso de información.

A esto se suman serias deficiencias en materia presupuestaria y normativa técnica. En primer lugar, una evidente escasez de recursos para el desarrollo de estas iniciativas por parte de los servicios públicos y, en segundo lugar, no haber concluido el proceso de definición normativa desde el punto de vista técnico.

En este escenario, veo pocas posibilidades de que lleguemos a puerto con los exigentes plazos establecidos.