Una fuerte crítica al funcionamiento de la Ley de Pago a 30 días ha sido lanzada por los gremios de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyme) en los últimos años. Un diagnóstico compartido por las autoridades de la Secretaría de Economía, quienes trabajan para hacer frente a las pérdidas de la iniciativa.
Ante la Comisión de Economía del Senado, la subsecretaria del ramo, Javiera Petersen, enfatizó que las posibles soluciones y líneas de trabajo se están discutiendo y discutiendo con los sindicatos MiPyme en el comité técnico conformado al alero del Consejo Consultivo de Empresas Menores del ministerio, y con expertos en la materia.
Un primer eje de trabajo será la fortalecimiento de la gestión de pagos y los mecanismos existentes, punto que Petersen ejemplificó con lo que sucede con el Registro de Acuerdos de Pago Excepcional (RAPE), la plataforma del ministerio donde el comprador registra los acuerdos. A su juicio, “el RAPE no se utiliza como incentivo para cumplir con los plazos de pago establecidos por la ley, sino que permite ampliar este plazo sin límite alguno con bastante facilidad”.
También advirtió que, aunque el registro es legalmente público, el portal no permite que ningún usuario pueda consultar los convenios excepcionales de pago suscritos, y advirtió que actualmente el comprador puede registrar un convenio sin el consentimiento del vendedor.
Petersen señaló que es “bastante plausible” fortalecer el RAPE para mejorar su efectividad, modificando la plataforma para que cualquier usuario pueda ver todos los acuerdos registrados. Otro posible cambio apunta a que ambas partes deberán firmar el acuerdo a través del portal, para evitar que sean unilaterales “y que puedan ocultar determinadas cláusulas abusivas”. Y, también sugirió que una posible medida es crear herramientas que permitan visualizar a los malos pagadores.
Otra preocupación son los procesos de aceptación o reclamación de la factura, que incorporan “varias malas prácticas de pago”, como el rechazo arbitrario de la factura sin dar explicaciones al proveedor. La autoridad advirtió que tampoco hay claridad sobre cómo proceder si dentro del mecanismo de pago centralizado de facturas a través de Tesorería se generan intereses y multas por mora, que las MiPymes no tienen claro cómo se calculan los intereses y comisiones, y que desconocen del ámbito fiscal de la ley.
Ante esto, el subsecretario indicó que se puede establecer un límite máximo en el plazo a convenir, así como limitar las malas prácticas de pago, como rechazar la factura por motivos arbitrarios. Mejorar la eficiencia estatal también es parte de las ideas que se evalúan, así como implementar acciones educativas relacionadas con el cobro de intereses y la comisión fija moratoria, para lo cual se crearían mecanismos que ayuden a comprender mejor la comisión fija de interés establecida. por ley. Esto, a través de una calculadora que pueda generar estos cálculos con mayor facilidad, de la mano de una guía con alcance tributario, y medidas para poder educar en estos temas.
Institucionalidad e incentivos
Una segunda línea de acción tiene que ver con las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, ya que actualmente no hay nadie que supervise. La ley no crea un marco institucional para este fin y no hay otra entidad que pueda colaborar con la defensa de los derechos de las MIPYMES para hacer efectiva esta ley, criticó Petersen.
Por esto dijo que “Sería pertinente hablar de esta institucionalidad, una institucionalidad dedicada particularmente al cumplimiento de esta norma, y también a la defensa de los derechos de las MiPymes, que pueden recibir denuncias de los usuarios”.
El tercer punto tiene que ver con mecanismos de incentivo y alivio para las MIPYMES, “tema que se ha discutido largamente al hablar de la Ley de Pago a 30 días”, dijo el economista. En su presentación, señaló que una de las opciones tiene que ver con cambiar la tarea de retener y pagar el IVA, posibilidad que -dijo- se está estudiando junto con el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Un avance de 14,7% del gasto presupuestario se ha ejecutado en febrero respecto de la Ley Aprobada para el año en curso, según el Informe que cada mes publica la Dirección de Presupuestos (Dipres).
Según tipo de gasto, el gasto corriente -que incluye personal, subsidios y donaciones, y prestaciones previsionales- llegó a 15,9% de lo visado por el Congreso, mientras que la del gasto de capital -que está compuesto por inversión y por transferencias de capital- ascendió a 8,2%, la ejecución más alta desde la registrada en el mismo período en 2019.
Dado esto último, la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, enfatizó que el “desafío ahora es mantener este ritmo durante el resto del año. Por eso, en el marco del Gabinete Procrecimiento y Empleo liderado por el Presidente Gabriel Boric, estamos tomando medidas concretas como haber identificado tempranamente el 90% de las iniciativas de inversión”.
La ejecución acumulada del gasto de capital presentó un crecimiento real de 52,0% respecto al mismo período de 2023, de la mano de un mayor gasto en la partida presupuestaria de los Gobiernos Regionales a febrero, en la que han incrementado las transferencias de capital asociadas con la continuidad en iniciativas de arrastre.
