El ejercicio que se inicia será clave para los trabajadores, las empresas y particularmente las áreas de recursos humanos de éstas últimas. ¿La razón? A partir de enero y los meses siguientes entrarán en vigencia una serie de leyes y cambios normativos en materia laboral que requerirán procesos de adaptación al interior de las compañías. Modificaciones que, en algunos escenarios, requerirán eventualmente de ajustes en las estructuras de funcionamiento hasta intensas negociaciones con las distintas dotaciones y organizaciones sindicales.
El listado de modificaciones es amplio y contempla desde nuevos aumentos a nivel salarial hasta exigencias adicionales en materia de acoso laboral.
En el caso de algunas iniciativas, además, se trata de un paso inicial, ya que su implementación plena contempla más de un año, como es el caso de la Ley que reduce la jornada laboral.
Y todo acontecerá en medio de una economía que estará tratando de repuntar y un mercado del trabajo que está sintiendo la presión de más gente que busca empleo.
Los avances legislativos que marcaron el año pasado
En el ejercicio anterior entraron en vigencia los cambios a la PGU y al Seguro Sanna.
El año 2023 también fue intenso en materia de cambios legislativos y normativos de carácter laboral. Durante el ejercicio que acaba de terminar se aprobaron en el Congreso y entraron en vigencia una serie de leyes con implicancias en el mercado del trabajo. Por ejemplo, en abril entró en vigencia la ley corta PGU, la cual corrigió el universo de referencia de beneficiarios. Así, se consiguió pasar del 60% más vulnerable de la población mayor de 65 años al 90% más vulnerable de la población. Con este cambio, el beneficio llegará a cerca de 70.000 adultos mayores que, inicialmente, no calificaban. En agosto el Gobierno promulgó la nueva Ley de Delitos Económicos, que también contempla aristas laborales. En septiembre, además, entraron en vigencia las modificaciones al Seguro Sanna. Dicho texto legal, en términos simples, amplía de 90 a 180 días, el plazo de permiso para las y los trabajadores que son padres de una niña o niño afectado por cáncer, trasplante de órgano sólido o de progenitores hematopoyéticos. Además, agregó la cobertura para la contingencia de enfermedad grave de niña o niño de uno a cuatro años que requiera hospitalización en UCI o UTI. En diciembre, el Gobierno ingresó las indicaciones a la reforma previsional, que se tramita desde noviembre de 2022 en el Congreso. También han avanzado varias medidas que fueron impulsadas por los parlamentarios. Aquí se cuentan la aprobación total de la ley de protección y reparación integral a las víctimas de femicidio y suicidio femicida, la cual contempla aspectos laborales, como, por ejemplo, que las víctimas de femicidio frustrado o tentado, así como las hijas e hijos de la ofendida por este delito, tienen derecho a la protección del trabajo y gozan de fuero laboral desde la perpetración del hecho hasta un año después.
Trabajadores madres o padres cuidadores de niños o niñas menores de 14 años podrán acceder al beneficio de labores a distancia o teletrabajo, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permita.
Inicios de julio: salario mínimo a los $ 500 mil
El próximo 1 de julio, el Ingreso Mínimo Mensual, también conocido como salario mínimo, subirá de los actuales $ 460 mil a los $ 500 mil para los trabajadores mayores de 18 años y de hasta 65 años. Esta alza fue producto de la negociación que realizó el Gobierno en abril de 2022 con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para definir los incrementos salariales. Además del aumento mismo, la negociación consideró una medida para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas a cumplir con el reajuste del ingreso mínimo mensual. Así, se diseñó un subsidio que consiste en un esquema de montos para cada uno de los períodos de alza del salario mínimo -ya que el alza a $ 500 mil ha sido escalonada-, el que varía según tamaño de firma. Dicho apoyo, además, tiene considerado una medida de protección que se activa ante escenarios económicos adversos. Dicho subsidio estará vigente hasta abril de 2025, y se apuesta a que beneficará a cerca de 180 mil MiPymes y Cooperativas. Esto representa un desembolso del Estado superior a los $ 320 mil millones, que en caso de activarse el mecanismo de protección estaría cercano a los $ 400 mil millones.
