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Contreras enfrenta formalización por fundación Tomarte

Martina E. Galindez

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En el Juzgado de Garantía de Antofagasta, este martes, se realizará la audiencia de formalización por fraude al fisco del exseremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la región, Carlos Contreras. En esta ocasión, por la investigación que involucra a la fundación Tomarte y que lleva adelante el fiscal Cristián Aguilar.

La fundación Tomarte corresponde a otra de las organizaciones cuestionadas en el marco del caso líos de plata. Esto, luego de que concretara una serie de convenios con la seremi del Minvu en el marco del programa de Asentamientos Precarios, por lo cual recibió $456 millones. En total, se firmaron un total de tres convenios en los campamentos Sol Naciente, Juanita Cruchaga y Arian Coni por 400 millones de pesos, además de otro contrato por 56 millones para realizar diagnósticos socio-territoriales en campamentos en Antofagasta.

El pasado 16 de noviembre de 2021 la fundación fue inscrita en la municipalidad de Antofagasta, y de acuerdo con el registro de colaboradores del Estado, tiene como objetivo realizar actividades culturales. Sin embargo, los tratos descritos anteriormente tenían como objetivo establecer “obras básicas de carácter transitorio (…), para elevar el umbral mínimo humanitario en base a salubridad y seguridad”. O sea, algo que se aleja de su giro.

Por otro lado, el pasado 15 de diciembre Contreras y Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva, fueron puestos en prisión preventiva tras una primera audiencia de formalización por el caso que atañe a dicha fundación. Según la investigación de la fiscalía, habrían defraudado al fisco por $426 millones con contratos entre Democracia Viva y el Minvu en trabajos no realizados en Antofagasta. Posteriormente, el 12 de enero, se le aplicó la similar medida cautelar a la concejala Paz Fuica, en el marco de la misma investigación.

Luego de 75 días (28 de febrero), la Corte de Apelaciones de Antofagasta cambió la medida contra Contreras y Andrade y ordenó que se mantuvieran con arresto domiciliario total y arraigo nacional. Posteriormente, también se aplicó la misma medida para Fuica.

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