Economia
Parcelaciones rurales: academia enciende alarmas y la justicia endurece sanciones
La explosiva proliferación de fraccionamientos a lo largo del país, junto con las irregularidades observadas en torno a este desarrollo inmobiliario, no solo han hecho saltar las alarmas de instituciones como el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Contraloría, sino que también son episodios protagónicos en justicia y llamando la atención de la academia.
Este fue el caso de la Universidad San Sebastián (USS), que a través de su Instituto de Políticas Públicas realizó un estudio de fragmentación rural en la comuna de Puerto Varas.
El trabajo, que en su metodología consideró el uso de imágenes satelitales y la recolección de datos de instituciones públicas, observó que, entre los años 2012 y 2021 (sin contar 2019, ya que aún no se cuenta con los datos) En la comuna se aprobaron 1.267 proyectos de loteo, lo que corresponde a 28.007 nuevos predios rurales de unos 5.000 m2
De estos, solo 834 han obtenido un permiso de construcción, mientras que todos los demás están en comercialización verde, en obras de urbanización o incluso construidos en diferentes etapas.
Lien Rodríguez, ingeniera informática, doctora en Ciencias Ambientales y una de las investigadoras del trabajo, señala que hay zonas que “no están preparadas, que están creciendo y se están convirtiendo en centros urbanos”, sin saber si podrán para hacerse cargo de asuntos como el aumento de la flota de vehículos o la gestión de residuos.
disputas legales
En la justicia, los casos vinculados a fraccionamientos son cada vez más frecuentes. Por ejemplo, el 9 de enero, El Tercer Juzgado Ambiental paralizó las obras del proyecto inmobiliario Ribera del Petrohué, también ubicado en la zona rural de Puerto Varas y que consta de un fraccionamiento de unos 320 lotes.
Tras un pedido del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que alertó sobre daños ambientales, el juzgado prohibió el ingreso de maquinarias, herramientas, materiales y trabajadores a los predios.
Asimismo, este martes el mismo juzgado admitió a trámite una demanda de reparación de daños ambientales contra la Inmobiliaria Pocuro Sur, entre otras cosas, acusándola de causar daños al ecosistema y humedales de la comuna de Puerto Montt.
Más dura fue la determinación de la Segunda Sala de la Corte Suprema que, esta semana, rechazó un recurso de casación y confirmó sentencias con penas de prisión para tres personas por los delitos reiterados de fraccionamiento irregular y estafa.
Así, Ximena Alicia Burdiles fue condenada a dos penas de 10 años de prisión por seis delitos de fraccionamiento irregular y cinco de estafa; Juan Manuel Miranda a 5 años y 8 años de prisión, por cuatro delitos de lotes irregulares y tres de estafa; y Flavio Jaime Edgardo Gómez a dos condenas de 4 años como cómplice de cinco delitos de fraccionamiento irregular y cinco de estafa.
El máximo tribunal sostuvo que los condenados comercializaron terrenos con menos metraje que el establecido por la ley, con fines agrícolas y engañando a sus compradores, quienes finalmente no pudieron inscribir los lotes ante el Conservador de la Propiedad Raíz.
Según el Juzgado, los desarrolladores tenían oficinas en La Serena, “con agentes y folletos que publicitaban los lotes en venta (…) manteniendo el alumbrado eléctrico en muchos de esos lotes, fraccionamientos, calles”.
control
Mientras el SII ha puesto la mirada en la potencial evasión fiscal de este tipo de inmuebles y la Contraloría en la falta de permisos de suelo, la Dirección General de Aguas (DGA) también ha reforzado un plan para combatir la extracción no autorizada de agua.
Así, durante este verano se lleva a cabo un plan especial de control en lagos y lagunas del país, que contemplaba la adquisición de drones y otros instrumentos para detectar extracciones.
En ese contexto, la DGA de Atacama anunció que, durante 2023, Supervisaría especialmente los fraccionamientos que consumen aguas subterráneas en el río Copiapó.
“El desarrollo de fraccionamientos en la parte baja del río Copiapó puede generar presión sobre el consumo de los recursos hídricos del acuífero”, declaró el director regional, Rodrigo Sáez.
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