Llamarse liberal hoy genera confusión, pero también rechazo. No sólo porque el término se utiliza para describir cosas muy diferentes –desde mercados sin restricciones hasta progresismo cultural– sino porque para muchos suena políticamente correcto y evasivo frente a los conflictos reales que atraviesan la sociedad. Nada de eso describe bien el liberalismo. No se trata de una doctrina cerrada ni de un programa único, sino de un conjunto de principios defendibles desde diferentes tradiciones ideológicas. Su foco está en los problemas actuales de las personas: las condiciones que les permiten trabajar, emprender y progresar en contextos cambiantes. El problema es que en Chile muchos invocan el liberalismo para defender sus propios derechos, pero lo abandonan cuando se trata de aceptar competencia, límites al poder o pérdida de privilegios.
Ser liberal es tomar en serio la libertad individual como regla práctica para la vida en común. Significa aceptar que las personas, con sus imperfecciones, a menudo están en mejor posición que una autoridad central para decidir cómo vivir, trabajar, crear y disentir. De ahí surgen consecuencias exigentes: igualdad ante la ley, límites al poder y rechazo a la arbitrariedad.
El liberalismo puede expresarse desde la derecha o desde la izquierda, con diferentes énfasis en el mercado o la justicia social. Esa diversidad es su virtud: una tradición de debate, más que un dogma. Lo que une sus diferentes expresiones es una convicción compartida: el progreso requiere reglas generales y espacios de toma de decisiones, no tutelas permanentes.
Pero esta amplitud no significa que todo sea liberal. El liberalismo deja de ser liberalismo cuando la promesa de fines colectivos justifica la supresión sistemática de la autonomía individual. Una política que concentra el poder en nombre de objetivos supuestamente superiores, reemplaza las reglas con discreción, presume de saber mejor que la gente qué es lo mejor para ellos o protege a los titulares bloqueando la entrada de nuevos actores no es liberal. En estos casos, la regulación acaba funcionando como una barrera invisible para los más débiles.
Desde una convicción liberal se puede defender un Estado activo y políticas redistributivas, sin aceptar el paternalismo ni la sustitución de las decisiones individuales por diseños burocráticos. Un Estado compatible con el liberalismo no sustituye a las elecciones: fija reglas claras, corrige defectos y se somete a límites. Por tanto, la cuestión liberal no es si el Estado debe actuar, sino cómo debe hacerlo.
¿Por qué defender una agenda liberal para Chile hoy? Porque muchos de nuestros problemas comparten una raíz común: la desconfianza institucional convertida en rigidez, opacidad y privilegios. En un país antiliberal, el espíritu empresarial es difícil, innovar es demasiado arriesgado y el progreso depende más de los contactos que del mérito. Este entorno erosiona la movilidad social y debilita la legitimidad del sistema económico y político.
Los ejemplos son conocidos. Un sistema de permisos que tarda años en autorizar proyectos no protege mejor el medio ambiente: protege a quienes pueden pagar abogados y tiempo de inactividad. Un mercado laboral rígido no cuida el empleo: expulsa a jóvenes, mujeres y trabajadores formales. Las políticas sociales sin opciones reales no empoderan: inmovilizan. El resultado es menos inversión, menos innovación y menos oportunidades.
Una agenda liberal apunta a desbloquear estos cuellos de botella. Exige reglas generales en lugar de discreción, competencia donde hoy existen barreras artificiales y derechos sociales diseñados para empoderar a las personas. Requiere un Estado que regule con evidencia, se disciplina y rinda cuentas, y que proteja la libertad de expresión, la autonomía de la sociedad civil y la independencia institucional.
En un país cansado de promesas maximalistas, rápidas en anunciar y cortas en cumplir, el liberalismo ofrece algo duradero, aunque exigente: reglas justas, instituciones confiables e individuos capaces de construir productivamente su propio camino.
Por Rafael BergöingEscuela de Negocios Académica UAI