En la antesala de la tercera cuenta pública del Presidente de la República, Gabriel Boric, el Gobierno ingresó a trámite a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que moderniza la regulación del lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios públicos.
Se trata del cambio más relevante a diez años de vigencia de la primera ley que entregó un marco regulatorio al sector.
Entre los principales cambios, se establece la eliminación de la distinción entre lobbista y gestor de intereses, se crea una subcategoría de “representante calificado de intereses” y se incorporan nuevas exigencias y autoridades como sujetos pasivos.
A continuación algunos de los principales cambios que incluye el proyecto del Ejecutivo:
1- Se elimina la distinción entre lobbista y gestor de interés particular, siendo reemplazadas por el término “representante de intereses”. Bajo esta nueva figura, no es necesario que la gestión realizada sea remunerada para que sea considerada lobby.
2- Se crea la subcategoría de “representante calificado de intereses”, la cual quedará determinada por los criterios definidos en la ley. El fin de esta distinción es asignarles prohibiciones, principalmente referidas al tránsito entre el mundo privado a público, y obligaciones adicionales, particularmente de información a remitir al Consejo para la Transparencia (CPLT).
3- Se establece que el Consejo para la Transparencia determinará quiénes califican como “representantes calificados de intereses” en función de los criterios que se disponen en la ley, pudiendo ser personas naturales o jurídicas y con una vigencia de un año. Dicha calificación podrá ser reclamable por parte del afectado, el consejo también podrá dictar la eliminación del registro de representantes de intereses a quien no haya desarrollado actividades de lobby por un periodo ininterrumpido de 12 meses.
4- Se incorporan nuevas y nuevos funcionarios públicos y autoridades como sujetos pasivos de lobby, que corresponden a aquellos que son receptores de lobby. Entre otros, en el caso de la Contraloría General de la República, a los jefes de división y contralores regionales; al gerente general y al fiscal respecto del Banco Central; los oficiales superiores y los niveles jerárquicos equivalentes en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; al director del Servicio Electoral; a los consejeros del Consejo de Concesiones y de la Comisión para el Mercado Financiero.
5- Los gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes, concejales, diputados y senadores una vez que sean proclamados electos por resolución del Tribunal Calificador de Elecciones y la asunción en el respectivo cargo, también serán considerados sujetos pasivos.
6- Se perfeccionan las obligaciones de registro de los sujetos pasivos y se equiparan los estándares en los distintos poderes del Estado en esta materia.
7- Se incorpora al ámbito de aplicación de esta ley, mediante una regulación especial, las comisiones que asesoran al Presidente de la República, ministros de Estado y otros órganos del Estado.
8- Se establece que las altas autoridades gubernamentales, municipales y de instituciones importantes deberán contar con una agenda mensual abierta, de acuerdo a las normas que se especifican en la ley. Se excluye de esta agenda aquellas actividades, reuniones o audiencias que constituyan información reservada o secreta en los términos dispuestos en el artículo 8° de la Constitución.
9- Se regula la llamada “puerta giratoria”. Prohíbe a las autoridades y funcionarios señalados en la ley el desarrollo de actividades de lobby ante la misma institución en la que desempeñaron funciones por dos años desde el cese de sus funciones públicas.
10- Se amplía el régimen sancionatorio, considerando ahora a los administradores municipales, consejeros regionales y sus respectivos secretarios ejecutivos. Aquellos representantes de intereses que omitan información o entreguen información inexacta o falsa y aquellos representantes calificados de intereses que no cumplan con las obligaciones señaladas en la ley, podrán ser multados con 10 a 50 UTM, pudiendo duplicarse la multa en caso de reincidencia. Por último, se definen las instancias de apelación, tiempos a considerar, entre otros.
11- Se modifica la ley 19.733 sobre la libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo, y se establece que los medios de comunicación social deberán indicar si el mensaje que transmiten corresponde a una comunicación pagada, debiendo identificar al patrocinador del mensaje. Además, trimestralmente los medios deberán remitir al CPLT una nómina con los mensajes patrocinados que hayan emitido junto al patrocinador y el monto percibido por tales efectos.
“Nueva definición de lobby”
En la propuesta del Ejecutivo, se aclara que las acciones de intermediación realizadas por una o un sujeto para facilitar una audiencia u otro tipo de contacto con una o un sujeto pasivo también constituyen lobby.
Además, se amplía el listado de decisiones de las autoridades que constituyen lobby, incluyendo la hipótesis de la designación o aprobación de nombramientos de personas para cargos públicos en los que intervenga el Senado o la Cámara de Diputadas y Diputados.
Finalmente, se ajusta el catálogo de excepciones a la aplicación de la ley. Por una parte, se acotan las actuales excepciones para dar mayor cobertura a la ley. Por ejemplo, se elimina la excepción de las invitaciones que se extiendan a funcionarios de órganos del Estado, las que ahora deberán registrarse.