Enero: derecho a la conciliación laboral
Una de las primeras normativas que entra en vigencia este 2024 es la Ley de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral ( Ley nº 21.645). Dicha norma, que fue despachada por el Congreso el 20 de diciembre de 2023, entrará en vigencia el 29 del mes en curso, y dentro de sus ejes establece el derecho al trabajo a distancia o teletrabajo, de modo que las o los trabajadores puedan efectuar todo o parte de su jornada diaria o semanal en esas modalidades, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permita. El beneficio aplica a aquellos trabajadores que son madres o padres cuidadores de niños o niñas menores de 14 años, o que tengan a su cargo el cuidado de una persona con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada. La iniciativa, además, establece el derecho al uso preferente del feriado legal durante las vacaciones escolares definidas por el Ministerio de Educación a este universo de trabajadores; y la posibilidad de, cuando la naturaleza de las funciones lo permita, solicitar que se modifiquen transitoriamente turnos o la distribución de la jornada diaria y semanal para conciliar el trabajo con las necesidades de cuidado durante dichos periodos.
Inicios de julio: salario mínimo a los $ 500 mil
El próximo 1 de julio, el Ingreso Mínimo Mensual, también conocido como salario mínimo, subirá de los actuales $ 460 mil a los $ 500 mil para los trabajadores mayores de 18 años y de hasta 65 años. Esta alza fue producto de la negociación que realizó el Gobierno en abril de 2022 con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para definir los incrementos salariales. Además del aumento mismo, la negociación consideró una medida para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas a cumplir con el reajuste del ingreso mínimo mensual. Así, se diseñó un subsidio que consiste en un esquema de montos para cada uno de los períodos de alza del salario mínimo -ya que el alza a $ 500 mil ha sido escalonada-, el que varía según tamaño de firma. Dicho apoyo, además, tiene considerado una medida de protección que se activa ante escenarios económicos adversos. Dicho subsidio estará vigente hasta abril de 2025, y se apuesta a que beneficará a cerca de 180 mil MiPymes y Cooperativas. Esto representa un desembolso del Estado superior a los $ 320 mil millones, que en caso de activarse el mecanismo de protección estaría cercano a los $ 400 mil millones.
Abril: se inicia la reducción de la jornada laboral
El 26 de abril la legislación que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, más conocida como Ley de 40 Horas, cumple un año desde que fuera publicada en el Diario Oficial y, con ello, inicia la primera fase de disminución de horas de trabajo. Desde ese día todas las empresas deberán ajustar su jornada a las 44 horas semanales. En abril del año 2026 deberá bajar a 42 horas; y en igual período de 2028, a 40. Además, la ley contempla otros aspectos e incluye medidas de adaptabilidad laboral, como por ejemplo la posibilidad de que los trabajadores y empleadores, a través de un pacto escrito y de forma excepcional -y una vez al año-, puedan acordar que las horas extraordinarias se puedan compensar con cinco días de feriado, permitiendo compatibilizar la vida personal y el trabajo. Adicionalmente, la normativa considera la posibilidad de implementar desde abril próximo una distribución de jornada de cuatro días trabajados por tres de descanso, conocida como jornada 4×3, a la que sólo podrán acceder las empresas que ya tienen en régimen las 40 horas semanales.
Este viernes se promulgará la ley inspirada en el caso de Karin Salgado que busca reforzar la prevención y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el mundo del trabajo.
