En este punto, es difícilmente discutible que el sistema de salud privado requiere cambios importantes. Pero estos cambios -tanto de la propia industria como de las normas que la regulan- deben tender a una continuidad operativa y financiera del sistema que le permita seguir siendo un complemento del sistema público de salud, ante una crisis que culmina en la inviabilidad de las isapres supondría un riesgo sistémico para toda la salud, tanto privada como pública.

Entre los cambios más urgentes que se discuten desde hace más de una década, está garantizar la movilidad de los usuarios entre aseguradoras, hoy dificultada por condiciones preexistentes; mayor transparencia o sencillez para las personas a través de la creación de un plan único, y buscar mecanismos que permitan contener los crecientes costos de salud, racionalizando el uso de las licencias médicas, así como incentivando la eficiencia en los proveedores y la prevención por parte de las aseguradoras.

Sin duda la peor alternativa sería pensar en un monopolio estatal en la administración del aporte del 7% de los afiliados. Esto porque es evidente que la salud pública actualmente se encuentra desbordada y brinda, en términos generales, un servicio subóptimo (si no deficiente) a los beneficiarios de Fonasa, abrumados por largas listas de espera para una gran cantidad de servicios. Pero también porque todas las encuestas indican que la gente valora la prestación mixta en los servicios de salud, tanto en la gestión de su 7% como en la atención de sus problemas.

La falta de proactividad por parte del Congreso y del Poder Ejecutivo para implementar cambios al sistema durante años (además de la falta de presiones explícitas de las Isapres para que estos ocurran) -al punto de llegar hoy a una crisis financiera-, sumado a las decisiones de la Corte Suprema respecto a la implementación de reajustes al precio base de los planes (congelados desde 2020) y la tabla de factores, dejando su implementación en manos de la Superintendencia.

Ante esta crisis, no se trata de “salvar” -o eliminar- a las isapres, como erróneamente han sugerido algunos, sino de enfocar el sistema de salud en su conjunto -privado y público-, para que sea viable. , asequible y de calidad.