Otro impulso llegó desde el Ministerio de Obras Públicas, en el que la ejecución acumulada del gasto de capital a febrero registra un incremento de 98,7% real respecto al mismo periodo del año anterior, explicado principalmente por el mayor avance en inversión impulsado niveles más altos de ejecución de proyectos de inversión en las líneas de la Dirección de Vialidad y de Concesiones.
También contribuyó el aumento real de un 12,1% del gasto de capital ejecutado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como consecuencia del avance del Plan de Emergencia Habitacional. Además, en el Ministerio del Interior la ejecución acumulada a febrero presentó un crecimiento de 53% real explicado por los Programas de Desarrollo Local ejecutados de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere).
Gasto corriente
Por el lado del gasto corriente, el aumento real anual fue de un 8,4% -inferior al del gasto de capital- y uno de los factores con mayor incidencia fue el aumento real de un 26,1% de la ejecución del Ministerio de Salud, como consecuencia de la mayor ejecución asociada con la compra de prestaciones a privados mediante los convenios de provisión de prestaciones médicas (Ley de Urgencia, GES, convenios AUGE y no AUGE, camas críticas, entre otros).
Además, a febrero Fonasa avanzó en el pago de deuda de rebases acumulada durante la pandemia del Covid-19, parte de los compromisos del Ejecutivo acordados durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2024.
También aportó -entre otros- el alza de un 7% de la ejecución del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de la mano de un mayor gasto destinado al pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU), en la que los beneficiarios aumentaron en más de 188 mil respecto de febrero de 2023.
Finalmente, los ingresos del Gobierno Central Total a febrero se redujeron en un 13,9% real anual, lo que significa una moderación desde la baja de 16,8% registrada en enero. La variación al segundo mes del año se explica principalmente por las disminuciones de tributación de los contribuyentes no mineros de 12,7% real y de rentas de la propiedad de 62%.
En línea con la tendencia a la normalización tras los resultados de 2021 y 2022, que fueron excepcionales dada las disrupciones en el mercado mundial de carga, Quiñenco reportó este jueves una ganancia neta de $ 841.967 millones en 2023. Si bien dichas utilidades fueron un 76,2% inferiores respecto del año anterior, representan el tercer mejor desempeño del holding en su historia.
Francisco Pérez Mackenna, gerente general de Quiñenco -entidad ligada al grupo Luksic- relevó el desafiante contexto que enfrentó la compañía durante el período, explicando que “mantuvimos un desempeño muy positivo, en un mercado global que empezó a normalizar su funcionamiento tras la pandemia, con una economía interna ralentizada y con presiones inflacionarias que se fueron morigerando en el transcurso del año”.
También aseveró que “los resultados de nuestras compañías durante el último año muestran la fortaleza y resiliencia de sus operaciones. Contamos con un portafolio de empresas sólidas, con posiciones de liderazgo y ventajas competitivas en las diferentes industrias y mercados en los que participan”.
La baja en las utilidades se explica principalmente por la reducción de las ganancias de Compañía Sud Americana de Vapores, en medio de una menor demanda por transporte en contenedores, la estabilización de la cadena logística global y ajustes en las tarifas navieras, todo lo cual impactó en el desempeño de la naviera alemana Hapag-Lloyd. Lo anterior se vio compensado, en parte, por la venta de las actividades de terminales portuarios y logística terrestre efectuada por SM SAAM, y la desinversión de aproximadamente un tercio de la participación en Nexans por parte de Quiñenco, que se tradujeron en ganancias no recurrentes por cerca de $ 326 mil millones para el holding.
Resultados por segmento
En elsegmento financiero,Banco de Chile mantuvo su liderazgo en la industria y reportó una ganancia neta superior a los US$ 1.400 millones, un 11,8% menor a la del año anterior. En 2023, la institución enfrentó mayores gastos operacionales que en 2022, debido principalmente al efecto de la inflación sobre los salarios, y menores ingresos operacionales, parcialmente compensados por menores pérdidas crediticias esperadas, principalmente dado que en el período no se establecieron provisiones adicionales.
En elsector transporte,la naviera alemana Hapag-Lloyd, principal activo de CSAV, informó para el período utilidades por US$ 3.175 millones, que representan una disminución de 82,3% en comparación al año anterior, que estuvo caracterizado por las condiciones excepcionales antes mencionadas y que cerró como el mejor de su historia. Este menor desempeño estuvo marcado por una demanda debilitada por transporte en contenedores durante la primera parte del año y la normalización de las cadenas de suministro, junto a la entrada en operación de nueva capacidad. CSAV, en tanto, registró un gasto por impuesto a las ganancias de US$ 677 millones, atribuible mayormente al uso de sus activos por impuestos diferidos al recibir dividendos desde Alemania durante el período.