La tramitación del proyecto que refuerza el cumplimiento de las obligaciones tributarias ya entró en tierra derecha.
La comisión de Hacienda del Senado ha despachado varios artículos a Sala, los que se relacionan con temas claves como la nueva gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII), la nueva forma de aplicar la Norma General Antielusiva (NGA) y la flexibilización del levantamiento del secreto bancario. Se espera que el proyecto se despache a Sala el próximo lunes, para ser votado el miércoles.
Una de las bancadas que tendrá que pronunciarse sobre el proyecto es Demócratas. Un documento de la tienda presidida por Ximena Rincón valora una serie de materias propuestas vía indicaciones por Hacienda, pero también pide aclaraciones en varios puntos del texto.
Así, el texto define ocho temas que consideran van “en la línea de lo correcto”: que se respete el principio de especialidad en materia de Norma Antielusiva; que en caso de aplicar una Norma Especial Antielusión, no se puede aplicar la Norma General Antielusión (NGA) y viceversa, además de que se mantenga la aplicación de la norma a regímenes especiales; que la NGA requiera recomendación del Comité Ejecutivo del Servicio de Impuestos Internos (SII); la creación del Departamento de Normas Generales Antielusión; que se amplíen los plazos para aplicación de la NGA vía suspensión; y que se establece obligación de un apoderado común para grupos empresariales.
La tienda también valora los ajustes que hizo Hacienda a las normas de relación para efectos de fiscalizar a contribuyentes o grupos económicos, fijando que dos o más partes se considerarán relacionadas cuando concurran al menos dos de las siguientes circunstancias: unidad de dirección o administración; dependencia económica o financiera entre las partes; relación de parentesco entre las personas o sus administradores o directores, considerando al o la cónyuge, conviviente civil, ascendientes, descendientes y parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; y comercialización de bienes o servicios idénticos o similares bajo una misma denominación o marca.
También destacan que no aplicará la facultad de tasación del SII para fusiones, divisiones, ni otros tipos de reorganizaciones con legítima razón de negocios.
Lo que falta
Pese a que Demócratas destaca varias aclaraciones que hizo el Ejecutivo al proyecto tributario, el documento enumera 17 temas que consideran deben ser “perfeccionados”.
Por ejemplo, señalan que se puede perfeccionar la redacción respecto a los abusos de formas jurídicas en la NGA para evitar “malas interpretaciones, sobre todo en las últimas indicaciones presentadas”.
También, en el marco del secreto bancario, proponen agregar que toda comunicación entre la institución financiera y el SII debiese ir con copia al contribuyente. Postulan que se deberían enviar al SII todas las transacciones para consolidar las 50 operaciones de cuentas distintas, en el marco del artículo que busca fiscalizar las transferencias bancarias reiteradas recibidas por un contribuyente.
Demócratas considera muy baja la multa por traslado de mercaderías falsas o sin pago de impuestos, de 20% al 300% de 1 UTA ($ 160.000 a $ 2.400.000). A su vez, critican la eliminación de los incentivos tributarios a las donaciones hasta 250 UTM ($ 16 millones) a legitimarios y asignatarios.
Si bien destacan que se reglamenta el nuevo comité ejecutivo y el consejo tributario con amplias facultades para servir de contrapeso a la dirección del SII, dado el tipo de designación de integrantes “vale la pena pensar si asegura la independencia que se busca o mejor ahorrar recursos”.
En cuanto a las exigencias de información a vendedores habituales de bienes muebles usados, piden aclarar el alcance de la obligación a cualquier operación de compra y venta que supere las 50 UTM o su equivalente en moneda extranjera que deberán efectuarse siempre a través de medios de pago electrónicos o cualquier otro medio de pago que permita la individualización del pagador.
Aunque destacan las mayores facultades que tendrá la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), creen relevante tratar la gobernanza del SII junto con los grados de libertad de la defensoría para generar equilibrios entre las obligaciones y derechos.
La indicación al Art.89 será un “dique difícil de sortear”, ya que creen que un certificado de situación tributaria al día para las Pymes es “difícil de cumplir, por lo que debiese bastar con iniciación de actividades.
También, piden que haya “coherencia” entre el denunciante anónimo y el nuevo proceso de autodenuncia que se crea para contribuyentes, en el sentido que solo puede aplicarse a diferencias de impuestos que podrían fundarse en hechos constitutivos de delito tributario.
