Aunque el objetivo era revisar nuevamente el proyecto de ley por la integración en este período legislativo a la comisión de Medio Ambiente de los senadores Rafael Prohens y Ricardo Lagos Weber, la sesión de la instancia este lunes fue el momento de analizar las primeras impresiones que ha dejado la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente que contempla la modernización al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Y, también, sincerar que buscarán nuevas alternativas para reemplazar tanto las Coevas (Comisión de Evaluación Ambiental), como el Comité de Ministros, ambas instancias que se eliminan con el articulado.
De entrada, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, explicó que la idea era hacer nuevamente una presentación, pero que no sería la misma de la realizada en enero cuando se ingresó el texto, sino que “ya con un poquito de reflexión con estos dos meses que hemos tenido de audiencia y una retroalimentación importante de cómo se está recibiendo el proyecto”.
“El proyecto propone un conjunto de medidas, por eso que es un proyecto que no puede ser tan simple como resolver un tema no más y con eso se va a solucionar todo el problema de los permisos ambientales, y este conjunto de medidas buscan entregar certeza y eficiencia en los procesos sin relativizar estándares ambientales”, enfatizó.
Tal como se auguraba en el ingreso del articulado al Congreso, donde la propia ministra reconoció en entrevista con DF que la eliminación de las Coevas “generará debate”, en la exposición ante la comisión, el jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, Sebastián Aylwin, sinceró que ven que “existe consenso respecto a que la actual Coeva no es quizás la mejor órgano, pero que por otro lado también un órgano unipersonal podría tampoco ser la solución definitiva”.
Aylwin mostró la disposición para presentar a la comisión algunas cosas que están estudiando para hacerse cargo de esas observaciones. Según explicó, la primera, es que quieren llamar la atención respecto de que el actual sistema de Coevas no distingue de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), que son más sencillos; y los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que son más complejos.
“Si uno lo lleva a nivel de inversión, los EIA, que son el 10% del sistema, son el 50% de la inversión. Entonces, efectivamente uno podría centrar ahí las decisiones más complejas y tener un sistema que pudiese ser un poco más sencillo para las DIA. Actualmente, el sistema no distingue, le entrega al mismo órgano los dos tipos de proyecto”, dijo.
Lo segundo, añadió, “como Ministerio hemos encargado un informe en derecho para estudiar cómo se resuelve esta situación en otros países de la OCDE y otros órganos del sistema nacional, como la Comisión para el Mercado Financiero u otros que tengan integraciones colegiadas para ver qué otras soluciones también podríamos sugerir”.
El abogado también resaltó que es muy importante que este sea un sistema funcional y que entregue certidumbre, porque actualmente se cumplen los plazos. Según explicó, actualmente el presidente de la Coeva es el delegado presidencial y eso permite que este responda dentro de los plazos legales para calificar los proyectos.
“Ocurre que cuando estos proyectos, por ejemplo el Comité de Ministros, son entregados a autoridades políticas, estas últimas tienen la tentación de aplazar el conocimiento de los proyectos por determinados elementos de contingencia. Entonces, es muy importante que la solución que le entreguemos sea una solución que nos mantenga dentro de los plazos legales y entregue también certeza de que se va resolver conforme a los antecedentes técnicos que formaron el expediente”, recalcó.
Comité de Ministros
El Gobierno también se refirió a la propuesta de traspasar la decisión del Comité de Ministros a la Dirección Ejecutiva del SEA y que las cuestiones que pudiesen mantener un grado de debate sigan resolviéndose ante los tribunales ambientales. Esto, porque -según argumentaron- hay una parte muy importante del contenido de las reclamaciones que llega al Comité de Ministros, que son de carácter muy técnico.
Aylwin sostuvo que “hay a veces cuestiones que son más difíciles de tecnificar, pero otras muchas tienen que ver con el contenido de las medidas de compensación, por ejemplo, que sí tienen que ver con la información que se presenta y cómo se toman decisiones de acuerdo a los mayores estándares técnicos o a la normativa que existen en nuestro país. Y por eso nos parecía que lo adecuado era traspasarlo a la Dirección Ejecutiva del SEA, lo cual también ha generado observaciones en esta comisión respecto al mismo sentido de que un órgano unipersonal podría ser insuficiente para ello”.
Y añadió: “Nosotros estamos estudiándolo. Esto forma parte del mismo informe en derecho que hemos encargado también para estudiar esta situación”.
Consultados, en el Ministerio del Medio Ambiente explican que efectivamente se está realizando una consultoría con expertos en la materia que revise la legislación comparada y la experiencia en otros países con el objetivo de analizar si es pertinente hacer modificaciones o perfeccionar las propuestas que contiene el proyecto de reforma a la ley 19.300 para reemplazar el Comité de Ministros y las Coevas.