Julio: reglas más duras contra el acoso laboral
El pasado 13 de diciembre el Congreso finalizó la tramitación de la denominada ley inspirada en el caso de Karin Salgado, una víctima de suicidio como consecuencia de acoso laboral. Así, la propuesta busca reforzar la prevención y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el mundo del trabajo. El texto, que se promulgará este viernes según confirma la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, incorpora el principio de enfoque de género y la obligatoriedad en la creación de protocolos de prevención sobre violencia y acoso, los cuales serán elaborados con la asistencia técnica de las mutualidades. La norma también incluye el concepto de “violencia en el trabajo”, el cual se refiere a la violencia ejercida por terceros ajenos a la relación laboral, como clientes, usuarios, proveedores, entre otros. Con esto, se busca que las empresas tomen acciones para prevenir ataques por parte de los usuarios y clientes a sus trabajadores. “La ley entrará en vigencia el primer día del sexto mes subsiguiente a su publicación en el Diario Oficial. Es decir, si se publica en enero, será en julio de 2024”, dice Jara, agregando que se redactará un reglamento, el cual estará de cargo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, previo informe de la Dirección del Trabajo, mientras que la Superintendencia de Seguridad Social emitirá una norma de carácter general referida a las materias de prevención que la ley incorpora para los organismos administradores de la Ley 16.744, que establece normas sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
La herencia de 2023: fortalecimiento del seguro de cesantía
En octubre pasado, el Congreso despachó a ey el proyecto que fortalece los beneficios que entrega el Seguro de Cesantía y flexibiliza los requisitos de acceso a sus prestaciones. Modificaciones que entraron en vigencia recién en diciembre último. En lo medular, la ley robustece los beneficios que entrega el Seguro de Cesantía. En primer lugar, incrementa la tasa de reemplazo del segundo mes de las prestaciones con cargo a la Cuenta Individual de Cesantía (CIC), pasando desde 55% a 60% del respectivo promedio de remuneraciones. Y, además, flexibiliza los requisitos de acceso a las prestaciones del Seguro de Cesantía. Así, por ejemplo, se disminuye la exigencia del número de cotizaciones registradas en la Cuenta Individual por Cesantía, que permite el acceso a las prestaciones con cargo a dicha cuenta. La ley también flexibiliza aún más los requisitos y se otorgan mejoras en las prestaciones en casos en que exista declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, alerta sanitaria o se produzca la declaración de una zona afectada por catástrofe, como puede ocurrir, por ejemplo, en algunos casos de lluvias intensas, sismos u otros eventos que pueden afectar las fuentes de empleo de las y los trabajadores.
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La tramitación del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias ya entró en tierra derecha.
La comisión de Hacienda del Senado ha despachado varios artículos a Sala, los que se relacionan con temas claves como la nueva gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), la nueva forma de aplicar la Norma General Antielusiva (NGA) y la flexibilización del levantamiento del secreto bancario. Se espera que el proyecto se despache a Sala el próximo lunes, para ser votado el miércoles.
Una de las bancadas que tendrá que pronunciarse sobre el proyecto es Demócratas. Un documento de la tienda presidida por Ximena Rincón valora una serie de materias propuestas vía indicaciones por Hacienda, pero también pide aclaraciones en varios puntos del texto.
Así, el texto define ocho temas que consideran van “en la línea de lo correcto”: que se respete el principio de especialidad en materia de Norma Antielusiva; que en caso de aplicar una Norma Especial Antielusión, no se puede aplicar la Norma General Antielusión (NGA) y viceversa, además de que se mantenga la aplicación de la norma a regímenes especiales; que la NGA requiera recomendación del Comité Ejecutivo del Servicio de Impuestos Internos (SII); la creación del Departamento de Normas Generales Antielusión; que se amplíen los plazos para aplicación de la NGA vía suspensión; y que se establece obligación de un apoderado común para grupos empresariales.
