Economia
¿Cuán flexible es el teletrabajo en el mundo? La discusión que se abre en Chile tras el fin de la alerta sanitaria
Este miércoles la comisión de Trabajo del Senado seguirá con el análisis del proyecto del Ejecutivo que busca avanzar en la conciliación de la vida laboral y personal, a través de un fortalecimiento del teletrabajo y otras medidas adicionales.
La propuesta, si bien es apoyada con fuerza por un sector de la ciudadanía, tiene a los integrantes de la comisión divididos. Con todo, en medio del debate, la Biblioteca del Congreso puso sobre la mesa varios antecedentes respecto a cómo funciona esta modalidad en el extranjero, particularmente en Brasil, Bélgica, Colombia, España, Francia, México y Portugal.
De acuerdo a los antecedentes que revisó la Biblioteca del Congreso, en ninguna de las regulaciones revisadas el teletrabajo es un derecho exclusivo del trabajador, sino que más bien constituye una modalidad que es producto de un mutuo acuerdo entre el colaborador y el empleador.
Sin embargo, hay casos particulares. En Portugal, por ejemplo, la opción de trabajar a distancia es, desde mayo de este año, un derecho del trabajador, siempre y cuando se cumplan determinadas circunstancias, como por ejemplo, que la persona tenga un hijo de tres años o menos o deba cuidar de un hijo con discapacidad o enfermedad. Este derecho es aplicable siempre que el teletrabajo sea compatible con la actividad realizada y el empleador disponga de recursos y medios para ello.
“El trabajador víctima de violencia doméstica también tiene derecho a ejercer sus labores en régimen de teletrabajo, cuando ésta sea compatible con la actividad realizada”, agrega el informe sobre el caso de Portugal.
En Bélgica, el teletrabajo es voluntario tanto para el trabajador como para el empleador, y la regulación no establece grupos de trabajadores prioritarios para acceder a esta modalidad de forma regular.
En el caso de Brasil y Francia, si bien el teletrabajo no es un derecho de las personas, sus legislaciones sí establecen que los empleadores deben dar prioridad al teletrabajo a los trabajadores con discapacidad y a aquellos con hijos o niños menores. En el caso de Francia, a estos dos grupos también se suman las mujeres embarazadas.
En Colombia, esta modalidad también es voluntaria tanto para el teletrabajador como para el empleador. Además, el teletrabajador que antes se desempeñaba en las instalaciones del empleador conserva el derecho de solicitar en cualquier momento el regreso a la actividad laboral convencional.
“Sin embargo, las personas que fueron vinculadas por primera vez como teletrabajadores, no pueden solicitar unilateralmente realizar su trabajo en las dependencias del empleador, necesitarán para ello el acuerdo del empleador”, precisa el informe presentado en la comisión.
Con relación a la población vulnerable, la legislación colombiana contempla la obligación del Ministerio de la Protección Social de formular una política pública de incorporación al teletrabajo de la población vulnerable (personas en situación de discapacidad, población en situación de desplazamiento forzado, población en situación de aislamiento geográfico, mujeres cabeza de hogar, población en reclusión, personas con amenaza de su vida). “Sin embargo, según indica el Informe de la OIT (2022), se trataría de directrices sin incentivos para su cumplimiento, pues correspondería a una política que no ha sido desarrollada”, dice el texto.
En España, el informe recoge que el trabajo a distancia es voluntario y reversible tanto para la persona trabajadora como la empleadora, y requiere de la firma de un acuerdo y no puede ser impuesto, sin perjuicio del derecho al trabajo a distancia que pueda reconocer la legislación o la negociación colectiva.
En México, la legislación establece que el cambio en la modalidad de presencial a teletrabajo debe ser algo voluntario y establecido por escrito, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados.
La legislación mexicana también establece que para la implementación de esta modalidad laboral “el patrón debe observar una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal y la disponibilidad de las personas trabajadoras bajo la modalidad de teletrabajo en la jornada laboral”.
A continuación, parte de la información que recopiló la Biblioteca del Congreso Nacional.
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Economia
Demócratas valoran los cambios al proyecto antievasión, pero proponen 17 aclaraciones al Ejecutivo
La tramitación del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias ya entró en tierra derecha.
La comisión de Hacienda del Senado ha despachado varios artículos a Sala, los que se relacionan con temas claves como la nueva gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), la nueva forma de aplicar la Norma General Antielusiva (NGA) y la flexibilización del levantamiento del secreto bancario. Se espera que el proyecto se despache a Sala el próximo lunes, para ser votado el miércoles.
