Un principio de año marcado por nerviosismo y de incertezas. Así es como describieron algunos de los operadores del centro gastronómico BordeRío -ubicado en Av. Escrivá de Balaguer 6400, Vitacura- los primeros meses de este ejercicio.
¿La razón detrás de esta sensación? En febrero de 2025 el contrato de concesión de BordeRío llegará a su fin, tras haber estado 30 años bajo la gestión de Inmobiliaria e Inversiones Santa Mónica, entre cuyos socios figuran Gabriela Riutort, Mario Astorga, Washington Lathrop, Claudio Stitchkin, Carlos González y José Antonio Camacho.
Y según detallan conocedores del tema, la Municipalidad de Vitacura todavía no ha comenzado a preparar el proceso de licitación, lo que podría afectar el contrato de arriendo de los distintos operadores de ese centro gastronómico.
Operadores de BordeRío están evaluando unirse como grupo para presentarse al próximo proceso de licitación del centro gastronómico.
“De acuerdo a mi conocimiento, este proceso de licitación debería durar aproximadamente 18 meses y la concesión se termina en ocho meses, los cálculos no dan por ningún lado. Ahí quedarían dos opciones para nosotros: o tenemos que dejar BordeRío y buscar otro lugar para instalarnos, o la Municipalidad nos entrega igualmente las patentes y seguimos operando sin concesionario”, detalló Maximiliano Rodríguez, socio del restaurante Kechua.
Rodríguez afirmó que, por el momento, los distintos operadores están unidos, a la espera de que la municipalidad emita un pronunciamiento. Sin embargo, enfatizó que están muy nerviosos, ya que si una firma decide dejar BordeRío, puede haber una reacción en cadena, lo que podría derivar en la migración de la mayoría de los locales de ese polo gastronómico.
Proceso judicial
A pesar de que el reloj avanza y queda cada vez menos tiempo para el fin de la concesión, los operadores ven un “rayo de esperanza”.
Inversiones Santa Mónica está manteniendo una disputa con la Municipalidad de Vitacura en el 11º Juzgado Civil de Santiago para alargar el contrato de concesión.
El caso comenzó en septiembre de 2022, cuando la firma ingresó una demanda declarativa de derechos y de condena en contra del municipio liderado por Camila Merino, con el objetivo de que el tribunal declare que la pandemia constituyó un “hecho sobreviniente, imprevisto, irresistible y transitorio para las partes”, lo que, a su juicio, derivó en la suspensión del plazo del contrato de concesión, ocasionando la pérdida de conmutatividad del mismo.
Asimismo, en el documento la empresa detalló que tienen el derecho de recuperar la continuidad de explotación de la concesión en una cantidad suficiente equivalente a 17 meses o lo que determine el tribunal, para así recuperar el equilibrio económico del contrato por la pérdida de ingresos sufrida entre los meses de marzo de 2020 y septiembre de 2021, sumado a una indemnización de $ 512 millones.
Por su parte, la municipalidad rechazó la demanda en todas sus partes, explicando que no se debería aumentar el plazo ni entregar una indemnización a la empresa.
Con estos antecedentes sobre la mesa, la instancia judicial llamó a una audiencia de conciliación, en la cual se sugirió alargar el contrato en 10 meses, propuesta que fue aceptada por la empresa pero rechazada por la municipalidad. A la fecha, ambas partes están esperando el fallo del tribunal de primera instancia, que está previsto en el transcurso del presente año.
El futuro de BordeRío
Durante estos meses, los rumores en relación al futuro de BordeRío se dispararon a todo nivel, incluyendo el debate sobre nuevos destinos para ese centro, como su conversión a sede de programas de la comuna, como Vitacultura y Vitamayor, entre otros. Asimismo, se ha pensado en la conveniencia de traspasar las instalaciones al manejo directo del municipio.
Sin embargo, la Municipalidad de Vitacura detalló a DF que el próximo paso a seguir será un proceso de licitación.
De acuerdo a lo detallado por fuentes conocedoras del tema, en ese futuro proceso participaría nuevamente Inmobiliaria e Inversiones Santa Mónica, lo cual “deja tranquilos” a los operadores.
