7 claves que marcarán la discusión del Presupuesto 2025

Este lunes, el Ejecutivo presentará al Congreso el proyecto de ley de Presupuesto para 2025. Es el último que ejecutará el Gobierno del presidente Boric, con un gasto público que crecerá entre 3% y 4%, según el consenso de analistas, pese a la Alta dispersión de opiniones. Para algunos, sería una tesorería laxa en un contexto de finanzas públicas ajustadas, pero dentro de los límites permitidos por la regla fiscal.

Se espera que el Presidente presente al país los lineamientos generales del proyecto mañana domingo o lunes, y el martes comienza la tramitación oficial en el Congreso. Por la mañana, el ministro de Hacienda Mario Marcel presentará el Estado del Tesoro Público ante la Comisión Mixta de Presupuesto y, por la tarde, la directora de la Dipres, Javiera Martínez, hará lo propio con el Informe de Finanzas Públicas (IFP) . .

La tramitación del proyecto ocupará una parte importante de la agenda del Congreso hasta finales de noviembre, cuando deberá ser despachado, y ya se anticipan varios temas que serán más complejos en el debate.

1 Cumplir la meta fiscal y contener el gasto

Para este año, en los dos últimos Informes de Finanzas Públicas, el Tesoro viene proyectando un déficit fiscal estructural de -2,2% del PBI, superior a la meta de -1,9% del PBI que se fijó el propio Gobierno. En este contexto, analistas y parlamentarios esperan que el Gobierno primero cumpla su compromiso para 2024 y luego, hacia 2025, corrobore también la meta del -1,1% del PIB que se había propuesto y continúe con la reducción del déficit. “La meta de 2025 de un déficit de -1,1% es apropiada y debe mantenerse para asegurar una trayectoria fiscal sostenible de largo plazo”, afirma el decano de la Facultad de Administración y Economía de la UDP, Mauricio Villena.

Pero algunos analistas sostienen que, incluso si se cumpliera ese objetivo, el gasto público podría expandirse más de un 5% el próximo año, aunque esto sería arriesgado y pondría en peligro el control de la deuda de modo que se mantenga por debajo del límite del 45% del PIB considerado prudente. Sin embargo, para lograr un crecimiento del gasto a ese nivel, también tendrían que cumplirse las proyecciones de ingresos tributarios efectivos del Tesoro, lo que, al menos este año, no ha sucedido.

2 Acelerar los compromisos y la oposición mira la holgura

Como este será el último presupuesto que ejecutará el Gobierno, se espera que también haya más compromisos programáticos, lo que haría más difícil ajustar el gasto.

“En el último año de Gobierno, con elecciones, con una economía que probablemente no va a crecer mucho y una tasa de desempleo que se mantendrá alta, la presión que tendrá el Tesoro en sus propias filas para flexibilizar la política fiscal será bastante alto. . Por lo tanto, es probable que llegue con el tejo un poco viejo, quizás algo más del 3%”, dice el economista y socio de Rojas y Asociados, Patricio Rojas. Sin embargo, en su opinión esto no debería crecer mucho más del 2%.

A su vez, la oposición estará atenta a la holgura fiscal que dejará el Gobierno a partir de 2026, que ya se prevé muy ajustada. “No hay tregua. El mismo Consejo Fiscal Autónomo ya dijo que para cumplir con la regla fiscal el gasto tiene que crecer un 1,6% en promedio entre 2025 y 2028”, destaca el senador de Evópoli Luciano Cruz-Coke. “Esto significa que el Gobierno tendrá que ser muy prudente en el gasto a partir del año que viene”, añade.

Este es un tema que también preocupa a la directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros de la ESE Empresarial de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes.

El economista destaca que, en los últimos 10 años, el crecimiento del gasto público ha sido del 5% en promedio, mientras que la economía ha crecido menos del 2%. “Eso es algo que no puede continuar. Para 2025 no debería haber problemas, pero el riesgo es a medio plazo”, afirma.