La tramitación del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias ya entró en tierra derecha.
La comisión de Hacienda del Senado ha despachado varios artículos a Sala, los que se relacionan con temas claves como la nueva gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), la nueva forma de aplicar la Norma General Antielusiva (NGA) y la flexibilización del levantamiento del secreto bancario. Se espera que el proyecto se despache a Sala el próximo lunes, para ser votado el miércoles.
Una de las bancadas que tendrá que pronunciarse sobre el proyecto es Demócratas. Un documento de la tienda presidida por Ximena Rincón valora una serie de materias propuestas vía indicaciones por Hacienda, pero también pide aclaraciones en varios puntos del texto.
Así, el texto define ocho temas que consideran van “en la línea de lo correcto”: que se respete el principio de especialidad en materia de Norma Antielusiva; que en caso de aplicar una Norma Especial Antielusión, no se puede aplicar la Norma General Antielusión (NGA) y viceversa, además de que se mantenga la aplicación de la norma a regímenes especiales; que la NGA requiera recomendación del Comité Ejecutivo del Servicio de Impuestos Internos (SII); la creación del Departamento de Normas Generales Antielusión; que se amplíen los plazos para aplicación de la NGA vía suspensión; y que se establece obligación de un apoderado común para grupos empresariales.
La tienda también valora los ajustes que hizo Hacienda a las normas de relación para efectos de fiscalizar a contribuyentes o grupos económicos, fijando que dos o más partes se considerarán relacionadas cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias: unidad de dirección o administración; dependencia económica o financiera entre las partes; relación de parentesco entre las personas o sus administradores o directores, considerando al o la cónyuge, conviviente civil, ascendientes, descendientes y parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; y comercialización de bienes o servicios idénticos o similares bajo una misma denominación o marca.
También destacan que no aplicará la facultad de tasación del SII para fusiones, divisiones, ni otros tipos de reorganizaciones con legítima razón de negocios.
Lo que falta
Pese a que Demócratas destaca varias aclaraciones que hizo el Ejecutivo al proyecto tributario, el documento enumera 17 temas que consideran deben ser “perfeccionados”.
Por ejemplo, señalan que se puede perfeccionar la redacción respecto a los abusos de formas jurídicas en la NGA para evitar “malas interpretaciones, sobre todo en las últimas indicaciones presentadas”.
También, en el marco del secreto bancario, proponen agregar que toda comunicación entre la institución financiera y el SII debiese ir con copia al contribuyente. Postulan que se deberían enviar al SII todas las transacciones para consolidar las 50 operaciones de cuentas distintas, en el marco del artículo que busca fiscalizar las transferencias bancarias reiteradas recibidas por un contribuyente.
Demócratas considera muy baja la multa por traslado de mercaderías falsas o sin pago de impuestos, de 20% al 300% de 1 UTA ($ 160.000 a $ 2.400.000). A su vez, critican la eliminación de los incentivos tributarios a las donaciones hasta 250 UTM ($ 16 millones) a legitimarios y asignatarios.
Si bien destacan que se reglamenta el nuevo comité ejecutivo y el consejo tributario con amplias facultades para servir de contrapeso a la dirección del SII, dado el tipo de designación de integrantes “vale la pena pensar si asegura la independencia que se busca o mejor ahorrar recursos”.
En cuanto a las exigencias de información a vendedores habituales de bienes muebles usados, piden aclarar el alcance de la obligación a cualquier operación de compra y venta que supere las 50 UTM o su equivalente en moneda extranjera que deberán efectuarse siempre a través de medios de pago electrónicos o cualquier otro medio de pago que permita la individualización del pagador.
Aunque destacan las mayores facultades que tendrá la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), creen relevante tratar la gobernanza del SII junto con los grados de libertad de la defensoría para generar equilibrios entre las obligaciones y derechos.
La indicación al Art.89 será un “dique difícil de sortear”, ya que creen que un certificado de situación tributaria al día para las Pymes es “difícil de cumplir, por lo que debiese bastar con iniciación de actividades.
También, piden que haya “coherencia” entre el denunciante anónimo y el nuevo proceso de autodenuncia que se crea para contribuyentes, en el sentido que solo puede aplicarse a diferencias de impuestos que podrían fundarse en hechos constitutivos de delito tributario.