La tienda también valora los ajustes que hizo Hacienda a las normas de relación para efectos de fiscalizar a contribuyentes o grupos económicos, fijando que dos o más partes se considerarán relacionadas cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias: unidad de dirección o administración; dependencia económica o financiera entre las partes; relación de parentesco entre las personas o sus administradores o directores, considerando al o la cónyuge, conviviente civil, ascendientes, descendientes y parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; y comercialización de bienes o servicios idénticos o similares bajo una misma denominación o marca.
También destacan que no aplicará la facultad de tasación del SII para fusiones, divisiones, ni otros tipos de reorganizaciones con legítima razón de negocios.
Lo que falta
Pese a que Demócratas destaca varias aclaraciones que hizo el Ejecutivo al proyecto tributario, el documento enumera 17 temas que consideran deben ser “perfeccionados”.
Por ejemplo, señalan que se puede perfeccionar la redacción respecto a los abusos de formas jurídicas en la NGA para evitar “malas interpretaciones, sobre todo en las últimas indicaciones presentadas”.
También, en el marco del secreto bancario, proponen agregar que toda comunicación entre la institución financiera y el SII debiese ir con copia al contribuyente. Postulan que se deberían enviar al SII todas las transacciones para consolidar las 50 operaciones de cuentas distintas, en el marco del artículo que busca fiscalizar las transferencias bancarias reiteradas recibidas por un contribuyente.
Demócratas considera muy baja la multa por traslado de mercaderías falsas o sin pago de impuestos, de 20% al 300% de 1 UTA ($ 160.000 a $ 2.400.000). A su vez, critican la eliminación de los incentivos tributarios a las donaciones hasta 250 UTM ($ 16 millones) a legitimarios y asignatarios.
Si bien destacan que se reglamenta el nuevo comité ejecutivo y el consejo tributario con amplias facultades para servir de contrapeso a la dirección del SII, dado el tipo de designación de integrantes “vale la pena pensar si asegura la independencia que se busca o mejor ahorrar recursos”.
En cuanto a las exigencias de información a vendedores habituales de bienes muebles usados, piden aclarar el alcance de la obligación a cualquier operación de compra y venta que supere las 50 UTM o su equivalente en moneda extranjera que deberán efectuarse siempre a través de medios de pago electrónicos o cualquier otro medio de pago que permita la individualización del pagador.
Aunque destacan las mayores facultades que tendrá la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), creen relevante tratar la gobernanza del SII junto con los grados de libertad de la defensoría para generar equilibrios entre las obligaciones y derechos.
La indicación al Art.89 será un “dique difícil de sortear”, ya que creen que un certificado de situación tributaria al día para las Pymes es “difícil de cumplir, por lo que debiese bastar con iniciación de actividades.
También, piden que haya “coherencia” entre el denunciante anónimo y el nuevo proceso de autodenuncia que se crea para contribuyentes, en el sentido que solo puede aplicarse a diferencias de impuestos que podrían fundarse en hechos constitutivos de delito tributario.
En cuanto al Consejo Tributario, cree relevante que no solo pueda opinar sobre las circulares del SII, sino también sobre los oficios que emitan el director nacional y los directores regionales en el ejercicio de su facultad de interpretar administrativamente las leyes tributarias
En caso de reorganización empresarial (fusión), se establece que la continuadora legal (absorbente) mantendrá el beneficio o la autorización otorgada a la absorbida para obtener de forma previa a la materialización de la exportación el reembolso del IVA exportador: “Habría que dejar expresamente establecido que ello no suspende ni interrumpe el plazo otorgado al exportador absorbido para materializar la exportación”, pide la tienda.
En consejo de gabinete, Boric pide a ministros acelerar aprobación de la reforma de pensiones y cumplimiento tributario: “No es fácil, pero las vamos a sacar adelante”
El Presidente de la República, Gabriel Boric, lideró este viernes un nuevo consejo de gabinete de ministros en La Moneda. La autoridad entregó palabras al inicio de la reunión, llamando a sus colaboradores a no relajarse y seguir adelante con sus tareas.