La senadora por DC, Yasna Provoste, también advierte que las elecciones de octubre de este año y las presidenciales y parlamentarias de 2025 serán un foco de presión adicional.

3 Endeudamiento

“Será crucial controlar la deuda pública, para no comprometer los presupuestos futuros en el pago de intereses”, afirma Villena.

El año pasado, en el proyecto de Presupuesto 2024, el Ejecutivo solicitó autorización de endeudamiento por hasta US$ 21.000 millones. Sin embargo, el Congreso lo rechazó, por lo que durante el procesamiento el Tesoro redujo su objetivo a 18 mil millones de dólares. Con una deuda total que a marzo alcanzó los US$ 121.656 millones, el 41,6% del PBI, los analistas están atentos al requerimiento de deuda de este año, que debe ser acotado para evitar un retroceso como el del año pasado.

En junio, la calificadora de riesgo Moody’s ratificó la calificación en moneda extranjera de largo plazo para Chile en “A2”, y dejó la perspectiva (outlook) en “estable”. Sin embargo, en octubre del año pasado, S&P mantuvo su calificación en “A”, pero cambió la perspectiva de “estable” a “negativa”, dejando así la puerta abierta a una rebaja en la calificación de riesgo.

4 Seguridad y aumento de PGU

El jueves, tras la aprobación y promulgación de ley del proyecto de cumplimiento tributario en el Congreso, el ministro Marcel indicó que estos recursos se incorporarán al Presupuesto 2025 y se destinarían principalmente a tres fines. Un tercio a seguridad ciudadana, otro tercio a mejoras en las pensiones, que incluye el inicio del aumento del PGU a $250 mil. El otro tercio se destinará a Sanidad, a reducir las listas de espera en los hospitales y a implementar un sistema de atención.

Cecilia Cifuentes estima que llevar el PGU a $250.000 para todos los jubilados actuales cuesta cerca de US$1.000 millones, pero la reforma previsional propone un aumento gradual de tres años en el que el monto subirá primero para los grupos más vulnerables. “El primer año no debería haber problemas de financiación, siempre y cuando se recaude lo esperado, y tengo algunas dudas al respecto. El problema es que el número de jubilados aumenta a un ritmo alto en los próximos años, por lo que la sostenibilidad del PGU está en riesgo si el país no vuelve a crecer a un ritmo al menos cercano al 3%”, afirma.

La seguridad, mientras tanto, será un tema prioritario en la discusión de los parlamentarios de todos los sectores.

5 Más recursos para el MOP y Vivienda

Para el senador Provoste, es necesario reforzar los recursos de inversión pública. “En 2025 no puede haber retroceso en la inversión, porque esto significa mejorar la capacidad de generación de empleo y mayor desarrollo para el país”. En esa línea, espera que haya prioridad en la implementación del nuevo Fondo de Modernización del Transporte Público en las regiones; que se cree un Fondo para mejorar la infraestructura escolar que será administrado entre el MOP y el Mineduc, a partir de resolver las crisis de Atacama y Valparaíso, y que se acelere la ejecución del Plan de Emergencia Habitacional.

En el Ministerio de Vivienda uno de los focos será continuar con el Plan de Vivienda, con el que el Gobierno espera construir 260 mil viviendas durante esta administración. Según los datos de la cartera, a agosto de este año se registró un avance de 142.669 viviendas, es decir, el 55% del objetivo.

El diputado del PS Jaime Naranjo dice que tanto el MOP como el Minvu tendrían un aumento relevante en sus presupuestos. “Las líneas generales del presupuesto deberían estar en aquellos ministerios que tienen un efecto multiplicador sobre el crecimiento, la inversión y el empleo. Pero eso no significa que no se aborden otros temas importantes como la seguridad pública y el pago de la deuda social”, sostiene.