Aún así, el empresario gastronómico Gabriel Délano, socio del restorán La Tabla, detalló que junto a los otros operadores de ese centro están evaluando unir fuerzas para presentarse al proceso de licitación con miras a adjudicarse la concesión de BordeRío.
“Queremos mantener nuestros locales. En BordeRío hay más de 300 personas empleadas y si tenemos que irnos, es dejar a mucha gente en la calle. Acá estamos velando por nuestro futuro, y mientras la municipalidad no nos deje claro qué es lo que va a pasar, vamos a barajar todas las posibilidades para seguir en pie”, concluyó Délano.
Gigantes financieros como Goldman Sachs & Co., Morgan Stanley y Barclays Plc. están echando un nuevo vistazo a cómo una victoria de Donald Trump en noviembre podría repercutir en el mercado de bonos.
Después de que el debate de la semana pasada dañara las posibilidades del presidente Joe Biden de ganar la reelección, estrategas de Wall Street están instando a los clientes a posicionarse para una inflación más pegajosa y tasas más altas para los bonos a mayor plazo.
En Morgan Stanley, estrategas como Matthew Hornbach y Guneet Dhingra argumentaron en una nota del fin de semana que “ahora es el momento” de apostar por una subida de las tasas a largo plazo en relación con las de corto plazo.
El ascenso de Trump en las encuestas después del debate del jueves significa que los inversionistas tienen que contemplar políticas económicas que podrían llevar a más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, junto con una barrida republicana que lleve a mayor gasto fiscal y presione al alza las tasas de los bonos a más largo plazo, dijo Morgan Stanley.
Barclays, por su parte, dijo que la mejor respuesta a la perspectiva de una victoria de Trump es cubrirse contra la inflación. Los estrategas Michael Pond y Jonathan Hill escribieron el viernes que la expresión más clara es que los valores del Tesoro protegidos contra la inflación a cinco años, o TIPS, tendrán un desempeño superior a notas estándar a cinco años.
Analistas del lado buy side, como Jack McIntyre, gestor de carteras de Brandywine Global Investment Management, están tomando nota.
McIntyre dijo que le preocupan las ventas tempranas tras el debate por parte de inversionistas vigilantes (quienes compran o venden para mostrar su aprobación o disgusto con políticas del emisor). Las probabilidades de una barrida republicana en noviembre aumentarán por una combinación de “la actuación de Biden, datos más débiles, precios del petróleo más altos”.
Trump más cerca de un segundo mandato
Los bonos del Tesoro de EEUU cayeron el lunes, empujando los rendimientos a los niveles más altos en más de una semana, por la visión de mayor probabilidad de un segundo mandato de Trump.
Los bonos del Tesoro ampliaron sus pérdidas después de que la Corte Suprema fallara en un caso que limita las posibilidades de que Trump se enfrente a un juicio antes de las elecciones de noviembre por cargos de intento de revertir los resultados electorales de 2020.
La tasas largas encabezaban las pérdidas. La del bono a 30 años subía más de ocho puntos básicos al 4,65%, el nivel más alto desde el 31 de mayo.
No todos en Wall Street están convencidos de que sean inevitables mayores tasas de los Treasuries a largo plazo y curvas más pronunciadas.
El consenso es que a una victoria republicana el mercado reaccionaría con una baja en los bonos a más largo plazo, dijeron analistas de Goldman Sachs. Sin embargo, ven argumentos a favor de un aplanamiento del riesgo, según una nota escrita por George Cole y William Marshall. Consideran que la atención de los inversionistas se está desplazando del gasto fiscal hacia los riesgos de aranceles más elevados, que probablemente pesarán sobre la productividad y el crecimiento a medida que se acerquen las elecciones.
La incertidumbre sobre la composición del Congreso después de noviembre pesa sobre las suposiciones de cómo las políticas de Trump afectarán a los mercados, dijo Kathy Jones, estratega jefe de renta fija de Charles Schwab.
“Un cambio en la narrativa sobre cuál será la política después de las elecciones es probablemente el mayor riesgo para el mercado de Treasuries”, dijo Jones a Bloomberg Television el lunes. “Simplemente creo que es demasiado pronto. Los candidatos presidenciales pueden decir muchas cosas en la campaña electoral, pero tienen que conseguir que esas cosas pasen por el Congreso”.
