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El balance de la corrupción en el seno de los municipios

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Hace una semana, el sábado 16 de diciembre, el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba del Pedregal (75) estaba sentado en su celda de Capitán Yáber -dicen otros reos- reflexionando todo lo que había ocurrido este 2023. Ese día cumplió seis meses en prisión preventiva. El 4 de diciembre pasó por primera vez su cumpleaños en una cárcel acusado de delitos vinculados a actos de corrupción mientras ejerció como jefe comunal.

Ya ha pasado medio año, se aproximan la Navidad y el Año Nuevo y se ve lejos la posibilidad de que salga libre: la justicia ha rechazado revocar su medida cautelar en ocho ocasiones, tanto jueces de garantía como la propia Corte de Apelaciones de Santiago. Ahora, sólo le queda aguardar el cierre de la investigación liderada por el fiscal Francisco Jacir y el juicio en el que se prevé que el Ministerio Público solicitará las más altas penas de cárcel en un caso emblemático de corrupción municipal.

El exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba.

Aún está en la retina del imputado, y sus abogados, la dura resolución dictada por la jueza María Carolina Herrera, que el 16 de junio lo calificó como un peligro para la seguridad de la sociedad y enfatizó su resolución de prisión en los $ 700 millones que habrían sido desviados por la exautoridad de Vitacura. “Parte de los dineros públicos destinados para los fines de esas organizaciones (Vita Salud y Deporte) terminaron en las cuentas bancarias del alcalde Raúl Torrealba y su cónyuge. En dicho mecanismo participaron funcionarios municipales que ejercían cargos públicos de director y subdirectora de desarrollo comunitario (…), los cuales recibieron instrucciones para desviar fondos que, en muchos casos, se depositaron periódicamente en las cuentas del imputado en efectivo para lo que se utilizó choferes personales”, advirtió en esa oportunidad la magistrada.

El caso de Torrealba, un emblemático edil de RN, remeció la arena política. Pero no sería el único que enfrentaría a la justicia. La Fiscalía Oriente trabaja en la formalización de la exalcaldesa UDI Cathy Barriga, agendada para el 16 de enero, en que se le imputarán fraudes al Fisco reiterados. Su sucesor, Tomás Vodanovic (RD), apunta a una serie de ilegalidades que involucran un perjuicio de más de $ 31 mil millones del erario fiscal.

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

Ambos exalcaldes se suman a un reservado listado que maneja la Unidad Anticorrupción, liderada por el abogado Eugenio Campos, de la Fiscalía Nacional, y que cuenta con 642 causas abiertas en todo el país por delitos de aplicación pública diferente, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude al Fisco y blanqueo de capitales. Todos ellos presuntamente cometidos por alcaldes y/o funcionarios municipales.

La Tercera pudo acceder a esta información y lo que se destaca es que estas más de 600 causas vigentes están repartidas en todo el país. Es decir, de las XV regiones del país, en todas existe al menos alguna investigación calificada de “relevante” y que implica el presunto desvío de dineros municipales.

Del total, existen 179 indagatorias en la Región Metropolitana, es decir, se concentra el 27,8% de los casos. En detalle, 60 de ellas se tramitan en la Fiscalía Centro Norte, 27 en la Fiscalía Oriente, 50 en la Fiscalía Occidente y 42 en la Fiscalía Sur.

Otro registro importante es la cantidad de querellas que ha presentado el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Hay 90 acciones criminales en todo el país, que buscan devolver al Fisco miles de millones de pesos que han sido defraudados en estas causas.

A la RM le siguen las regiones de Valparaíso (70) y Biobío (65), que poseen una gran cantidad de causas abiertas. Asimismo, las comunas con más denuncias son Tierra Amarilla (18), Viña del Mar (16), Antofagasta (10), Santiago (10) y La Pintana (9).

Cada cierto tiempo la Contraloría y Fiscalía determinan la persecución de administraciones. Al interior del Ministerio Público y del ente fiscalizador se coincide en algo: no importa el color político, estas conductas reflejadas en las más de 600 causas muestran que hay autoridades de todo el espectro político, e independientes, bajo la lupa de los organismos.

