Un impulso al empleo femenino y juvenil

Entre 2020 y 2021, y debido al fuerte impacto de la pandemia en nuestro mercado laboral, se crearon cuatro subsidios de emergencia para incrementar el empleo formal en el país. Estos instrumentos -que se sumaron a los ya existentes Subsidio al Empleo Joven (SEJ) y Bono Trabajo Mujer (BTM)- ayudaron a generar más de un millón de puestos de trabajo.

Hoy, y con el objetivo de seguir generando nuevos puestos de trabajo, cobra relevancia seguir mejorando los subsidios al empleo, especialmente para jóvenes y mujeres. Esto se debe a que los jóvenes tienen 2,5 veces más desempleo, una tasa de participación laboral inferior a la mitad y una informalidad 12 puntos superior a la de los adultos. Por su parte, las mujeres tienen mayor paro y una tasa de actividad 20 puntos inferior a la de los hombres.

“Si bien el desempleo debe ser abordado con un conjunto de políticas públicas, existe cierta urgencia de incorporar modificaciones a los subsidios SEJ y BTM que permitan impulsar el empleo de mujeres y jóvenes”.

Y aunque la solución pasa por un conjunto de políticas públicas, existe cierta urgencia por incorporar modificaciones a las subvenciones SEJ y BTM que permitan impulsar el empleo de estos colectivos.

Actualmente, estos subsidios brindan un aporte monetario a la empresa y al trabajador contratado. Los trabajadores deben estar dentro del 40% más vulnerable y tener ingresos anuales que no superen los 6,4 millones. Si bien esto es coherente en términos macro, a nivel micro ofrece los siguientes grados de mejora.

En primer lugar, ambos subsidios se actualizan únicamente por la inflación, lo que los hace cada vez menos atractivos, ya que el crecimiento de los salarios tiende a superar el incremento del IPC. Así, mientras la SEJ aportaba a la empresa, en sus inicios, el 10% del Salario Mínimo, hoy solo lo hace el 3,3%. Es decir, el incentivo cayó tres veces.

Un segundo problema consiste en la rigidez de estos subsidios, ya que todas las condiciones están fijadas por ley. De esta forma, no es posible mejorar los montos, la vulnerabilidad o el número de pagos, ante un escenario macroeconómico adverso. De ser posible, entonces nos permitiría enfrentar las crisis con mayor impacto, teniendo un subsidio más atractivo en épocas recesivas y menos atractivo cuando el mercado laboral mejora.

Estos dos problemas pueden solucionarse con un proyecto de ley que proponga: 1) mejorar los pagos actuales a empresas y trabajadores; 2) que los salarios elegibles para el subsidio crezcan a la misma tasa que el salario mínimo; y 3) que se pueden ampliar o reducir los grupos objetivo (incluso más allá de jóvenes y mujeres), montos de pago y vulnerabilidad, en función de la tasa de desempleo, entre otros indicadores laborales.

Claramente, esto implicaría un aumento en el gasto fiscal, que ojalá pueda ser financiado con recortes de otros rubros. Además, esto podría implicar una mejora en el indicador de desigualdad GINI después de impuestos (mayor impacto del Estado), ya que serían ingresos que irían directamente a los trabajadores con menor empleabilidad.