6 CAE podría complicar la discusión

En Educación, el presupuesto considera recursos para continuar con el traspaso de escuelas de los municipios a los Servicios Públicos de Educación Local (SLEP) y la implementación de otros de estos servicios. Asimismo, el ministerio contará con recursos para continuar con su política de infraestructura. Sin embargo, uno de los temas más preocupantes es el proyecto con el que el Gobierno propondrá el fin del CAE, que no estará en el presupuesto, pero entraría al Congreso en octubre, justo en plena discusión de Hacienda.

Aunque el Gobierno señala que se trata de un proyecto “autónomo”, la oposición tiene reservas sobre la iniciativa, que consideran no prioritaria. “Me parece fundamental que el presupuesto tenga sus ejes bien colocados. La cuestión de la seguridad es, con diferencia, la más relevante de todas, al igual que la atención a otras cuestiones que han surgido, como el déficit hospitalario traumático y las listas de espera. Instalar el tema CAE ha sido un tema de persistencia errónea y me parece que el Gobierno va a volver a tropezar con la misma piedra”, dice el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. “Dependiendo de cómo esté formulado, eso podría complicar la discusión del Presupuesto en general, no sólo la partida de Educación”, advierte.

Otro proyecto que ingresará al Congreso en octubre o noviembre es la reforma tributaria que modifica el impuesto a la renta. Coloma señala que el protocolo de acuerdo entre Gobierno y parlamentarios indica que este proyecto debe ser neutral en materia de recaudación de ingresos, y espera que se mantenga en esos términos para no enturbiar el proceso de Presupuestos.

El senador Cruz-Coke anticipa que otro tema que generaría mayor debate es el financiamiento de los sitios de memoria.

7 Salud: listas de espera y pago de deuda con empresas privadas

“Con la crisis de las listas de espera, el presupuesto de Sanidad también dará de qué hablar”, anticipa Cruz-Coke.

Este será uno de los ejes del Presupuesto 2025, con el que el Gobierno busca fortalecer la salud pública. “Me alegra que el Gobierno priorice la salud en 2025. Esto constituye una deuda pendiente por la desigualdad en nuestro país”, comenta el senador del PS Juan Luis Castro, quien espera más recursos para reducir las listas de espera no GES de casi 3 millones. de pacientes, para atender retrasos en patologías del GES, la compra de medicamentos de alto costo y para financiar el proyecto de salud mental que está en el Congreso.

En la misma línea coincide la representante del PPD, Helia Molina, quien sugiere que, junto con la reducción de las listas de espera, también será relevante el aumento de la tasa base de salud per cápita, que para este año se fijó en $11.205. “Es tremendamente bajo y tiene que subir hasta que, ojalá, la atención primaria tenga el 30% del presupuesto sanitario”, sugiere Molina.

Además, el Gobierno deberá destinar recursos relevantes al pago de la deuda del Estado -Fonasa y Servicios de Salud- con proveedores privados. El año pasado, el Ejecutivo se comprometió a pagar el 40% de la deuda histórica este año y el 60% restante a principios de 2025. Tras el pago a principios de 2024, en mayo, la deuda histórica cayó a casi 80.000 millones de dólares. A esto se suma la deuda corriente, propia del flujo, que ascendía a $207 mil millones a mayo.

“El cierre de la deuda con los prestamistas privados tiene que finalizar el próximo año. Si vamos a empezar con un nuevo sistema de referencias, equiparando lo público y lo privado, lo primero es pagar la deuda. Ese es un compromiso que se asumió y debe cumplirse”, afirma Castro.

Además, tras la aprobación de la denominada Ley Corta de Salud, el próximo año el Gobierno destinará financiamiento para la implementación de la nueva Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa. Se trata de una alternativa para que las personas, a través de la adhesión voluntaria a los seguros complementarios licitados por Fonasa, puedan incrementar su protección de salud financiera, lo que permitirá un mayor uso de proveedores privados en la Modalidad de Libre Elección.