El 2023, para quienes persiguen estas causas, ha sido especialmente importante en la pesquisa del buen uso de los recursos de las 349 municipalidades que hay en el país.

El 18 de julio de este año, el entonces contralor Jorge Bermúdez notificó al alcalde del PC, Daniel Jadue, de los cargos por “graves infracciones a la probidad en su manejo de las finanzas de la Asociación de Farmacias Populares (Achifarp). Según la fiscalización, hubo acuerdos irregulares que involucran $ 613 millones de recursos fiscales, además de cuestionar el nulo reporte de los dineros que provenían de los municipios asociados, alguno de los cuales son -según se indaga- “fantasmas”. En paralelo, la Fiscalía Centro Norte cuenta con una indagatoria abierta en contra del jefe comunal de Recoleta, quien ya fue citado a declarar en calidad de imputado y respecto de quien se había acordado formalización, la que se ha pospuesto por retraso de peritajes por parte de los organismos auxiliares, según explicaron fuentes del caso a este medio.

15 DE NOVIEMBRE DE 2023 / SANTIAGO
El Alcalde de Recoleta Daniel Jadue sale de la fiscalía Centro Norte luego de realizar su declaración
FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO

Otra de las figuras edilicias que ha sido blanco de indagatorias este año es la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI). La autoridad de Las Condes enfrenta dos flancos. El primero de ellos es la cuestionada compra de terrenos con supuesto pago de sobreprecios del terreno en que se construiría un Cesfam y que recibió también el reproche de Contraloría.

“La actuación del municipio no se ajustó a los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, control y eficiente e idónea administración de los medios públicos y el debido cumplimiento de la función pública”, se lee en la auditoría. Además, se cuestionan las abultadas comisiones, de más de $ 100 millones, que se pagó a la intermediaria de la compra de la denominada “casa 10″. Todo esto en manos del fiscal Rodrigo Mena, que ya allanó las dependencias de Apoquindo 3400. El municipio, este viernes 22, volvió a ser protagonista de un hito judicial que complica a la administración Peñaloza. El Ministerio Público abrió de oficio una investigación por fraude al Fisco, tras el reportaje de Mega que dio a conocer el pago de más de $ 8 mil millones en horas extras.

La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza.

En el listado aparece también una investigación que involucra a la alcaldesa del PC Irací Hassler. Esto debido a la frustrada compra de lo que iba a ser un proyecto emblemático de su administración: “la primera clínica municipal del país”. La adquisición quedó congelada cuando se denunció el supuesto sobreprecio que se había pagado para adquirir la exclínica Sierra Bella por $ 8.200 millones. Contraloría cuestionó la transacción y la alcaldesa decidió desistir de la compra, pidió la renuncia a su entonces jefe jurídico, Jean Pierre Chiffele, y al secretario comunal de planificación, Luis Mayorga. Este último recientemente declaró y responsabilizó a la alcaldesa de participar directamente de la frustrada compra y que cuando Hassler le pidió su dimisión le ofreció disculpas asegurándole -según su versión- de que era más importante su reelección.

Irací Hassler, alcaldesa de Santiago.
Irací Hassler, alcaldesa de Santiago. Foto: Víctor Huenante / Agencia Uno.

La -hasta ahora- última decisión del Ministerio Público respecto a alcaldes pesa sobre la exautoridad de Ñuñoa Andrés Zarhi, ex RN, quien será imputado por malversar caudales.

Una de las primeras medidas adoptadas por la contralora (S), Dorothy Pérez, fue adecuar el trabajo del organismo tras la partida de Jorge Bermúdez. En ese plan, creó una División de Gobiernos Regionales y Municipalidades. Esto último con el propósito de enfrentar la gran cantidad de casos que involucran supuestos desvíos de recursos fiscales desde los gobiernos locales y regionales.

En ese sentido, el jefe Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, se está reuniendo periódicamente con equipos de Contraloría para trabajar en conjunto estos casos. Para el abogado es urgente que en casos como el de Torrealba no sólo se persiga la responsabilidad penal individual, sino también las maniobras para ocultar los dineros y bienes adquiridos mediante actos ilícitos.