La reforma de pensiones, una de las iniciativas más emblemáticas de la administración del Presidente Gabriel Boric, entró en un mes clave.
Mientras se afinan los últimos detalles del trabajo de la mesa técnica que se instaló para acercar posiciones entre los diversos actores políticos, el Gobierno busca acelerar el trámite legislativo con el objetivo de que en esta semana la iniciativa se vote en general en la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.
Dicha instancia sesionará este miércoles y se llevará a cabo con un ingrediente adicional: un cambio transitorio en la presidencia por la ausencia del senador UDI Iván Moreira, quien estará fuera durante este mes por motivos de salud.
“Si lo que se quiere es esperar el informe de la comisión (técnica), ese informe va a estar esta semana”, aseguró el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Así, se espera que el senador gremialista Juan Antonio Coloma, asuma las riendas de la instancia, lo que tendrá que ser ratificado al inicio de la sesión del miércoles.
“Estamos todavía conversando con la oposición, han salido varias alternativas en el Senado”, aseguró este lunes la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, en entrevista con CNN Radio.
Junto con agradecer la disposición que ha percibido en la Cámara Alta, adelantó: “Hay como 14 temas en los cuales tenemos acuerdo y en los cuales podríamos avanzar, pero esto depende hoy de los votos de la oposición”.
Dentro de esos ejes figurarían algunos cambios a la industria que permitan darle mayor legitimidad al sistema, además de otras medidas para aumentar el ahorro, como por ejemplo, un seguro de lagunas previsionales.
Mientras, el destino del 6% de cotización adicional sigue siendo el nudo crítico, aunque se estarían buscando alternativas que permitan llegar a un consenso.
¿Fin a las AFP?
Asimismo, este lunes Jara insistió en que “la propuesta del Gobierno continúa con la eliminación de las AFP”.
Lo anterior, ha tenido distintas miradas en el oficialismo. Este domingo, en el programa “Mesa Central” de Canal 13, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, señaló: “¿Nosotros vamos a terminar con las AFP? Claramente no. No es el momento, tenemos que entregarles mejores pensiones a los chilenos y chilenas hoy día”.
Filial de BancoEstado
La ministra Jara también recordó que la reforma previsional divide las funciones de la industria, teniendo por un lado inversión, con participación del Estado en igualdad de condiciones, y administración. “Hemos escuchado distintas propuestas técnicas y si logramos avanzar en la idea de legislar, se van a expresar éstas en las indicaciones que como Ejecutivo nos hemos comprometido a ingresar”, dijo.
Durante este lunes la ministra dio algunas luces de lo que podría implicar la incorporación del Estado como un actor más, planteando que “va a haber una alternativa pública que va a ser a través de BancoEstado, en una filial de gestión de fondos en igualdad de condiciones y las personas van a poder elegir”.
Hace un mes, el CEO de BTG Pactual, Juan Guillermo Agüero, respaldó un modelo de este tipo, cuando sostuvo que “así como le adjudicó a Codelco el litio, el Gobierno podría asignar a BancoEstado el rol de AFP Estatal”.
Plazo para votar
En las últimas horas, el Presidente Boric emplazó nuevamente al Congreso a votar la reforma e hizo un llamado a que “todos nos pongamos una mano en el corazón” e instó a que “a la brevedad se llegue a un acuerdo en el Congreso”.
Tanto desde Chile Vamos como desde el oficialismo aseguraron que votar este miércoles en general se ve a lo menos difícil, considerando que la oposición tiene mayoría y que ha insistido en que hoy no están dadas las condiciones para que se ponga en tabla esta semana.
El senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, aseguró que “no vamos a ser cómplices de una mala política pública”.
El parlamentario agregó que “si la ministra (Jara) insiste en apurar el tranco legislativo en una discusión que no tiene que ver con los tiempos, tiene que ver con el contenido, nosotros no estamos disponibles este miércoles”.
