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Claudio Reyes: “Vamos a llegar al Senado, sabemos que ahí no tenemos los votos, tenemos que convencer a algunos parlamentarios de la oposición”

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Si bien el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, tiene un bajo perfil público, es uno de los que ha estado encabezando el trabajo de la reforma previsional, tanto desde el punto de vista de los cambios que se hicieron al proyecto cuando el gobierno ingresó sus indicaciones a fines del año pasado, como por las conversaciones que ha tenido con parlamentarios de distintos sectores políticos para intentar llegar a consensos.

“Lo importante de esta semana es que reanudamos la votación de los artículos de este proyecto de ley de reforma de pensiones. Después de 14 meses en que estuvo en la Cámara de Diputados, en particular en la Comisión de Trabajo, ha sido una semana intensa, pero estamos avanzando fuertemente”, destaca el subsecretario.

También enumera los temas que se han aprobado: la reorganización de la industria, el cambio de multifondos a fondos generacionales. La creación del Inversor de Pensiones del Estado (IPE). El ingreso de nuevos competidores a la gestión de inversiones. El autopréstamo. Y la transición.

“Nos quedan, eso sí, dos elementos fundamentales que deben resolverse. Por una parte, el seguro social, o más bien la distribución de la nueva cotización del 6%, y la Pensión Garantizada Universal (PGU), que son las materias que se van a votar el próximo lunes”, comenta.

Luego de que este lunes se despache el proyecto en la Comisión de Trabajo, deberá pasar a la Comisión de Hacienda, instancia que debería evacuar el proyecto durante la próxima semana, estima el subsecretario, para que se vote en sala durante la semana del 22 de enero. Respecto de si están o no los votos para aprobar la idea de legislar en la Cámara, responde: “Nosotros creemos que sí”.

Desde el centro político han pedido que la cotización adicional se distribuya en un 3% cuentas individuales y 3% al seguro social.

-Yo creo que lo que todos esperamos, y ha sido nuestro propósito siempre, es que lleguemos a algún acuerdo. Es el momento ya de llegar a los acuerdos, no solamente porque hemos estado 14 meses discutiendo este proyecto, sino porque la ciudadanía lleva ya casi 10 años o más esperando que haya una reforma de pensiones. Lo que se traduzca en mejorar las pensiones, pensionados actuales y futuros, es lo que vamos a propiciar. Las combinaciones pueden ser distintas, pero si cumplen el propósito que nos hemos marcado, estamos, por supuesto, dispuestos a considerarlas.

¿Qué están dispuestos a ceder en las negociaciones con Chile Vamos en el Senado?

-Con el Senado y con algunos senadores, particularmente de oposición, hemos sostenido muchas conversaciones. Creo que hay una disposición a conversar y que la sensatez va a estar presente en estas conversaciones. Vamos a llegar al Senado, sabemos que ahí no tenemos los votos, tenemos que convencer a algunos parlamentarios de la oposición, obviamente no podemos convencer a toda la oposición, pero nuevamente, hemos visto buena disposición al diálogo y ese diálogo lo hemos mantenido y lo vamos a seguir sosteniendo para llegar a una solución satisfactoria para todos los chilenos y chilenas.

¿En cuánto tiempo esperan tener despachado el proyecto de todo el Parlamento?

-Uno tiene siempre fechas ideales, uno diría que mayo sería un mes interesante en el cual podamos alcanzar un acuerdo y poderlo votar y transformarlo en ley, pero todo depende de las voluntades.

¿Cree que en el Senado son suficientes dos o tres meses para poder debatir y despachar el proyecto?

-Como digo, en estos 14 meses hemos abierto muchos ámbitos de conversación, han participado también representantes de los senadores. Los senadores están al tanto del proyecto, por lo tanto, no es un proyecto desconocido. Yo creo que, si ponemos la info en este trabajo y podemos responder prontamente, podemos tener un proyecto en el primer semestre.

¿Se dificulta la viabilidad de la reforma si no se logra despachar del Congreso en el primer semestre?

-No es que se dificulte, pero entramos en un tiempo distinto. No nos olvidemos que este año hay elecciones municipales y de gobernadores, el próximo año de diputados y presidenciales, y de alguna manera los tiempos electorales no facilitan, yo diría, la conversación o el diálogo, o ponen elementos distractores, por así decirlo. Entonces, creo que lo mejor para todos es tener un acuerdo lo más pronto posible.

¿Qué responde a los críticos que han dicho que este es un nuevo proyecto el que se ingresó mediante las indicaciones, y que no se ha dado el tiempo suficiente para debatirlo?

-La verdad es que no es un nuevo proyecto, este es un proyecto reducido donde se ha hecho un esfuerzo enorme. Fue parte de las peticiones que se hizo por parte de la oposición, de reducir en forma importante el proyecto. De 350 artículos que tenía originalmente, esta versión tiene 89 (…) Por lo tanto, yo creo que no es válido calificarlo como un proyecto nuevo.

