¿Una tendencia antes de la Ley Karin? Subieron las denuncias por abuso y acoso laboral al cierre del año pasado

Si bien recién este jueves comenzará a regir la norma que busca mejorar la prevención y las sanciones ante el acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo -más conocida como Ley Karin-, los hechos demuestran que se trata de un área que ha sido tema para las empresas desde hace varios años.

Es más, los canales de denuncia impulsados por la Fundación Generación Empresarial (FGE) constatan que los trabajadores han sido cada vez más capaces de sacar la voz ante comportamientos que les generan reparos.

El más reciente informe de la entidad mostró que las denuncias por abuso, acoso o discriminación alcanzaron una cifra récord entre las 280 empresas que cuentan con los canales de reclamo respectivos. Así, llegaron a representar el 25,7% del total, un nivel superior al observado antes de la pandemia, levemente por encima del peak de 2019 (25,55%) y 9,4 puntos mayor al registro de 2018, cuando se inició esta medición.

Para el subgerente de Desarrollo de FGE y encargado del análisis del estudio, Andreas Kotronakis, los datos grafican que el retorno a la presencialidad que se ha desarrollado luego de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha estado acompañado de “algunas malas prácticas que habían tendido a disiparse durante la pandemia y el teletrabajo”.

Así, el alza de las denuncias respondería a ese fenómeno.

El escenario global

Al mirar el escenario global, es decir, incluyendo las 13 categorías de denuncia que mide el estudio, el número promedio por organización también marcó un nuevo máximo, aunque influido por la mayor cantidad de organizaciones que están implementando canales de acusaciones.

Durante el segundo semestre del año pasado, el promedio de denuncias por organización fue de 11,2, superando por un estrecho margen a las 11 promedio registradas en 2019.

Con respecto a las materias más denunciadas, el informe de FGE constató que las acusaciones relacionadas a conflictos de interés exhibieron un incremento, pasando de 1,85% en el segundo semestre de 2022 a 3,34% en el mismo período de 2023.

Otra categoría que mostró un significativo aumento fue la de “otros”, la cual pasó de concentrar el 23,57% de las denuncias totales a totalizar el 30,39%.

Según precisó Kotronakis, esta es una categoría que agrupa todos los reclamos y consultas que no están directamente relacionadas con malas prácticas o la advertencia de riesgos potenciales en las organizaciones.

Para el vocero, el crecimiento general de las denuncias se explica principalmente por dos factores: “Un incremento de organizaciones que utilizan los canales de denuncia y una maduración de este tipo de herramientas. Ambos hechos están generando mayor confianza y cercanía y, por ende, un alza en la cantidad de reportes”.

Luces de alerta

El análisis de FGE también mostró mejoras en los índices de conductas contrarias al medioambiente, relaciones laborales, fraudes y estafas, corrupción, libre competencia, confidencialidad de la información y relación con stakeholders, ya que las denuncias relacionadas a estas materias han bajado (ver tabla).

A modo de ejemplo, las denuncias sobre condiciones y relaciones laborales pasaron de concentrar el 16,88% de los reclamos a agrupar un 14,58% del total.

“Probablemente, esto se debe a que se han realizado inversiones y capacitaciones en estos ámbitos”, manifestó Kotronakis.

Más allá de los resultados del estudio, el subgerente de Desarrollo de FGE resaltó que contar con canales de denuncias o líneas éticas es clave para gestionar la integridad, “pues encienden luces de alerta sobre la ocurrencia de acciones antiéticas y/o conductas de riesgo y permiten apoyar la implementación de normativas, procedimientos, además de informar y capacitar a los colaboradores respecto del impacto que generan”.

Todo un contexto que será respaldado por la Ley Karin, que establece como obligación de parte de las empresas y de los órganos del Estado la elaboración e implementación de un protocolo de prevención del acoso laboral y/o sexual y la violencia en el trabajo; establece ejes concretos para abordar las denuncias de estos hechos y, entre varios ejes más, refuerza el rol de la Dirección del Trabajo (DT) y de la Contraloría General de la República en los correspondientes procedimientos de investigación, con el objetivo de dar garantías a los y las denunciantes.