Este viernes, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue consultada sobre cuáles serán los criterios para revocar las pensiones de gracia a personas que están con antecedentes penales. Frente a esta situación, la autoridad fue clara en indicar que las irregularidades en el entrega de estos beneficios “son responsabilidad del gobierno anterior”.
“Nuestro gobierno se hizo cargo de modificar la normativa para tener la exigencia de revisar los antecedentes penales de las entregas a las pensiones de gracia. Porque esto ha sido un error, que entreguemos financiamiento permanente a personas con antecedentes penales de alta connotación social no debió haber pasado, pero no es un acto administrativo que hizo nuestro gobierno”, afirmó.
Esto, indicó, “se determinó en un reglamento en últimos meses de la administración anterior, y nosotros hemos cumplido con eso, pero hay que revertirlo, y lo revertimos. O sea, nos hicimos cargo y corregimos eso”.
Asimismo, la vocera también indicó que propusieron modificaciones legales “para que la ley, si es que la aprueba el Congreso, exija respecto a este tipo de financiamiento, primero, tener a la vista los antecedentes penales, y segundo, si aquellas personas que tienen pensiones de gracia cometen delitos de alta connotación, se le termina la pensión de gracia”.
“Nosotros vamos a corregir esto, dejando sin efecto varios casos no solo de nuestro gobierno sino también de la administración anterior”, sostuvo. En este sentido, Vallejo emplazó a los parlamentarios de oposición “que han querido pasar cuentas políticas a nuestro gobierno”.
“Por favor, dejemos de mirar la paja en el ojo ajeno de manera permanente, siendo que su propio expresidente, Sebastián Piñera, entregó pensiones de gracia por estallido social a personas con delitos graves”, afirmó tajante.
En cuanto a
Consultada sobre cuáles serán entonces los criterios para revocar las pensiones de gracias, la vocera de gobierno sostuvo que se considerará antecedentes de delitos de alta connotación. “Esto es homicidio, tráfico, violencia intrafamiliar, que a lo mejor algunos tienen bajas penas, pero son de alta connotación y son graves”, afirmó.
“Lo que sí buscamos es excluir a aquellos, por ejemplo, con trauma ocular, personas que han quedado sin posibilidad de ver por violencia de agentes del Estado”, añadió. “Evidentemente aquí hay criterios de inclusión para dejar sin efecto y hay criterios de exclusión para dejar sin efecto”.
En esta línea, Vallejo indicó que hasta el momento no han identificado ningún caso de trauma ocular severo y que además tenga un antecedente penal de alta connotación. “Tenemos sí un caso probable de la administración anterior y que además tendría una condena. En ese caso lo que tenemos que ver es que si efectivamente ese trauma ocular que se señala está debidamente acreditado (…) pero no debería suceder que confluyan esos dos elementos”, detalló.
Sobre la posibilidad de que a las personas se les pida devolver los recursos otorgados, Vallejo dijo que esto no ha sido ni la propuesta de cambio legislativo ni es un elemento considerado en la posibilidad de las facultades administrativas del Ejecutivo., ya que difícilmente puede ser exigible devolver recursos bajo un requisito que nunca fue exigido.
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