La postura se suma a la del presidente de RN, Rodrigo Galilea, quien ha insistido -tal como lo hizo en una reciente entrevista con DF- en que no es un tema de plazos, sino que de contenidos. “Con el título de qué se trata la ley, y nada abajo. Eso no es votable”, aseguró en conversación con Radio Infinita.
La derecha apunta que para que se avance en la votación, se debería tener al menos sobre la mesa el informe de la mesa técnica.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró este lunes en entrevista en T13 Radio que esta semana concluiría el trabajo de dicha instancia. “Si lo que se quiere es esperar el informe de la comisión, ese informe va a estar esta semana, por lo tanto, no hace una diferencia muy grande respecto de la fecha de votación”, expresó la autoridad.
Llegó el 1 de julio y, con ello, la polémica alza en las cuentas de la electricidad. En medio de un intenso revuelo político y técnico, el que fue aumentando en las últimas semanas cuando el ajuste estaba a la vista, el ministro de Energía, Diego Pardow, anunció este lunes que el Gobierno presentará un nuevo proyecto de ley para triplicar la cobertura del subsidio eléctrico, beneficio que está dirigido actualmente a 1,5 millón de hogares más vulnerables y cuya postulación para acceder a este comenzó ayer, de manera de entregarlo a la totalidad del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, es decir, más de 4,7 millones de hogares que involucran a cerca de 10 millones de personas.
Entre las medidas para ampliar el subsidio está aumentar su monto para aquellos hogares beneficiarios que pertenezcan a Sistemas Medianos; establecer un subsidio adicional para hogares en que habiten personas electrodependientes, equivalente a 150 kW/h mes; y aumentar en un año la entrega del subsidio, con una disminución gradual, permitiendo que durante 2027 exista una ayuda a las familias que lo necesiten y sea a la vez un lapso de transición hasta la disminución del cargo.
La Moneda indicó que el objetivo de recaudación que permitirá viabilizar el proyecto llegaría hasta US$ 350 millones anuales.
Por el lado del ingreso, considerando que el Gobierno se mantiene firme en que no hay recursos para financiar este subsidio, el proyecto de ley propondrá un aumento temporal al impuesto al carbono, aporte fiscal con cargo a la recaudación adicional de IVA que estará asociada al alza de tarifas de electricidad y el aumento temporal del valor adicional del Cargo por Servicio Público correspondiente a mayores consumidores industriales (superior a 5.000 kWh).
Aunque no hubo una bajada específica de lo que implica, el Gobierno indicó que el objetivo de recaudación que permitirá viabilizar las medidas anunciadas es del orden de entre US$ 300 millones y US$ 350 millones anuales.
La idea, además, es acompañar todo este paquete con una reforma corta al régimen de abastecimiento de suministro a clientes regulados para permitir que puedan comprar energía a los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD). Esto permitirá, de acuerdo al Gobierno, reducir en 7% (en sus cálculos iniciales) y de manera permanente el precio de energía traspasable a los clientes finales, y generará beneficios sistémicos para los demás clientes y la industria.
La discusión que viene en la mesa técnica
Este anuncio fue explicado más tarde, en términos generales, por el ministro Pardow en el exCongreso en el marco de la sesión de la mesa técnica asesora de la ley de estabilización programada para este lunes, donde justamente se busca alternativas de aumento del subsidio eléctrico y otros mecanismos para mitigar las alzas en las boletas.
Una de las definiciones fue poner el pie en el acelerador. Ayer se definió evacuar este mes el proyecto desde la mesa para iniciar su discusión legislativa, siguiendo la intención del Gobierno de que esta presentación sea a más tardar el 15 de agosto. Esto, considerando que el subsidio tiene un período de postulación entre el 1 y el 14 de julio, y después en octubre nuevamente. Asimismo, la mesa tendrá un mínimo de dos sesiones por semana. La próxima cita será este jueves con asesores y estará enfocada en la proyección del gasto y el balance de las postulaciones al subsidio. Y, el lunes 8 de julio, se retomará el debate político.