“Desde que asumí este desafío como cabeza de la Unidad Especializada en Anticorrupción ha sido no solo la persecución personal del imputado, sino que busca seguir la ruta del dinero, similar a las investigaciones en crimen organizado o tráfico de drogas, es decir, perseguir el delito de lavado de activos”, sostiene a La Tercera.

Junto con esto, el exfiscal regional de Magallanes sostiene que lo primordial de la reestructuración que ha hecho la administración de Ángel Valencia “es agilizar los procesos investigativos, colaborar en nuevas investigaciones y crear equipos de trabajo especializados”.

Una de esas decisiones, de hecho, llevó a cambiar la investigación en contra de la exalcaldesa Cathy Barriga desde la zona Occidente a la Oriente.

” La unidad ha llevado a cabo investigaciones a nivel nacional, focalizándose en municipalidades afectadas por investigaciones penales. Esta iniciativa ha revelado áreas de opacidad en la administración de fondos municipales, especialmente en corporaciones municipales, que han servido como terreno fértil para actividades ilícitas”, apunta.

Finalmente, Campos reflexiona: “He observado con preocupación cómo ciertos individuos desvían recursos que deberían beneficiar a la comunidad en su conjunto”, y asegura que el próximo año seguirán intensificando la persecución de estos ilícitos alojados en el seno de los municipios.

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En sesión especial del Senado por relaciones con Venezuela: piden régimen especial para expulsiones y otorgar urgencia a Ley de Inteligencia

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Con la presencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá; el canciller, Alberto van Klaveren; el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, el Senado realizó esta jornada una sesión especial para analizar las medidas adoptadas por el Ejecutivo por el secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda, así como las relaciones diplomáticas con Caracas.

La jornada estuvo marcada por emplazamientos de parlamentarios de diversos sectores que solicitaron mecanismos más efectivos para concretar las expulsiones de migrantes, así como para dar urgencia a una serie de proyectos relativos a seguridad e inteligencia.

Entre estos últimos se incluyen la nueva Ley de Inteligencia, el proyecto que crea la policía fronteriza, el fortalecimiento de las policías y establecer regímenes penitenciarios diferenciados, entre otras normas.

Asimismo, diversos parlamentarios destacaron la necesidad de “proteger la soberanía de Chile” y “no aceptar los insultos de parte de autoridades del régimen venezolano”, en medio de las tensiones diplomáticas registradas con el régimen de Nicolás Maduro tras el asesinato del teniente Ojeda, principalmente luego de que el canciller venezolano, Yván Gil, negara la existencia del Tren de Aragua y lo atribuyera a una invención de la prensa latinoamericana.

En la ocasión, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que “como Estado estamos mejor preparados para defender nuestras fronteras, pero el desafío sigue siendo gigantesco”. En este sentido valoró los esfuerzos de diálogo político y las indicaciones que se están formulando para el proyecto de inteligencia, sumado al proyecto de inteligencia económica para combatir el crimen organizado.

Agregó que “en el caso de secuestro y homicidio (de Ronald Ojeda) hemos sido muy activos desde el primer momento”, tras lo cual indicó que “Venezuela tampoco se puede desentender, porque Chile y el mundo están viendo cómo se desempeña”.

Asimismo, sostuvo que “entendemos que se ha vuelto a abrir el debate de cómo podemos hacer más efectivos los procesos de expulsión de personas” y agregó que “como Ejecutivo vamos a formular una idea de cómo mejorar la legislación en esta materia”.

Por su parte, el canciller Alberto van Klaveren reforzó la importancia de las relaciones bilaterales con Venezuela, al destacar que “necesitamos canales de comunicación y la diplomacia actúa como un puente”.

Ante consultas de algunos senadores sobre la deportación de inmigrantes venezolanos, el jefe de la diplomacia sostuvo que “hay una limitación en la Constitución venezolana que impide extraditar a nacionales de ese país, y varios otros la tienen; sin embargo, existen algunos mecanismos para salvar esa limitación y uno de ellos es la Convención de Palermo”, indicó, en referencia a la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada trasnacional.