En cuanto al Consejo Tributario, cree relevante que no solo pueda opinar sobre las circulares del SII, sino también sobre los oficios que emitan el director nacional y los directores regionales en el ejercicio de su facultad de interpretar administrativamente las leyes tributarias
En caso de reorganización empresarial (fusión), se establece que la continuadora legal (absorbente) mantendrá el beneficio o la autorización otorgada a la absorbida para obtener de forma previa a la materialización de la exportación el reembolso del IVA exportador: “Habría que dejar expresamente establecido que ello no suspende ni interrumpe el plazo otorgado al exportador absorbido para materializar la exportación”, pide la tienda.
En consejo de gabinete, Boric pide a ministros acelerar aprobación de la reforma de pensiones y cumplimiento tributario: “No es fácil, pero las vamos a sacar adelante”
El Presidente de la República, Gabriel Boric, lideró este viernes un nuevo consejo de gabinete de ministros en La Moneda. La autoridad entregó palabras al inicio de la reunión, llamando a sus colaboradores a no relajarse y seguir adelante con sus tareas.
“Estamos en un momento de realizaciones, de cosechar lo que hemos ido sembrando y eso requiere mucho trabajo. La cosecha no emerge sola, por lo tanto, tenemos que estar con la gente y atentos a sus necesidades y materializando las reformas que hemos impulsado”, señaló el mandatario a sus secretarios de Estado.
Boric agregó que “sé que puede haber cansancio luego de dos años y medio, queda solo un año medio, pero queda mucho por hacer, no hay espacio para el relajo”.
El Presidente les solicitó “estar firmes con presencia activa y materializando los cambios con que nos hemos comprometido con el país. Estoy motivado, hay motivos para estar optimistas, pero no confiados, depende del trabajo que hagamos y esas son las tareas que debemos afinar”.
El mandatario destacó los avances en reforma de pensiones y el pacto fiscal, al señalar que “felicito el empeño del ministro Marcel y la ministra Jara, en que las reformas de cumplimiento tributario y de sistema de pensiones, que algunos llamaban incluso a desahuciar, estén avanzando y encaminadas. No es fácil, todavía quedan cosas por hacer pero las vamos a sacar adelante”.
Boric además reiteró que durante septiembre se va a ingresar y retomar la discusión sobre la eutanasia y el proyecto que termina con el Crédito con Aval del Estado (CAE) e instaura un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior.
La encuesta elaborada por el Institutional Investor Research destaca cada año el desempeño de las mejores empresas y ejecutivos de Latinoamérica. Este año aparecieron en el listado compañías de México, Argentina, Panamá, Perú, Colombia, Uruguay y Chile.
Los reconocimientos fueron entregados en una ceremonia en la ciudad de Nueva York el jueves de esta semana. En la 15ª encuesta anual de equipos ejecutivos realizada entre febrero y marzo de 2024, más de 1.100 inversores, gestores de carteras y analistas de 505 firmas evaluaron a 322 empresas y más de 1.000 profesionales en 16 sectores.
Las firmas chilenas fueron las segundas más galardonadas después de las mexicanas con 27 representantes.
Entre las nacionales destacadas están AES Andes, Aguas Andinas, Banco de Chile, Banco Santander Chile, CAP, Cencosud, Colbún, Embotelladora Andina, Entel, Enel Américas, Enel Chile, ENGIE Energía Chile, Falabella, Latam Airlines, Parque Arauco y SMU.
Le siguieron las argentinas con seis firmas, entre las que figuran YPF, MercadoLibre, Pampa Energía, Despegar.com y Arcos Dorados; Colombia con Bancolombia y Cementos Argos; Perú con Credicorp; Panamá con Copa Holdings y Uruguay con DLocal.
Los ejecutivos de Chile se destacaron especialmente en el sector energético. Se premió como mejor CEO a Fabrizio Barderi de Enel Chile, José Ignacio Escobar de Colbún, Aurelio Bustilho de Enel Américas. Dentro de los CFO se reconoció a Giuseppe Turchiarelli de Enel Chile, Miguel Alarcón de Colbún, Eduardo Milligan Wenzel de ENGIE Energía Chile y Ricardo Roizen de AES Andes. También fueron galardonados en el sector de alimentos y bebidas Miguel Angel Peirano, CEO de Embotelladora Andina y su CFO Andrés Waine. En la categoría Real Estate se destacó al CEO de Parque Arauco, Eduardo Pérez Marchant, a su CFO Francisco Moyano y a Lauren Brown, Head of Investor Relations.
Marcelo Gálvez CEO de SMU y su CFO Arturo Silva Ortiz también fueron premiados, al igual que Inés Ostenrieder por su labor de CFO de Cencosud, quien actualmente se desempeña como gerente de finanzas en WOM.
En la categoría de transporte subieron al podio el CEO Latam, Roberto Alvo, su CFO Ramiro Alfonsin y Tori Creighton, la jefa de relaciones con inversionistas. Además, se destacó a Paula Salinas de CAP, quien también lidera la relación con inversionistas.