¿Cuánto suben las pensiones de hombres y mujeres con estas indicaciones?

-Los aumentos, estamos hablando probablemente, de entre un 15% y un 20% de las pensiones actuales (por Seguro Social y PGU, pero depende según el caso de cada persona). Y ahí es donde tenemos un punto importante a resolver, que no hemos encontrado, yo diría, un elemento común con la oposición, que es cómo subimos las pensiones actuales. Y digo cómo, no porque no haya habido propuestas, sino porque las propuestas que se han puesto sobre la mesa, por el lado de la oposición, finalmente terminan considerando ya sea una deuda del Fisco o un gasto del Fisco. Y eso altera los equilibrios fiscales. Entonces, si no tenemos esos elementos, que además han sido rechazados con la reforma tributaria, y en este momento están sobre la mesa, pero no han sido aprobadas con el pacto fiscal, es imposible avanzar con una solución que considere esos elementos.

¿Las indicaciones cuánto suben las pensiones para los futuros pensionados?

-Eso va a depender, porque es el tema que tenemos que conversar y acordar, cuánto destinemos a las cuentas individuales.

¿Pero tal como están hoy las indicaciones, cuánto suben?

-También estamos entrando en el largo plazo a tasas del orden del 15% y el 20%

Pero si el 6% fuera cuenta individual, subirían en 60%.

-No es tan lineal, pero subiría más, por cierto, si va más. Pero eso es para los futuros, nuevamente. Acá estamos hablando de plazos de 20 o 30 años.

¿A qué segmento de los futuros pensionados le suben más las pensiones con esta fórmula que propone el gobierno, versus si todo fuera a su cuenta individual? Porque alguien debe salir ganando con esta solidaridad.

-En este momento, el segmento de la población que gana más es aquel que ya está pensionado. Y ese segmento es un segmento que yo definiría de clase media. Es la clase media a la cual va dirigida esta reforma

Pero ¿y a los futuros, que son los que van a aportar el 6%? ¿Quiénes son los más beneficiados ahí?

-Bueno, ahí se distribuye en forma equitativa. Por cierto, quienes son los más beneficiados son los que tienen más tiempo para poder ir acumulando mayor ahorro en su cuenta individual, los más jóvenes.

Los ingresos del Fondo Integrado de Pensiones, el fondo que se va a formar con la cotización que se destina al Seguro Social, empiezan a ser muy superiores a los gastos desde el año 2068 o 2070. Y después de algunos años, los ingresos más que duplican los gastos. ¿Qué se va a hacer con esos fondos?

-Es una decisión que hay que tomar, algo que también se puede considerar, porque ahí la autoridad del momento tendrá que tomar la decisión sobre qué hace con esos recursos. Puede aumentar los beneficios, es decir, las garantías, y ya no ser solo 0,1 UF por año cotizado, sino que sea superior. O también se puede tomar la decisión de que esos fondos vayan a las cuentas individuales. Yo creo que es un tema que hay que conversar y establecer claramente una mecánica que considere los parámetros que se puedan dar para tomar esas decisiones. Y hay instancias que de alguna manera tienen una neutralidad política, como el Consejo de Estabilidad Financiera, o el Consejo Fiscal Asesor, que pueden tomar una decisión diciendo ‘mire, este es el mejor destino de esos recursos’. En efecto, hay que tomar alguna decisión cuando esa situación ocurra.

¿Pero la decisión no se va a tomar ahora en la reforma?

-Yo creo que se podría dejar una instancia, como digo, un mecanismo que dado el cumplimiento de ciertas características, la autoridad del momento esté obligada a tomar una decisión (…) Estamos conscientes de que a partir de ese año hay una cantidad de recursos que empiezan claramente ya a sobrar. Por lo tanto, hay que buscarle un destino. Y creo que es el momento de hacerlo.

La presidenta de la Asociación de AFP dijo que, si antes existía un riesgo de estatización, ahora es mayor. ¿Puede asegurar que con la licitación del 10% del stock por año, el ente estatal, el IPE, no va a acaparar más de la mitad de los afiliados en unos pocos años?

-Creo que esa es una apreciación que no tiene fundamento. Digo esto porque uno de los requerimientos que se pidió para cambiar el proyecto de ley y presentar nuevas indicaciones, era una menor presencia del Estado en todo el proceso (…) El inversionista público va a jugar en las mismas condiciones, con las mismas reglas, con las mismas competencias, que cualquier inversionista privado. Tiene un tope máximo de afiliados que puede capturar (30%), va a partir de cero, a diferencia de la actual administradora de fondos de inversión que van a partir con una cartera de afiliados, incluso una de ellas, muy cercana al 30%. Por lo tanto, está muy lejos de existir esa posibilidad de estatización.