Asimismo, Van Klaveren adelantó que, junto con la cartera del Interior, participará en los próximos días una reunión del Consenso de Brasilia, instancia que reunirá a ministros y altas autoridades de seguridad pública de Sudamérica.

Durante la sesión, intervinieron parlamentarios de las distintas bancadas para expresar sus inquietudes respecto de la seguridad y las relaciones con Venezuela.

En este sentido, la senadora de Demócratas, Ximena Rincón, sostuvo que “no desconocemos la realidad que viven más de 7 millones de venezolanos que han debido emigrar. Nuestro deber es levantar la voz frente al crimen organizado que proviene de ese país y hacemos un llamado al gobierno para dar urgencia a la reforma que crea la policía fronteriza, así como para tener un régimen penitenciario diferenciado”.

Por su parte, el socialista José Miguel Insulza, afirmó que “me parece pésima idea romper relaciones con Venezuela. Siempre hay gestos de disgusto, pero eso no significa romper relaciones, necesitamos información y exigir que nos entreguen antecedentes sobre el secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda”. “A mi juicio, debiera existir un régimen especial para expulsados, me parece grave que anden en libertad”, añadió.

En tanto, el RN Francisco Chahuán destacó que “estamos en un punto de inflexión en nuestra política de largo plazo con Venezuela. Tenemos casi 8 millones de venezolanos en éxodo por responsabilidad del régimen de Maduro”.

Asimismo, tras los dichos de Nicolás Maduro, quien acusó que el fallecido presidente Sebastián Piñera y “la derecha” trajeron delincuentes venezolanos a Chile, el senador Chahuán sustuvo: “Pido que se levante una nota de protesta de la Cancillería por dichos que faltan el respeto al ex presidente de la República, Sebastián Piñera”.

A su turno, el UDI Iván Moreira afirmó que “muchos tenemos la convicción política, pero no la jurídica, de que el régimen venezolano está involucrado en el secuestro y crimen del refugiado venezolano, Ronald Ojeda. Aquí hay una lección que aprender pues, cuando le demos refugio a un ciudadano perseguido, tenemos que darle protección”. “Chile debe dar una última oportunidad a la diplomacia y proteger su soberanía”, añadió.

Su par gremialista Juan Antonio Coloma manifestó que “creo que éste es uno de los momentos más dramáticos en la diplomacia. Estamos hablando de un secuestro, tortura y asesinato de un perseguido político y que estaba asilado en nuestro país. ¿Está Venezuela cooperando? honestamente creo lo inverso. ¿Cuáles son los límites que supone tener relaciones diplomáticas con otro país?, no olvidemos que la propia Constitución venezolana prohíbe la extradición”.

En tanto, el DC Iván Flores sostuvo que “es importante conocer qué se ha hecho y que se hará frente a esta invasión de ciudadanos venezolanos que han llegado buscando un mejor refugio, escapando de una dictadura o bien, expandiendo los nexos del crimen organizado. Es importante saber si hay agentes de otros estados operando en Chile, por eso pido una sesión secreta de la Comisiones de Defensa y Seguridad para abordar estas materias”.

En tanto, el exrepublicano Rojo Edwards aprovechó la ocasión para invitar al embajador Gazmuri a la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta. “No veo avances en la cooperación con Venezuela para combatir el crimen organizado. Lo único que veo permanentemente es que el régimen está toreándonos, mofándose y no veo por qué no cortar relaciones diplomáticas. Estados Unidos no tiene relaciones con Venezuela y está constantemente deportando sus ciudadanos”.

El senador Matías Walker (Demócratas), por su parte, destacó que “el dictador Maduro no puede insultar a Chile y después actuar como si nada. Entendemos que hay tener relaciones diplomáticas, pero por eso hemos propuesto que el embajador sea llamado de manera más permanente, porque también en diplomacia hay que hacer ver los juicios de reproche”.

