Hace una semana, el sábado 16 de diciembre, el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba del Pedregal (75) estaba sentado en su celda de Capitán Yáber -dicen otros reos- reflexionando todo lo que había ocurrido este 2023. Ese día cumplió seis meses en prisión preventiva. El 4 de diciembre pasó por primera vez su cumpleaños en una cárcel acusado de delitos vinculados a actos de corrupción mientras ejerció como jefe comunal.

Ya ha pasado medio año, se aproximan la Navidad y el Año Nuevo y se ve lejos la posibilidad de que salga libre: la justicia ha rechazado revocar su medida cautelar en ocho ocasiones, tanto jueces de garantía como la propia Corte de Apelaciones de Santiago. Ahora, sólo le queda aguardar el cierre de la investigación liderada por el fiscal Francisco Jacir y el juicio en el que se prevé que el Ministerio Público solicitará las más altas penas de cárcel en un caso emblemático de corrupción municipal.

Aún está en la retina del imputado, y sus abogados, la dura resolución dictada por la jueza María Carolina Herrera, que el 16 de junio lo calificó como un peligro para la seguridad de la sociedad y enfatizó su resolución de prisión en los $ 700 millones que habrían sido desviados por la exautoridad de Vitacura. “Parte de los dineros públicos destinados para los fines de esas organizaciones (Vita Salud y Deporte) terminaron en las cuentas bancarias del alcalde Raúl Torrealba y su cónyuge. En dicho mecanismo participaron funcionarios municipales que ejercían cargos públicos de director y subdirectora de desarrollo comunitario (…), los cuales recibieron instrucciones para desviar fondos que, en muchos casos, se depositaron periódicamente en las cuentas del imputado en efectivo para lo que se utilizó choferes personales”, advirtió en esa oportunidad la magistrada.

El caso de Torrealba, un emblemático edil de RN, remeció la arena política. Pero no sería el único que enfrentaría a la justicia. La Fiscalía Oriente trabaja en la formalización de la exalcaldesa UDI Cathy Barriga, agendada para el 16 de enero, en que se le imputarán fraudes al Fisco reiterados. Su sucesor, Tomás Vodanovic (RD), apunta a una serie de ilegalidades que involucran un perjuicio de más de $ 31 mil millones del erario fiscal.

Ambos exalcaldes se suman a un reservado listado que maneja la Unidad Anticorrupción, liderada por el abogado Eugenio Campos, de la Fiscalía Nacional, y que cuenta con 642 causas abiertas en todo el país por delitos de aplicación pública diferente, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude al Fisco y blanqueo de capitales. Todos ellos presuntamente cometidos por alcaldes y/o funcionarios municipales.

La Tercera pudo acceder a esta información y lo que se destaca es que estas más de 600 causas vigentes están repartidas en todo el país. Es decir, de las XV regiones del país, en todas existe al menos alguna investigación calificada de “relevante” y que implica el presunto desvío de dineros municipales.

Del total, existen 179 indagatorias en la Región Metropolitana, es decir, se concentra el 27,8% de los casos. En detalle, 60 de ellas se tramitan en la Fiscalía Centro Norte, 27 en la Fiscalía Oriente, 50 en la Fiscalía Occidente y 42 en la Fiscalía Sur.

Otro registro importante es la cantidad de querellas que ha presentado el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Hay 90 acciones criminales en todo el país, que buscan devolver al Fisco miles de millones de pesos que han sido defraudados en estas causas.

A la RM le siguen las regiones de Valparaíso (70) y Biobío (65), que poseen una gran cantidad de causas abiertas. Asimismo, las comunas con más denuncias son Tierra Amarilla (18), Viña del Mar (16), Antofagasta (10), Santiago (10) y La Pintana (9).

Cada cierto tiempo la Contraloría y Fiscalía determinan la persecución de administraciones. Al interior del Ministerio Público y del ente fiscalizador se coincide en algo: no importa el color político, estas conductas reflejadas en las más de 600 causas muestran que hay autoridades de todo el espectro político, e independientes, bajo la lupa de los organismos.

El 2023, para quienes persiguen estas causas, ha sido especialmente importante en la pesquisa del buen uso de los recursos de las 349 municipalidades que hay en el país.