Pero lo que argumentan es que justamente no están las mismas reglas, porque al IPE, en caso de no tener ingresos suficientes para funcionar, el Estado le tiene que inyectar dinero, y entonces puede ofertar una comisión en la licitación que sea deficitaria.

-A ver, el IPE se va a regir por la regla de la ley de sociedades anónimas, como se rigen todos los demás. Todos los accionistas de una institución que queda con un capital bajo el requerimiento mínimo, están obligados a aportarlo. En el caso del IPE, como ocurre también en las AFP cuando partieron, tienen que hacer aportes extraordinarios hasta que no se alcance el punto de equilibrio con una masa de afiliados necesaria. No es una característica exclusiva y propia del IPE, es la característica de cualquiera que vaya a entrar desde cero y le pasó a las mismas AFP cuando partieron desde cero.

Pero no es una obligación alcanzar el punto de equilibrio, puede ocurrir que el Estado lo financie de por vida. En las indicaciones se establece que si es que los ingresos del IPE llegan a ser menores…

-No, en las indicaciones no se establece eso. Eso lo establece la norma que va a regir para todos los inversores de pensiones que tienen que mantener un patrimonio mínimo. Y por lo tanto, si ese patrimonio en algún momento baja de ese mínimo, el accionista, sea cual sea, privado o público, está obligado a aportarlo. Por lo tanto, es la misma regla para todos.

Pero entonces, ¿no ve que existe el riesgo de que el IPE pueda ofertar una comisión que para cualquier otro actor sea deficitaria?

-Yo no lo veo, porque como todo accionista, aunque sea el Estado, esos aportes de capital pasan por una ley de Presupuestos. Una ley de Presupuestos que además debe ser aprobada por un Congreso. Por lo tanto, si hubiese una entidad permanentemente deficitaria, no creo que sea una entidad que podría permanecer en el tiempo.

¿Y cómo se resguarda el riesgo de que eventualmente el gobierno de turno pueda llamar al IPE y pedirle que invierta en bonos del Estado, considerando que el IPE sí va a poder invertir en el Estado que es su controlador?

-A ver, todos los inversores de pensiones se rigen por límites de inversiones que son equitativos para todos. Eso limita instrumentos, por plazo, moneda, emisor, etc. Por lo tanto, hay un límite general para todos en papeles del Estado, no es para uno exclusivo. En particular, no solamente en las inversiones de AFP, sino en todos los operadores del mercados capitales, tienen límites de inversión en sus partes relacionadas, porque, entre otras cosas, tienen que ver con conflictos de interés. Pero eso bajo el concepto de grupo empresarial. El Estado no es un grupo empresarial, y en ese sentido la Constitución es clara al respecto. No se le aplican los mismos límites al Estado que lo que le aplican a los privados. Por lo tanto, la restricción que va a tener el IPE para invertir en papeles del Estado va a ser la misma desde el punto de vista financiero que van a tener todos.

¿O sea, no hay una estatización como afirma la Asociación de AFP?

-No hay una estatización.

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Carter emplaza a Boric a propiciar ley de amnistía para carabineros por el 18-O

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El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, llamó al Presidente Gabriel Boric a propiciar una ley de amnistía para los funcionarios de Carabineros condenados por hechos en el marco del estallido social.

Esto, afirmó Carter, con el propósito de dar una señal concreta del gobierno a la institución policial, en medio de la crisis delictual y de crimen organizado que afecta al país.

“Así como indultó a los delincuentes de la primera línea, ha llegado la hora de que el Presidente, en una decisión que requiere mucho coraje, esté dispuesto a evaluar una amnistía general para los carabineros que están siendo perseguidos por hechos relacionados al estallido social. Y claramente tiene que quedar fuera de esto cualquier causa de homicidio”, sostuvo el jefe comunal.

“Ha llegado el momento de terminar con la persecución a Carabineros”, enfatizó Carter. “No tenemos carabineros detenidos por torturar, ni por poner electricidad, no eran centros de detención. Esto no fue una dictadura con centros ilegales de detención, fue una pelea callejera brutal”, explicó, acusando un “activismo judicial de la ultraizquierda” que, a su juicio, ha perseguido a los funcionarios policiales desde 2019.

En este sentido, destacó que deben darse garantías a los carabineros que dejen “a sus oficiales y suboficiales tranquilos, a su director general tranquilo, y que termine este acoso judicial del que están siendo víctimas”.

Cabe recordar que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, será formalizado el próximo 7 de mayo por 1.386 causas por violaciones a los derechos humanos el contexto del estallido social.