Finalmente, la senadora RN María José Gatica se preguntó: “¿De qué sirve tener relaciones diplomáticas con un gobierno que abiertamente opera delicadamente en nuestro país? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar que el gobierno se digne, en este caso, a cerrar fronteras y dar urgencia a la ley para poner freno, pero de verdad, a la inmigración ilegal? Hoy existen cerca de 20 mil órdenes de expulsión vigentes”, destacó.

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Jugadores de Fernández Vial denuncian graves precariedades laborales

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Uno de los clubes más tradicionales del fútbol chileno, atraviesa por graves problemas. Hablamos de Fernández Vial, el cual enfrenta serias acusaciones de parte de su plantel y podría ser sancionado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Es que un comunicado que se hizo público en la tarde de este martes, los jugadores denuncian sueldos impagos y precarias condiciones laborales. “El club presenta deudas por remuneraciones correspondientes a marzo de 2024 con sus jugadores y cuerpo técnico. Parte de este último, además, registra deudas impagas de años anteriores”, se lee en la carta que postearon en redes sociales.

Luego agregan que “se adeudan diversas sumas por atrasos en los pagos de viviendas (arriendos y pensiones), lo que ha generado que a algunos compañeros se les exija el abandono inmediato de su lugar de residencia”.

Y por si ambas razones no fueran suficientes para encender las alarmas, el plantel del Almirante señala que “los últimos cuatro meses hemos lidiado con precarias condiciones laborales que no se condicen ni son aptas para el desarrollo de nuestra actividad de manera profesional, como por ejemplo, inadecuados lugares de entrenamiento, viajes, alimentación, indumentaria deportiva, entre otras”.

Pese a lo expuesto, ni jugadores ni cuerpo técnico dejarán de cumplir sus labores y se presentarán a a jugar contra Real San Joaquín, este viernes a las 19 horas. “Seguiremos cumpliendo nuestras labores, demostrando nuestro profesionalismo y compromiso con la hinchada vialina. Esperamos una pronta solución a todas estas problemáticas, por el bien de la institución, sus trabajadores, trabajadoras e hinchas”, anuncian.

Sin embargo, el conflicto no se terminará con su presentación en el gramado pues el Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) pide sanciones inmediatas para los regentes del Inmortal. “Solicitamos a la ANFP que procedan con la retención de la garantía de participación de Fernández Vial por sueldos impagos de marzo. Además, club adeuda finiquitos de dos jugadores y pagaré por operación de accidente laboral a otro futbolista”, exigieron.

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Carter emplaza a Boric a propiciar ley de amnistía para carabineros por el 18-O

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El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, llamó al Presidente Gabriel Boric a propiciar una ley de amnistía para los funcionarios de Carabineros condenados por hechos en el marco del estallido social.

Esto, afirmó Carter, con el propósito de dar una señal concreta del gobierno a la institución policial, en medio de la crisis delictual y de crimen organizado que afecta al país.

“Así como indultó a los delincuentes de la primera línea, ha llegado la hora de que el Presidente, en una decisión que requiere mucho coraje, esté dispuesto a evaluar una amnistía general para los carabineros que están siendo perseguidos por hechos relacionados al estallido social. Y claramente tiene que quedar fuera de esto cualquier causa de homicidio”, sostuvo el jefe comunal.

“Ha llegado el momento de terminar con la persecución a Carabineros”, enfatizó Carter. “No tenemos carabineros detenidos por torturar, ni por poner electricidad, no eran centros de detención. Esto no fue una dictadura con centros ilegales de detención, fue una pelea callejera brutal”, explicó, acusando un “activismo judicial de la ultraizquierda” que, a su juicio, ha perseguido a los funcionarios policiales desde 2019.

En este sentido, destacó que deben darse garantías a los carabineros que dejen “a sus oficiales y suboficiales tranquilos, a su director general tranquilo, y que termine este acoso judicial del que están siendo víctimas”.

Cabe recordar que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, será formalizado el próximo 7 de mayo por 1.386 causas por violaciones a los derechos humanos el contexto del estallido social.

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