Una de las bancadas que tendrá que pronunciarse sobre el proyecto es Demócratas. Un documento de la tienda presidida por Ximena Rincón valora una serie de materias propuestas vía indicaciones por Hacienda, pero también pide aclaraciones en varios puntos del texto.
Así, el texto define ocho temas que consideran van “en la línea de lo correcto”: que se respete el principio de especialidad en materia de Norma Antielusiva; que en caso de aplicar una Norma Especial Antielusión, no se puede aplicar la Norma General Antielusión (NGA) y viceversa, además de que se mantenga la aplicación de la norma a regímenes especiales; que la NGA requiera recomendación del Comité Ejecutivo del Servicio de Impuestos Internos (SII); la creación del Departamento de Normas Generales Antielusión; que se amplíen los plazos para aplicación de la NGA vía suspensión; y que se establece obligación de un apoderado común para grupos empresariales.
La tienda también valora los ajustes que hizo Hacienda a las normas de relación para efectos de fiscalizar a contribuyentes o grupos económicos, fijando que dos o más partes se considerarán relacionadas cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias: unidad de dirección o administración; dependencia económica o financiera entre las partes; relación de parentesco entre las personas o sus administradores o directores, considerando al o la cónyuge, conviviente civil, ascendientes, descendientes y parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; y comercialización de bienes o servicios idénticos o similares bajo una misma denominación o marca.
También destacan que no aplicará la facultad de tasación del SII para fusiones, divisiones, ni otros tipos de reorganizaciones con legítima razón de negocios.
Lo que falta
Pese a que Demócratas destaca varias aclaraciones que hizo el Ejecutivo al proyecto tributario, el documento enumera 17 temas que consideran deben ser “perfeccionados”.
Por ejemplo, señalan que se puede perfeccionar la redacción respecto a los abusos de formas jurídicas en la NGA para evitar “malas interpretaciones, sobre todo en las últimas indicaciones presentadas”.
También, en el marco del secreto bancario, proponen agregar que toda comunicación entre la institución financiera y el SII debiese ir con copia al contribuyente. Postulan que se deberían enviar al SII todas las transacciones para consolidar las 50 operaciones de cuentas distintas, en el marco del artículo que busca fiscalizar las transferencias bancarias reiteradas recibidas por un contribuyente.
Demócratas considera muy baja la multa por traslado de mercaderías falsas o sin pago de impuestos, de 20% al 300% de 1 UTA ($ 160.000 a $ 2.400.000). A su vez, critican la eliminación de los incentivos tributarios a las donaciones hasta 250 UTM ($ 16 millones) a legitimarios y asignatarios.
Si bien destacan que se reglamenta el nuevo comité ejecutivo y el consejo tributario con amplias facultades para servir de contrapeso a la dirección del SII, dado el tipo de designación de integrantes “vale la pena pensar si asegura la independencia que se busca o mejor ahorrar recursos”.
En cuanto a las exigencias de información a vendedores habituales de bienes muebles usados, piden aclarar el alcance de la obligación a cualquier operación de compra y venta que supere las 50 UTM o su equivalente en moneda extranjera que deberán efectuarse siempre a través de medios de pago electrónicos o cualquier otro medio de pago que permita la individualización del pagador.
Aunque destacan las mayores facultades que tendrá la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), creen relevante tratar la gobernanza del SII junto con los grados de libertad de la defensoría para generar equilibrios entre las obligaciones y derechos.
La indicación al Art.89 será un “dique difícil de sortear”, ya que creen que un certificado de situación tributaria al día para las Pymes es “difícil de cumplir, por lo que debiese bastar con iniciación de actividades.
También, piden que haya “coherencia” entre el denunciante anónimo y el nuevo proceso de autodenuncia que se crea para contribuyentes, en el sentido que solo puede aplicarse a diferencias de impuestos que podrían fundarse en hechos constitutivos de delito tributario.
En cuanto al Consejo Tributario, cree relevante que no solo pueda opinar sobre las circulares del SII, sino también sobre los oficios que emitan el director nacional y los directores regionales en el ejercicio de su facultad de interpretar administrativamente las leyes tributarias
En caso de reorganización empresarial (fusión), se establece que la continuadora legal (absorbente) mantendrá el beneficio o la autorización otorgada a la absorbida para obtener de forma previa a la materialización de la exportación el reembolso del IVA exportador: “Habría que dejar expresamente establecido que ello no suspende ni interrumpe el plazo otorgado al exportador absorbido para materializar la exportación”, pide la tienda.
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