El 18 de julio de este año, el entonces contralor Jorge Bermúdez notificó al alcalde del PC, Daniel Jadue, de los cargos por “graves infracciones a la probidad en su manejo de las finanzas de la Asociación de Farmacias Populares (Achifarp). Según la fiscalización, hubo acuerdos irregulares que involucran $ 613 millones de recursos fiscales, además de cuestionar el nulo reporte de los dineros que provenían de los municipios asociados, alguno de los cuales son -según se indaga- “fantasmas”. En paralelo, la Fiscalía Centro Norte cuenta con una indagatoria abierta en contra del jefe comunal de Recoleta, quien ya fue citado a declarar en calidad de imputado y respecto de quien se había acordado formalización, la que se ha pospuesto por retraso de peritajes por parte de los organismos auxiliares, según explicaron fuentes del caso a este medio.

Otra de las figuras edilicias que ha sido blanco de indagatorias este año es la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI). La autoridad de Las Condes enfrenta dos flancos. El primero de ellos es la cuestionada compra de terrenos con supuesto pago de sobreprecios del terreno en que se construiría un Cesfam y que recibió también el reproche de Contraloría.

“La actuación del municipio no se ajustó a los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, control y eficiente e idónea administración de los medios públicos y el debido cumplimiento de la función pública”, se lee en la auditoría. Además, se cuestionan las abultadas comisiones, de más de $ 100 millones, que se pagó a la intermediaria de la compra de la denominada “casa 10″. Todo esto en manos del fiscal Rodrigo Mena, que ya allanó las dependencias de Apoquindo 3400. El municipio, este viernes 22, volvió a ser protagonista de un hito judicial que complica a la administración Peñaloza. El Ministerio Público abrió de oficio una investigación por fraude al Fisco, tras el reportaje de Mega que dio a conocer el pago de más de $ 8 mil millones en horas extras.

En el listado aparece también una investigación que involucra a la alcaldesa del PC Irací Hassler. Esto debido a la frustrada compra de lo que iba a ser un proyecto emblemático de su administración: “la primera clínica municipal del país”. La adquisición quedó congelada cuando se denunció el supuesto sobreprecio que se había pagado para adquirir la exclínica Sierra Bella por $ 8.200 millones. Contraloría cuestionó la transacción y la alcaldesa decidió desistir de la compra, pidió la renuncia a su entonces jefe jurídico, Jean Pierre Chiffele, y al secretario comunal de planificación, Luis Mayorga. Este último recientemente declaró y responsabilizó a la alcaldesa de participar directamente de la frustrada compra y que cuando Hassler le pidió su dimisión le ofreció disculpas asegurándole -según su versión- de que era más importante su reelección.

La -hasta ahora- última decisión del Ministerio Público respecto a alcaldes pesa sobre la exautoridad de Ñuñoa Andrés Zarhi, ex RN, quien será imputado por malversar caudales.

Una de las primeras medidas adoptadas por la contralora (S), Dorothy Pérez, fue adecuar el trabajo del organismo tras la partida de Jorge Bermúdez. En ese plan, creó una División de Gobiernos Regionales y Municipalidades. Esto último con el propósito de enfrentar la gran cantidad de casos que involucran supuestos desvíos de recursos fiscales desde los gobiernos locales y regionales.

En ese sentido, el jefe Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, se está reuniendo periódicamente con equipos de Contraloría para trabajar en conjunto estos casos. Para el abogado es urgente que en casos como el de Torrealba no sólo se persiga la responsabilidad penal individual, sino también las maniobras para ocultar los dineros y bienes adquiridos mediante actos ilícitos.

“Desde que asumí este desafío como cabeza de la Unidad Especializada en Anticorrupción ha sido no solo la persecución personal del imputado, sino que busca seguir la ruta del dinero, similar a las investigaciones en crimen organizado o tráfico de drogas, es decir, perseguir el delito de lavado de activos”, sostiene a La Tercera.

Junto con esto, el exfiscal regional de Magallanes sostiene que lo primordial de la reestructuración que ha hecho la administración de Ángel Valencia “es agilizar los procesos investigativos, colaborar en nuevas investigaciones y crear equipos de trabajo especializados”.

Una de esas decisiones, de hecho, llevó a cambiar la investigación en contra de la exalcaldesa Cathy Barriga desde la zona Occidente a la Oriente.

” La unidad ha llevado a cabo investigaciones a nivel nacional, focalizándose en municipalidades afectadas por investigaciones penales. Esta iniciativa ha revelado áreas de opacidad en la administración de fondos municipales, especialmente en corporaciones municipales, que han servido como terreno fértil para actividades ilícitas”, apunta.

Finalmente, Campos reflexiona: “He observado con preocupación cómo ciertos individuos desvían recursos que deberían beneficiar a la comunidad en su conjunto”, y asegura que el próximo año seguirán intensificando la persecución de estos ilícitos alojados en el seno de los municipios.