Sorpresa causó en la industria de las telecomunicaciones la decisión que tomó la Corte de Apelaciones la semana pasada, cuando detuvo el proceso de adjudicación de la Organización Técnica Independiente (OTI), entidad que se encargará de desarrollar una herramienta para medir las velocidades de internet en Chile . El tribunal acogió el recurso de amparo interpuesto por Cleartech, empresa brasileña que participó del concurso organizado por el Comité Representativo, que reúne a ejecutivos de Entel, ClaroVTR, Grupo GTD, Mundo, Movistar y WOM.
Tras quedar fuera, Cleartech acusó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) de cometer irregularidades durante el proceso de adjudicación de la OTI.
De hecho, la defensa de la empresa, encabezada por Gianfranco Lotito -socio de Cuatrecasas-, fue muy crítica con la autoridad ante los tribunales y argumentó que todas las acciones judiciales posteriores a la finalización de la licitación fueron “ilegales y arbitrarias”, lo que vulneraría el orden constitucional garantías de Claertech.

El abogado explicó que si bien la Subtel no es la entidad licitadora del cuerpo técnico, ya que más bien cumple un rol de “supervigilancia”, modificó el marco regulatorio del concurso, con disposiciones más flexibles a favor del consorcio conformado entre MedUX y Microsystem. .
El 12 de enero, la Corte de Apelaciones “otorga la orden de no innovar”, lo que frenó la ejecución del plan de ejecución de la OTI.
En un comunicado, la Subtel dijo que “seguimos dando seguimiento al avance del proceso de adjudicación de la OTI, con un enfoque en el fortalecimiento de los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y, en este contexto, la creación de este organismo técnico es una prioridad para fortalecer la calidad del servicio que reciben las personas.
Los motivos de la acción legal
Los detalles del conflicto que relató Cleartech en su recurso de amparo comenzaron el 12 de diciembre, cuando el subsecretario Claudio Araya emitió una resolución para ampliar el plazo de suscripción del contrato del cuerpo técnico. La autoridad tomó esta decisión luego de detectar que el consorcio ganador no contaba con boleta de garantía de un banco, sino que su propuesta consideraba un documento de una compañía de seguros, lo cual está restringido en la Ley General de Telecomunicaciones.
Así, se dio un plazo de 15 días hábiles para solucionar el enredo que se generó entre las bases de licitación y la norma sectorial, con nueva fecha de vencimiento el 3 de enero. El subsecretario reconoció al DF que esto se originó por “un problema de interpretación” en la reglas de licitación. Esto hizo que MedUX-Microsystem se lanzara a la búsqueda de un acuerdo, al que llegaron a finales de diciembre a través del Banco Estado.
Sin embargo, Subtel extendió el plazo para firmar el contrato por tercera vez hasta el 11 de enero, un día antes de que la Corte emitiera su orden de no innovar. En total, son 21 empresas las que deben firmar el convenio y los pagos al futuro proveedor del sistema se escalonan de acuerdo al tamaño de la empresa. El proyecto tendría un valor de US$8 millones.
En un documento de 26 páginas, Cleartech denunció que todas estas acciones se realizaron de manera arbitraria. Y “lo peor de todo”, dijo la defensa, son una muestra del “exceso de facultades” por parte de la Subtel. “Se trata de verdaderas modificaciones a los requisitos que debe cumplir la empresa adjudicataria en relación con la garantía de fiel cumplimiento del contrato que debe constituir a favor del Estado de Chile, de conformidad con lo previsto en las Bases de Licitación”.
Entre los elementos que habrían sido modificados en las bases, dijo la empresa con sede en Sao Paulo, estaban los años de garantía que se redujeron de cinco a tres. A su juicio, “Subtel se ha obstinado en tratar de validar la propuesta del adjudicatario de la Licitación OTI, a pesar de que no cumple con las bases aprobadas por ella misma”.
Además, el recurso aprovechó para alegar que tanto el Gobierno como la Comisión de Representantes se negaron a aportar las causales técnicas de su inhabilitación técnica, lo que les llevó a reclamar ante el Tribunal de Contratación Pública y la Corte Suprema, ambos recursos sin sustento.
“Esta negativa injustificada, validada por la autoridad, privó a Cleartech de poder reclamar efectivamente su exclusión, obligando a mi cliente a ejercer acciones legales para obtener algún tipo de respuesta urgente y forzada, ya que ni el Comité ni la Demandada se detuvieron a considerar la verosimilitud de las objeciones de esta parte y continuó con la licitación, procediendo a la adjudicación del Contrato”, acusó el brasileño.
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