Históricamente la política habitacional del país se ha focalizado en fomentar la tenencia de vivienda en propiedad mediante la asignación de subsidios a grupos vulnerables y de ingresos medios. Pero a pesar de los crecientes presupuestos asignados, estos han resultado insuficientes para satisfacer las necesidades de miles de familias que, por diversas razones, no logran acceder a una vivienda completa o parcialmente subsidiada, manteniéndose a la espera –en algunos casos por años- de que ello ocurra, lo que evidencia la urgencia de efectuar cambios a la política de vivienda.

Existen propuestas de concesionar vivienda pública para arriendo, como consignó una nota en DF esta semana. La experiencia internacional demuestra la conveniencia de contar con políticas que apoyen tanto la vivienda en propiedad como en arriendo, esta última con el objeto de contar con una oferta de unidades a precios asequibles como sustituto transitorio o permanente al acceso a la vivienda en propiedad, y contener, por esta vía, el gasto de los hogares en vivienda.

“Existen propuestas de concesionar vivienda pública para arriendo. La experiencia internacional demuestra la conveniencia de contar con políticas que apoyen tanto la vivienda en propiedad como en arriendo”.

En nuestro caso, si bien desde 2013 existe el programa de subsidio al arriendo, su incidencia es limitada y no ha escalado en el tiempo. Mientras que desde 2017 se promueve la generación de una oferta de arriendo público financiada vía glosas presupuestarias a organizaciones sin fines de lucro y municipalidades. A pesar de la inexperiencia de estas instituciones en la materia, se espera generar un stock en torno a las 20.000 unidades al año 2025.

Estas cifras contrastan negativamente con el avance sostenido que ha experimentado la modalidad de arriendo por desarrolladores privados. ¿Por qué no son considerados los privados como proveedores de unidades de arriendo asequible? ¿Por qué no se considera una alianza público-privada para el desarrollo de la oferta de vivienda pública?

Desde el punto de vista financiero estas modalidades son costo-eficientes, al tener mayor flexibilidad para diseñar la composición de viviendas (con y sin subsidio) y potenciales servicios en una misma unidad física; desde el punto de vista presupuestario, permiten distribuir en el tiempo los compromisos del Estado dando mayor cobertura en el acceso a la vivienda y disminuir los costos de mantención; y desde el punto de vista social pueden lograr una mayor integración social.

Además de voluntad, se requiere de una política pública con un horizonte de largo plazo. Al igual como ocurre con las concesiones de infraestructura pública, es necesario contar con un marco legal que otorgue certeza institucional y financiera, en el que se establezcan derechos y responsabilidades; se regule la operación y a las instituciones que la proveen y administran; que garantice la competencia por el desarrollo y mantención de los proyectos y de su entorno; se someta a estándares de transparencia y accountability; y permita dirimir posibles discrepancias.

Alternativamente, podría existir una “agencia pública” con las atribuciones legales y técnicas para asumir estas responsabilidades, como es el caso del Fondo de Infraestructura S.A. Generar una oferta de arriendo asequible bajo la modalidad de concesiones no solo es posible, sino necesario.