“Estamos en un momento de realizaciones, de cosechar lo que hemos ido sembrando y eso requiere mucho trabajo. La cosecha no emerge sola, por lo tanto, tenemos que estar con la gente y atentos a sus necesidades y materializando las reformas que hemos impulsado”, señaló el mandatario a sus secretarios de Estado.
Boric agregó que “sé que puede haber cansancio luego de dos años y medio, queda solo un año medio, pero queda mucho por hacer, no hay espacio para el relajo”.
El Presidente les solicitó “estar firmes con presencia activa y materializando los cambios con que nos hemos comprometido con el país. Estoy motivado, hay motivos para estar optimistas, pero no confiados, depende del trabajo que hagamos y esas son las tareas que debemos afinar”.
El mandatario destacó los avances en reforma de pensiones y el pacto fiscal, al señalar que “felicito el empeño del ministro Marcel y la ministra Jara, en que las reformas de cumplimiento tributario y de sistema de pensiones, que algunos llamaban incluso a desahuciar, estén avanzando y encaminadas. No es fácil, todavía quedan cosas por hacer pero las vamos a sacar adelante”.
Boric además reiteró que durante septiembre se va a ingresar y retomar la discusión sobre la eutanasia y el proyecto que termina con el Crédito con Aval del Estado (CAE) e instaura un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior.
La encuesta elaborada por el Institutional Investor Research destaca cada año el desempeño de las mejores empresas y ejecutivos de Latinoamérica. Este año aparecieron en el listado compañías de México, Argentina, Panamá, Perú, Colombia, Uruguay y Chile.
Los reconocimientos fueron entregados en una ceremonia en la ciudad de Nueva York el jueves de esta semana. En la 15ª encuesta anual de equipos ejecutivos realizada entre febrero y marzo de 2024, más de 1.100 inversores, gestores de carteras y analistas de 505 firmas evaluaron a 322 empresas y más de 1.000 profesionales en 16 sectores.
Las firmas chilenas fueron las segundas más galardonadas después de las mexicanas con 27 representantes.
Entre las nacionales destacadas están AES Andes, Aguas Andinas, Banco de Chile, Banco Santander Chile, CAP, Cencosud, Colbún, Embotelladora Andina, Entel, Enel Américas, Enel Chile, ENGIE Energía Chile, Falabella, Latam Airlines, Parque Arauco y SMU.
Le siguieron las argentinas con seis firmas, entre las que figuran YPF, MercadoLibre, Pampa Energía, Despegar.com y Arcos Dorados; Colombia con Bancolombia y Cementos Argos; Perú con Credicorp; Panamá con Copa Holdings y Uruguay con DLocal.
Los ejecutivos de Chile se destacaron especialmente en el sector energético. Se premió como mejor CEO a Fabrizio Barderi de Enel Chile, José Ignacio Escobar de Colbún, Aurelio Bustilho de Enel Américas. Dentro de los CFO se reconoció a Giuseppe Turchiarelli de Enel Chile, Miguel Alarcón de Colbún, Eduardo Milligan Wenzel de ENGIE Energía Chile y Ricardo Roizen de AES Andes. También fueron galardonados en el sector de alimentos y bebidas Miguel Angel Peirano, CEO de Embotelladora Andina y su CFO Andrés Waine. En la categoría Real Estate se destacó al CEO de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant, a su CFO Francisco Moyano y a Lauren Brown, Head of Investor Relations.
Marcelo Gálvez CEO de SMU y su CFO Arturo Silva Ortiz también fueron premiados, al igual que Inés Ostenrieder por su labor de CFO de Cencosud, quien actualmente se desempeña como gerente de finanzas en WOM.
En la categoría de transporte subieron al podio el CEO Latam, Roberto Alvo, su CFO Ramiro Alfonsin y Tori Creighton, la jefa de relaciones con inversionistas. Además, se destacó a Paula Salinas de CAP, quien también lidera la relación con inversionistas.