Aunque el objetivo era revisar nuevamente el proyecto de ley por la integración en este período legislativo a la comisión de Medio Ambiente de los senadores Rafael Prohens y Ricardo Lagos Weber, la sesión de la instancia este lunes fue el momento de analizar las primeras impresiones que ha dejado la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente que contempla la modernización al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Y, también, sincerar que buscarán nuevas alternativas para reemplazar tanto las Coevas (Comisión de Evaluación Ambiental), como el Comité de Ministros, ambas instancias que se eliminan con el articulado.
De entrada, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, explicó que la idea era hacer nuevamente una presentación, pero que no sería la misma de la realizada en enero cuando se ingresó el texto, sino que “ya con un poquito de reflexión con estos dos meses que hemos tenido de audiencia y una retroalimentación importante de cómo se está recibiendo el proyecto”.
“El proyecto propone un conjunto de medidas, por eso que es un proyecto que no puede ser tan simple como resolver un tema no más y con eso se va a solucionar todo el problema de los permisos ambientales, y este conjunto de medidas buscan entregar certeza y eficiencia en los procesos sin relativizar estándares ambientales”, enfatizó.
Tal como se auguraba en el ingreso del articulado al Congreso, donde la propia ministra reconoció en entrevista con DF que la eliminación de las Coevas “generará debate”, en la exposición ante la comisión, el jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, Sebastián Aylwin, sinceró que ven que “existe consenso respecto a que la actual Coeva no es quizás la mejor órgano, pero que por otro lado también un órgano unipersonal podría tampoco ser la solución definitiva”.
Aylwin mostró la disposición para presentar a la comisión algunas cosas que están estudiando para hacerse cargo de esas observaciones. Según explicó, la primera, es que quieren llamar la atención respecto de que el actual sistema de Coevas no distingue de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), que son más sencillos; y los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que son más complejos.
“Si uno lo lleva a nivel de inversión, los EIA, que son el 10% del sistema, son el 50% de la inversión. Entonces, efectivamente uno podría centrar ahí las decisiones más complejas y tener un sistema que pudiese ser un poco más sencillo para las DIA. Actualmente, el sistema no distingue, le entrega al mismo órgano los dos tipos de proyecto”, dijo.
Lo segundo, añadió, “como Ministerio hemos encargado un informe en derecho para estudiar cómo se resuelve esta situación en otros países de la OCDE y otros órganos del sistema nacional, como la Comisión para el Mercado Financiero u otros que tengan integraciones colegiadas para ver qué otras soluciones también podríamos sugerir”.
El abogado también resaltó que es muy importante que este sea un sistema funcional y que entregue certidumbre, porque actualmente se cumplen los plazos. Según explicó, actualmente el presidente de la Coeva es el delegado presidencial y eso permite que este responda dentro de los plazos legales para calificar los proyectos.
“Ocurre que cuando estos proyectos, por ejemplo el Comité de Ministros, son entregados a autoridades políticas, estas últimas tienen la tentación de aplazar el conocimiento de los proyectos por determinados elementos de contingencia. Entonces, es muy importante que la solución que le entreguemos sea una solución que nos mantenga dentro de los plazos legales y entregue también certeza de que se va resolver conforme a los antecedentes técnicos que formaron el expediente”, recalcó.
Comité de Ministros
El Gobierno también se refirió a la propuesta de traspasar la decisión del Comité de Ministros a la Dirección Ejecutiva del SEA y que las cuestiones que pudiesen mantener un grado de debate sigan resolviéndose ante los tribunales ambientales. Esto, porque -según argumentaron- hay una parte muy importante del contenido de las reclamaciones que llega al Comité de Ministros, que son de carácter muy técnico.
Aylwin sostuvo que “hay a veces cuestiones que son más difíciles de tecnificar, pero otras muchas tienen que ver con el contenido de las medidas de compensación, por ejemplo, que sí tienen que ver con la información que se presenta y cómo se toman decisiones de acuerdo a los mayores estándares técnicos o a la normativa que existen en nuestro país. Y por eso nos parecía que lo adecuado era traspasarlo a la Dirección Ejecutiva del SEA, lo cual también ha generado observaciones en esta comisión respecto al mismo sentido de que un órgano unipersonal podría ser insuficiente para ello”.
Y añadió: “Nosotros estamos estudiándolo. Esto forma parte del mismo informe en derecho que hemos encargado también para estudiar esta situación”.
Consultados, en el Ministerio del Medio Ambiente explican que efectivamente se está realizando una consultoría con expertos en la materia que revise la legislación comparada y la experiencia en otros países con el objetivo de analizar si es pertinente hacer modificaciones o perfeccionar las propuestas que contiene el proyecto de reforma a la ley 19.300 para reemplazar el Comité de Ministros y las Coevas.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.
La startup tecnológica de conducción autónoma WeRide presentó su solicitud para lo que podría ser la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de una empresa china en Estados Unidos desde la desastrosa cotización de la empresa de viajes compartidos Didi Global, en 2021.
WeRide dijo en una presentación este viernes que puede enfrentar “varios riesgos e incertidumbres legales y operativos asociados con tener nuestra sede o nuestras operaciones principalmente en China continental”. La compañía no revelará el número ni el rango de precios propuesto para sus Acciones Depositarias Estadounidenses (ADR, sigla en inglés) hasta que esté lista para comenzar a comercializarlas.
WeRide, constituida en las Islas Caimán, solicitó de forma confidencial una OPI con un plan para recaudar hasta US$ 500 millones, informó Bloomberg News el año pasado. Después de que la OPI de Didi por valor US$ 4.440 millones provocara una ofensiva por parte de Beijing contra las empresas con datos confidenciales que vendían acciones en el extranjero, los listamientos en Estados Unidos de empresas con sede en China se habían estancado.
En su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, sigla en de EEUU), WeRide dijo que tuvo una pérdida de US$ 268 millones de sobre ingresos de US$ 55 millones el año pasado.
Fundada en 2017, WeRide desarrolla tecnología de conducción autónoma y la está probando o implementando comercialmente en 30 ciudades en siete países, dijo en el documento. WeRide produce vehículos que incluyen robotaxis, minibuses, furgonetas y barredoras de calles, además de sus soluciones de software y hardware para conducción autónoma.
Según el documento, el actual inversor Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance acordó comprar acciones en la OPI en una colocación privada.
La oferta está dirigida por Morgan Stanley, JPMorgan Chase y China International Capital. La compañía planea que sus ADR coticen en el mercado de valores Nasdaq con el símbolo WRD.