Él Gobierno de Donald Trump autorizado el uso de Registros médicos de millones de inmigrantes registrados en Medicaid, Lo que ha encendido alertas legales y sociales sobre un Vigilancia estatal para fines migratorios. La entrega de esta información fue solicitada por dos asesores del Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, quienes exigieron que el Centro de servicios de Medicare y Medicaid (CMS) Complete la transferencia en solo 54 minutos, como se informó Associated Press.
La base de esta acción se encuentra en el La iniciativa del presidente Trump para restringir el acceso de inmigrantes indocumentados a programas públicos. La medida busca identificar a quién, supuestamente sin estatus legal, han hecho Uso de servicios de salud financiado con fondos federales. Sin embargo, los funcionarios internos advirtieron que tal acción podría violar tanto la ley de seguridad social como la ley de privacidad de 1974.
Los gobernadores y los activistas rechazan la medida
Él transferir información confidencial afectada de residentes en estados como California, Illinois y Washington DC, donde los gobiernos locales financian programas de salud para inmigrantes con fondos estatales. El gobernador de California, Gavin Newsom, describió la entrega de datos como “Posiblemente ilegal” y advirtió que viola la privacidad de las familias inmigrantes. Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) denunció que este tipo de acciones erosiona la confianza en el sistema de salud pública.
Riesgos para la salud pública y los efectos paralizantes
Los expertos advierten que El uso de información médica para fines migratorios podría hacer que miles de inmigrantes eviten ir a los hospitales por temor a ser reportados. Según una encuesta de 2023 de Kff y Los Angeles Times, 50% de los inmigrantes indocumentados y el 18% de los residentes legales Carecen de seguro médicoUna cifra que contrasta con solo el 6% de los ciudadanos naturalizados en la misma condición.
El efecto “Paralizante” Ya se había detectado en 2019, cuando los estudios de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) revelaron que El 17% de los adultos indocumentados no se inscribieron en programas públicos por temor a poner en riesgo su estado. Esta situación impacta directamente en el pozo colectivo y profundiza la brecha de salud entre las comunidades.
Investigación y tensiones legales en curso
Mientras que agencias estatales como Washington investiga el alcance de la transferenciael estado de California evalúa si se violaron las políticas de privacidad local. Paralelamente, la tensión se ha vuelto visible en las calles con protestas en ciudades como Los Ángeles, donde las organizaciones comunitarias rechazan el uso de la Guardia Nacional, los drones y otras tácticas de vigilancia para las redadas migratorias.
Del ejecutivo federal, se argumenta que La entrega de datos responde a un memorando presidencial firmado en febrero, que autoriza las acciones para evitar el uso inadecuado de beneficios públicos. Sin embargo, los legisladores y abogados especializados en privacidad han declarado que esta medida podría contravenir las regulaciones de salud y la protección de datos personales.
Varias organizaciones están preparadas para Demandas judiciales actualesapelando a la ley de privacidad de 1974 y al comienzo de la confidencialidad médica. Al mismo tiempo, se organizan campañas informativas para reducir el miedo entre los inmigrantes y evitar que se alejen de los servicios de salud. Los expertos advierten que impacto de estas medidas podrían ser duraderas, afectando no solo el indocumentadoPero para el todo Red de salud pública.
Este hecho marca un nuevo episodio en el Confrontación entre la política de inmigración de los Estados Unidos y los derechos fundamentales. La resolución de los tribunales y la posible reacción legislativa determinarán si esta práctica se consolida o si se revertirá a la presión social y legal.
