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4 weeks agoon
Al cierre del mercado de este viernes se acabó el misterio y se conoció a los nuevos dueños de la Clínica Las Condes (CLC). Por separado, el Grupo Indisa y EuroAmerica compraron el porcentaje con el que el grupo Auguri -vinculado a la empresaria Cecilia Karlezi- controlaba el establecimiento. Así, cada uno pagó US$ 20 millones para quedarse con el 28% de la propiedad.
No todos estaban contentos con el acuerdo. De hecho, Hay un grupo de inversores que se mostraron indignados por la noticia. Se trata de Kumey SpA, empresa dirigida por el médico español José Antonio Valero, quien se asoció con el dueño de Bagno, el mayor importador de banano de Chile, Gabriel Massuh, y el radiólogo Francisco Avendaño..
Cinco días antes del cierre de la venta, Kumey había publicado avisos legales expresando su intención de tomar el control de la Clínica, pagando 60 millones de dólares por la totalidad del porcentaje de Karlezi. Y hasta el viernes pasado creían que esto se concretaría el 17 de enero.
El DF recibió por escrito la versión de Kumey sobre los hechos, que hoy Los tiene preparando acciones legales contra Alejandro Gil, socio de Karlezi que ocupó la presidencia del directorio de CLC.
Según este relato, el 23 de diciembre Gil y Valero firmaron un documento mediante el cual se comprometían a que Kumey cerraría la compra de la Clínica a más tardar el 17 de enero. El acuerdo implicaba que el 27 de diciembre Gil dejaría la presidencia. de la empresa y el propio Valero asumiría su relevo. Asimismo, se sentarían a la mesa Massuh y la empresaria española María Cordón, parte de la familia que fundó el grupo europeo QuirónSalud y que apoyaba económicamente al médico.
Tras firmar ese compromiso, Valero había ordenado al despacho de abogados Barros y Errázuriz implementarlo antes de plazo.
Este plazo explica por qué se publicaron aquellos avisos legales en los que Kumey expresaba su intención de comprar CLC. El artículo 54 de la Ley del Mercado de Valores establece que toda persona que desee tomar el control de una sociedad anónima abierta deberá informarlo mediante comunicaciones escritas a las empresas involucradas, a la CMF y a la Bolsa de Valores.
“Con el mismo efecto se publicará un aviso destacado en dos diarios de circulación nacional (…) con una antelación mínima de diez días hábiles a la fecha en que se pretenda perfeccionar los actos” y “tan pronto como se hayan finalizado las negociaciones”. sido formalizado”. encaminadas a lograr el control o tan pronto como se haya entregado información o documentación confidencial de dicha empresa”, señala el citado artículo.
Esto difiere del acuerdo que sí cerraron Indisa y EuroAmerica, ya que, al no haber tomado el control del establecimiento ninguno de los dos, no tuvieron que hacer lo anterior ni pasar por la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
Vale decir que, una vez vendida la empresa, terminó el mandato de Barros y Errázuriz, por lo que ninguna acción legal será auspiciada por ese estudio.
Consultado, el equipo de Alejandro Gil descartó hacer comentarios alegando la confidencialidad de las negociaciones. Sin embargo, otras dos personas conocedoras del caso dicen que su posición es que el preacuerdo era sólo una manifestación de intenciones y no los comprometía a cerrar la venta con Kumey, al contrario de lo que sostiene su homólogo, quien interpreta que ese documento sí lo hacía. paralizar la operación. .
Según el relato de Kumey enviado al DF, los inversionistas estimaron que, además de los US$60 millones a pagar, la CLC necesitaba un aporte de capital de hasta US$70 millones para resolver todas sus contingencias en los próximos 12 meses, además de que la toma implicaba hacerse cargo de una deuda de 150 millones de dólares en bonos y otros 20 millones de dólares en deudas bancarias.
Todo esto, señalan desde Kumey, luego de haber armado un equipo de trabajo para analizar la situación del establecimiento: “La condición de confianza más importante para nuestros colaboradores fue la salida de Alejandro Gil de la presidencia y por ende de sus instrucciones a la administración. . ”.
Asimismo, señalan que “en paralelo y durante varios días trabajamos en la conformación de los equipos administrativos”, incluyendo las áreas jurídica, de operaciones, gestión médica, financiera y contable. “Habíamos decidido mantener y dotar de colaboradores a estos puestos desde España también para permitir el correcto traslado y funcionamiento de la empresa”, afirman.
La versión de Kumey también confirma que fueron asesorados por Rodrigo Mardones, exdirector médico de la CLC durante la gestión de Gil, quien lideró la reestructuración que terminó con un éxodo masivo de médicos y quien, tras su salida, demandó a la empresa.
Según este relato, Gil, a través de su abogado, Álvaro Jofré, le dijo a Valero que había incumplido la carta de entendimiento, ya que tenía que ser responsable de que CLC “cumpliera oportunamente con todas sus obligaciones laborales, fiscales, civil y comercial”, al menos hasta mediados de enero. Después, dicen, se comunicaron con ellos “con evasivas y plazos móviles”, hasta que el viernes pasado supieron por la prensa que la Clínica había sido vendida a otros postores.
El Dr. Valero tenía previsto aterrizar en Chile este martes 14 de enero para cerrar el contrato. El viaje será igual, pero su agenda en Santiago cambió con propósitos completamente diferentes.
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