Aunque la propuesta generó apoyo entre los parlamentarios, no dejó a todos conformes. Junto con solicitar la presencia del ministro de Hacienda, Mario Marcel, algunos consultaron si se seguirán buscando nuevas fuentes de financiamiento para ayudar a otros grupos como la clase media y las PYME. Este fue el caso del diputado Cristián Tapia (PPD), quien además sostuvo que “las generadoras de energía no se pueden quedar al margen. También deberían hacer un esfuerzo para que los clientes puedan tener algún tipo de rebaja del costo”.
El diputado RN, José Miguel Castro, sinceró: “Vamos a tener que ser muy precisos en ese tema. Cuando uno habla de simplemente aumentar el impuesto a clientes libres, estamos hablando, por ejemplo, de mineras que pagan un 19% más de electricidad en comparación a cualquier otra parte del mundo. ¿Cómo eso influye en la economía?”.
Su par de RN, Ximena Ossandón, fue más crítica: “Estoy absolutamente de acuerdo en las propuestas, pero aquí estamos haciendo que un problema del Estado, que lo debería pagar el Estado, lo paguen los particulares, que lo paguen otros”.
En esta línea, enfatizó que “tenemos que buscar cómo entre todos lo terminamos pagando. No sé por qué se saltaron esta parte”. Aseguró que “nos faltan muchísimos datos” y advirtió: “Son US$ 120 millones para 1,5 millones de hogares, y se supone que ahora se triplica, pero esto no necesariamente se multiplica por tres. Ahí tenemos que ver exactamente cuáles son los datos para que salgamos del discurso político”.
Partidos oficialistas insisten en medidas adicionales para las PYME y clase media
POR RODOLFO CARRASCO
Comité político ampliado buscó ordenar al oficialismo y atenuar las demandas adicionales que siguen proponiendo dirigentes y parlamentarios.
Con gusto a poco quedaron en el Congreso distintos parlamentarios ante el anuncio del Gobierno para atenuar el alza en las cuentas de electricidad, manteniendo la presión para que el Ejecutivo adopte otras medidas que abarquen la clase media y las pymes.
El tema fue analizado en un comité ampliado en La Moneda con los partidos del oficialismo realizado en forma extraordinaria en la tarde de ayer lunes, hasta donde llegó el Presidente Gabriel Boric para informar a los legisladores las medidas que está adoptando el Ejecutivo y tratar de contener las propuestas adicionales que siguen surgiendo para frenar las alzas.
Tras la reunión, la presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, valoró que se busque extender el subsidio eléctrico, mientras que el diputado y timonel de Convergencia Social, Diego Ibáñez, señaló que esperan tramitar rápido este proyecto.
Para el presidente del PPD, senador Jaime Quintana, la reunión fue “provechosa, con el objetivo de la necesaria unidad de la alianza que aspira a proyectarse” y dijo que “el Gobierno actúa con empatía en buscar todos los mecanismos para que este beneficio sea lo más extensivo posible”. Agregó que; ante las alzas de las tarifas “los partidos oficialistas van a colaborar en la búsqueda de soluciones, pero hay limitaciones fiscales y eso lo señaló el Presidente”.
Previamente, el senador Juan Luis Castro (PS), que preside la comisión de Energía y Minería, indicó que “ya no estamos encapsulados solo en un subsidio para un tercio del 40% de hogares más necesitados… ya se abrió la puerta, se está triplicando, queremos aún más y las maneras de llegar a esos recursos las vamos a discutir”.
Diputados de la bancada PPD-Independientes, encabezados por Raúl Soto, llegaron a La Moneda para hacer entrega de una carta dirigida al Presidente para que amplíe subsidios a la clase media y a las PYME por el alza de las tarifas eléctricas.
En ese marco, el parlamentario indicó que la medida “aún es insuficiente, pero va por buen camino” y que “la clase media sigue siendo excluida, las micro y pequeñas empresas y los emprendimientos van a ser muy golpeados. Por lo tanto, queremos instar al Gobierno a seguir avanzando en esa dirección”.
También un grupo de alcaldes de partidos oficialistas llegó a la sede de Gobierno exigiendo que no se descarten alternativas, como congelar tarifas hasta enero o renegociar contratos. “Esperamos que se revisen todas las opciones para que no exista alza o esta se pueda mitigar con subsidios”, sostuvo la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC).
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