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Revisa los recintos que mantendrán suspensión de clases en la Región de Atacama

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Este martes, el Ministerio de Educación (Mineduc) dio a conocer que este miércoles 17 de abril tres establecimientos educacionales de la Región de Atacama mantendrán la medida de suspensión de clases, debido a los efectos de las intensas precipitaciones que se han registrado durante el fin de semana pasado.

Según el último reporte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD) del Mineduc, de las 17.00 horas de este martes, la medida contempla un liceo de Copiapó y dos escuelas de Tierra Amarilla.

Los recintos con suspensión corresponden a dos establecimientos del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama y un liceo particular subvencionado.

Cabe señalar que según el último reporte emitido a las 19,15 horas por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), en torno a la situación meteorológica de la región, 20 familias que estuvieron aisladas en la comuna de Tierra Amarilla se encuentran en buenas condiciones tras la habilitación de la Ruta C-35, mientras que otras diez personas que se mantenían albergadas en la comuna de Alto del Carmen retornaron a sus hogares.

Asimismo, de las cuatro viviendas con daños en evaluación en la comuna de Alto del Carmen, tres resultaron con daño mayor y una se mantiene en evaluación, contabilizando a seis personas damnificadas, quienes fueron trasladados a Posta de Salud Rural para su evaluación médica y posteriormente a casa de familiares.

En tanto, se informó que 160 personas se mantienen sin suministro de agua potable por falla en Servicio Sanitario Rural (SSR) de Conay Alto y Malaguín, en la comuna de Alto del Carmen.

Copiapó:

Liceo Sagrado Corazón

Tierra Amarilla:

Escuela Paul Harris

Escuela Amolanas

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Las Tías: comienza histórico juicio contra banda donde la Fiscalía pide penas que suman 530 años de cárcel

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Penas que en total superan los 500 años de cárcel y 680 millones de pesos en multas contempla la solicitud de la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía Regional de Antofagasta en el juicio oral que comenzó este martes contra los 13 integrantes de la organización criminal denominada Las Tías.

El juicio reviste gran relevancia para el Ministerio Público, pues se trata de la primera vez en la historia de la Reforma Procesal Penal en la región que se presenta acusación simultánea por los delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita para el tráfico de drogas y lavado de activos en contra de los líderes de una banda criminal.

Las Tías operaban en la ciudad de Calama y debe su nombre a su inusual estructura jerárquica, que era dirigida por dos mujeres de nacionalidad chilena que ejercían su actividad ilícita en coordinación con hijos, esposos y familiares.

La banda se dedicaba a la venta y distribución de drogas, principalmente pasta base, actividad que realizaban de manera continua en dos inmuebles deshabitados de Calama, los cuales habían sido “tomados” por la agrupación, aprovechando que sus legítimos propietarios habían fallecido.

“Se trataba de una organización altamente jerarquizada, que era dirigida por ambas mujeres, apodadas Las Tías, quienes se encargaban de contactar a los proveedores de droga, repartirla entre sus mandos medios y, en general, tomar todas las decisiones importantes que atañen al funcionamiento de la banda”, señaló el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

Castro Bekios, que estuvo a cargo de dicha investigación, que se extendió por casi tres años y donde participaron OS7 de Carabineros Sección El Loa y la Sección Lavado de Activos del Departamento Antidrogas de Santiago, explicó que la pesquisa comenzó en 2019 con distintas diligencias que permitieron ir conociendo la forma de actuar del grupo e identificar a sus integrantes y los roles que cada uno jugaba en la organización.

Según la investigación, la venta de droga se realizaba a través de los denominados “soldados” o “pilotos”, que iban siendo constantemente intercambiados y reemplazados, mientras que otros miembros se dedican a trasladar la droga desde lugares de acopio a los domicilios para dar continuidad a la venta del producto.

La particularidad que tenía esta asociación ilícita, añadió el fiscal regional, es que llevaba varios años dedicándose ininterrumpidamente al tráfico de drogas en Calama y pese a los constantes esfuerzos de las policías, no había sido posible desarticularla.

“Los domicilios (donde se vendía la droga) habían sido allanados varias veces, pero solo se había logrado detener a quienes cumplían el rol de vendedores. Por eso, esta investigación lo que hizo fue reconstruir toda la orgánica de la asociación ilícita para que, en definitiva, se pudiera acreditar la participación de los demás miembros, desde sus líderes y mandos medios hasta los vendedores”, detalló el fiscal.

El Ministerio Público acusó en septiembre del año pasado a los 13 integrantes de la banda, solicitando para ellos diversas penas que en total suman alrededor de 530 años de cárcel, incluyendo penas de presidio perpetuo para los líderes de la estructura.

Atendida la complejidad de la investigación y la gran cantidad de pruebas que se deben rendir, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta, compuesta por los jueces Patricia Alvarado, Israel Fuentes y José Luis Ayala programó audiencias diarias hasta el mes de junio, sin acceso a público por capacidad del tribunal.

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