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En elsector manufacturero,Quiñenco redujo su participación en Nexans a un 19,3%, tras la venta de 4,2 millones de acciones de la multinacional francesa en abril del año pasado. Esta operación impactó en la contribución de Nexans a los resultados de Quiñenco, la que se contrajo un 40,4%, tanto por la menor participación como por la disminución de 9,8% en la ganancia neta de la compañía francesa, la que alcanzó los 221 millones de euros durante el periodo. Sin embargo, la desinversión representó un ingreso no recurrente cercano a los US$ 367 millones para el holding.
Enenergía, Enex aumentó sus ingresos en un 7,1% en 2023 respecto de 2022, aunque su aporte a los resultados de Quiñenco disminuyó un 57,1%, principalmente debido a un menor impacto favorable en la revaluación de inventario, y a mayores gastos debido a presiones inflacionarias y alzas en el costo de transporte. A nivel internacional, la empresa inauguró recientemente el Travel Center número 50 de Road Ranger en Estados Unidos, mientras que, en Paraguay, en febrero de este año, la compañía anunció que alcanzó el 100% de Enex Paraguay tras comprar el paquete accionario de Banco Sudameris.
El sectorservicios portuariosaumentó significativamente su contribución por la concreción de la venta del negocio de terminales portuarios y logística terrestre de SM SAAM a Hapag-Lloyd, en agosto de 2023, que significó una ganancia no recurrente de $ 207 mil millones para Quiñenco. El holding, además, incrementó su participación en SM SAAM hasta llegar al 62,6% al cierre de 2023. Durante el período destacó también el desempeño del segmento de remolcadores de dicha filial, Saam Towage, que se vio impulsado por las nuevas operaciones adquiridas y un mayor nivel de actividad.
Finalmente, en elsector bebidas,CCU registró un buen desempeño operacional, impulsado por el segmento Chile, reflejando así un impacto positivo de las iniciativas de gestión de ingresos llevadas adelante por la administración. El resultado neto, sin embargo, disminuyó un 10,6% respecto de diciembre de 2022, debido en gran medida a pérdidas por diferencia de cambio en Argentina y gastos asociados a la integración del negocio conjunto de aguas en ese mismo país, además de una baja en el segmento Vinos en un contexto desafiante para esa industria.
El mayor riesgo para los países productores de litio, el metal que se usa como componente en las baterías de vehículos eléctricos, no es la actual sobreproducción que ha llevado a un desplome en los precios. El mayor riesgo es que debido a esta abundancia el mercado restrinja la producción para elevar los precios y eso haga viable otras tecnologías que sustituyan al litio en las baterías.
Esa es la visión de Mario Marcel, ministro de Hacienda de Chile, el segundo mayor productor del metal en el mundo. “Es necesario que aumente la producción para que siga siendo rentable y atractivo fabricar baterías de litio para la electro-movilidad”, dijo Marcel en una entrevista el jueves en Santiago.
Chile busca hacer su parte para eso. Esta semana, el Gobierno dio a conocer una lista de salares que se abrirán a la inversión privada como parte de un plan para duplicar la producción en la próxima década.
Si el país lo consigue, la industria de vehículos eléctricos recibirá una avalancha de nuevo suministro para avanzar en la sustitución de sus rivales de combustión interna. Sin embargo, el litio es un mercado volátil. Su precio subió a finales de 2022 cuando los fabricantes de baterías buscaron abastecerse ante la mayor demanda por vehículos eléctricos, para luego caer el año pasado a medida que los compradores recurrían a los inventarios existentes.
Según Marcel, dos tercios de la nueva producción de Chile vendrán de la asociación de la empresa privada SQM con la estatal Codelco y el otro tercio de nuevos proyectos. Este cálculo no incluye las ampliaciones en las operaciones de Albemarle en el país.
Dos salares se consideran estratégicos, por lo que su producción futura será controlada por empresas estatales. En otros dos, las empresas estatales tendrán mayor flexibilidad para negociar con socios privados. En un tercer proceso, se licitarán los contratos de otras 26 áreas.
Prejuicio político
Cuando Boric reveló el año pasado su estrategia nacional para el litio, las empresas del sector declararon su preocupación por el peso que el Estado tomaría en la industria y por la imposición de usar nuevos métodos de extracción directa de litio, más eficientes y ecológicos, pero que no se usan comercialmente en ningún lado.
El anuncio de esta semana confirma que, al menos en algunas zonas, empresas privadas controlarán algunos proyectos e incluso podrán hacerlo sin injerencia alguna del Estado. Además, el uso de extracción directa de litio será una “variable deseable” pero no un requisito en los nuevos contratos, dijo Marcel.
“Muchas de las interpretaciones supusieron que esta era una política más estatista de lo que realmente es, quizás por un prejuicio político”, dijo el ministro. “Lo importante es que ahora se ha clarificado bien la situación”.