En cuanto al Consejo Tributario, cree relevante que no solo pueda opinar sobre las circulares del SII, sino también sobre los oficios que emitan el director nacional y los directores regionales en el ejercicio de su facultad de interpretar administrativamente las leyes tributarias
En caso de reorganización empresarial (fusión), se establece que la continuadora legal (absorbente) mantendrá el beneficio o la autorización otorgada a la absorbida para obtener de forma previa a la materialización de la exportación el reembolso del IVA exportador: “Habría que dejar expresamente establecido que ello no suspende ni interrumpe el plazo otorgado al exportador absorbido para materializar la exportación”, pide la tienda.
En consejo de gabinete, Boric pide a ministros acelerar aprobación de la reforma de pensiones y cumplimiento tributario: “No es fácil, pero las vamos a sacar adelante”
El Presidente de la República, Gabriel Boric, lideró este viernes un nuevo consejo de gabinete de ministros en La Moneda. La autoridad entregó palabras al inicio de la reunión, llamando a sus colaboradores a no relajarse y seguir adelante con sus tareas.
“Estamos en un momento de realizaciones, de cosechar lo que hemos ido sembrando y eso requiere mucho trabajo. La cosecha no emerge sola, por lo tanto, tenemos que estar con la gente y atentos a sus necesidades y materializando las reformas que hemos impulsado”, señaló el mandatario a sus secretarios de Estado.
Boric agregó que “sé que puede haber cansancio luego de dos años y medio, queda solo un año medio, pero queda mucho por hacer, no hay espacio para el relajo”.
El Presidente les solicitó “estar firmes con presencia activa y materializando los cambios con que nos hemos comprometido con el país. Estoy motivado, hay motivos para estar optimistas, pero no confiados, depende del trabajo que hagamos y esas son las tareas que debemos afinar”.
El mandatario destacó los avances en reforma de pensiones y el pacto fiscal, al señalar que “felicito el empeño del ministro Marcel y la ministra Jara, en que las reformas de cumplimiento tributario y de sistema de pensiones, que algunos llamaban incluso a desahuciar, estén avanzando y encaminadas. No es fácil, todavía quedan cosas por hacer pero las vamos a sacar adelante”.
Boric además reiteró que durante septiembre se va a ingresar y retomar la discusión sobre la eutanasia y el proyecto que termina con el Crédito con Aval del Estado (CAE) e instaura un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior.
La encuesta elaborada por el Institutional Investor Research destaca cada año el desempeño de las mejores empresas y ejecutivos de Latinoamérica. Este año aparecieron en el listado compañías de México, Argentina, Panamá, Perú, Colombia, Uruguay y Chile.
Los reconocimientos fueron entregados en una ceremonia en la ciudad de Nueva York el jueves de esta semana. En la 15ª encuesta anual de equipos ejecutivos realizada entre febrero y marzo de 2024, más de 1.100 inversores, gestores de carteras y analistas de 505 firmas evaluaron a 322 empresas y más de 1.000 profesionales en 16 sectores.
Las firmas chilenas fueron las segundas más galardonadas después de las mexicanas con 27 representantes.
Entre las nacionales destacadas están AES Andes, Aguas Andinas, Banco de Chile, Banco Santander Chile, CAP, Cencosud, Colbún, Embotelladora Andina, Entel, Enel Américas, Enel Chile, ENGIE Energía Chile, Falabella, Latam Airlines, Parque Arauco y SMU.
Le siguieron las argentinas con seis firmas, entre las que figuran YPF, MercadoLibre, Pampa Energía, Despegar.com y Arcos Dorados; Colombia con Bancolombia y Cementos Argos; Perú con Credicorp; Panamá con Copa Holdings y Uruguay con DLocal.
Los ejecutivos de Chile se destacaron especialmente en el sector energético. Se premió como mejor CEO a Fabrizio Barderi de Enel Chile, José Ignacio Escobar de Colbún, Aurelio Bustilho de Enel Américas. Dentro de los CFO se reconoció a Giuseppe Turchiarelli de Enel Chile, Miguel Alarcón de Colbún, Eduardo Milligan Wenzel de ENGIE Energía Chile y Ricardo Roizen de AES Andes. También fueron galardonados en el sector de alimentos y bebidas Miguel Angel Peirano, CEO de Embotelladora Andina y su CFO Andrés Waine. En la categoría Real Estate se destacó al CEO de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant, a su CFO Francisco Moyano y a Lauren Brown, Head of Investor Relations.
Marcelo Gálvez CEO de SMU y su CFO Arturo Silva Ortiz también fueron premiados, al igual que Inés Ostenrieder por su labor de CFO de Cencosud, quien actualmente se desempeña como gerente de finanzas en WOM.
En la categoría de transporte subieron al podio el CEO Latam, Roberto Alvo, su CFO Ramiro Alfonsin y Tori Creighton, la jefa de relaciones con inversionistas. Además, se destacó a Paula Salinas de CAP, quien también lidera la relación con inversionistas.