Contratación obligada de jóvenes | Diario Financiero

En septiembre de 2021 ingresó al Congreso un proyecto de ley que “promueve en el sector público y privado la inserción laboral de personas jóvenes sin experiencia laboral previa”, cuya tramitación legislativa se reactivó la semana pasada. El proyecto establece que “las empresas de 100 o más trabajadores deberán contratar al menos un 10% de personas comprendidas entre los 18 y los 28 años que no cuenten con experiencia laboral previa, ya sea que cuenten o no con estudios técnicos o profesionales. Dicha contratación no podrá exceder en un 50% a personas de un mismo género.”

De esta forma, a fin de lograr un objetivo que puede ser muy loable -como mejorar la inclusión laboral de los jóvenes y las mujeres-, se busca forzar a las empresas a hacerse cargo de la política social del país.

En pos de un objetivo que puede ser muy loable, se busca forzar a las empresas a hacerse cargo de la política social del país.

No corresponde que el Estado determine a quién deben o no contratar las empresas sin atención a las capacidades y aptitudes que requieren sus labores, sólo en función de la edad; más aun considerando que con ello se vulneran una serie de derechos constitucionales, como el derecho de propiedad, la libertad de contratación y el derecho de asociación.

La propuesta no sólo es inadecuada por lo anterior, sino porque desconoce que la mejor política pro-empleo de jóvenes es promover el crecimiento económico y mejorar la educación. Para lo primero, es fundamental despejar incertidumbres, mejorar las reformas legales en curso y establecer las condiciones necesarias que permitan atraer mayor inversión. Por el contrario, estas propuestas legislativas, que se suman a cambios ya aprobados de aumento de salario mínimo y reducción de jornada, elevan los costos laborales y, por tanto, desincentivan la contratación.

En materia de educación, en tanto, el desempeño escolar en pruebas estandarizadas da cuenta de un déficit importante en la formación de los jóvenes. Esta responsabilidad recae ineludiblemente en el Estado, que debiera enfocarse en la formación académica y desarrollo de habilidades -además de la calidad de los profesores-, así como la intermediación laboral que fortalezca la empleabilidad de los jóvenes del país.

Proyectos como éste sugieren una creatividad parlamentaria mejor empleada en otros fines.