Un principio de año marcado por nerviosismo y de incertezas. Así es como describieron algunos de los operadores del centro gastronómico BordeRío -ubicado en Av. Escrivá de Balaguer 6400, Vitacura- los primeros meses de este ejercicio.
¿La razón detrás de esta sensación? En febrero de 2025 el contrato de concesión de BordeRío llegará a su fin, tras haber estado 30 años bajo la gestión de Inmobiliaria e Inversiones Santa Mónica, entre cuyos socios figuran Gabriela Riutort, Mario Astorga, Washington Lathrop, Claudio Stitchkin, Carlos González y José Antonio Camacho.
Y según detallan conocedores del tema, la Municipalidad de Vitacura todavía no ha comenzado a preparar el proceso de licitación, lo que podría afectar el contrato de arriendo de los distintos operadores de ese centro gastronómico.
Operadores de BordeRío están evaluando unirse como grupo para presentarse al próximo proceso de licitación del centro gastronómico.
“De acuerdo a mi conocimiento, este proceso de licitación debería durar aproximadamente 18 meses y la concesión se termina en ocho meses, los cálculos no dan por ningún lado. Ahí quedarían dos opciones para nosotros: o tenemos que dejar BordeRío y buscar otro lugar para instalarnos, o la Municipalidad nos entrega igualmente las patentes y seguimos operando sin concesionario”, detalló Maximiliano Rodríguez, socio del restaurante Kechua.
Rodríguez afirmó que, por el momento, los distintos operadores están unidos, a la espera de que la municipalidad emita un pronunciamiento. Sin embargo, enfatizó que están muy nerviosos, ya que si una firma decide dejar BordeRío, puede haber una reacción en cadena, lo que podría derivar en la migración de la mayoría de los locales de ese polo gastronómico.
Proceso judicial
A pesar de que el reloj avanza y queda cada vez menos tiempo para el fin de la concesión, los operadores ven un “rayo de esperanza”.
Inversiones Santa Mónica está manteniendo una disputa con la Municipalidad de Vitacura en el 11º Juzgado Civil de Santiago para alargar el contrato de concesión.
El caso comenzó en septiembre de 2022, cuando la firma ingresó una demanda declarativa de derechos y de condena en contra del municipio liderado por Camila Merino, con el objetivo de que el tribunal declare que la pandemia constituyó un “hecho sobreviniente, imprevisto, irresistible y transitorio para las partes”, lo que, a su juicio, derivó en la suspensión del plazo del contrato de concesión, ocasionando la pérdida de conmutatividad del mismo.
Asimismo, en el documento la empresa detalló que tienen el derecho de recuperar la continuidad de explotación de la concesión en una cantidad suficiente equivalente a 17 meses o lo que determine el tribunal, para así recuperar el equilibrio económico del contrato por la pérdida de ingresos sufrida entre los meses de marzo de 2020 y septiembre de 2021, sumado a una indemnización de $ 512 millones.
Por su parte, la municipalidad rechazó la demanda en todas sus partes, explicando que no se debería aumentar el plazo ni entregar una indemnización a la empresa.
Con estos antecedentes sobre la mesa, la instancia judicial llamó a una audiencia de conciliación, en la cual se sugirió alargar el contrato en 10 meses, propuesta que fue aceptada por la empresa pero rechazada por la municipalidad. A la fecha, ambas partes están esperando el fallo del tribunal de primera instancia, que está previsto en el transcurso del presente año.
El futuro de BordeRío
Durante estos meses, los rumores en relación al futuro de BordeRío se dispararon a todo nivel, incluyendo el debate sobre nuevos destinos para ese centro, como su conversión a sede de programas de la comuna, como Vitacultura y Vitamayor, entre otros. Asimismo, se ha pensado en la conveniencia de traspasar las instalaciones al manejo directo del municipio.
Sin embargo, la Municipalidad de Vitacura detalló a DF que el próximo paso a seguir será un proceso de licitación.
De acuerdo a lo detallado por fuentes conocedoras del tema, en ese futuro proceso participaría nuevamente Inmobiliaria e Inversiones Santa Mónica, lo cual “deja tranquilos” a los operadores.
Aún así, el empresario gastronómico Gabriel Délano, socio del restorán La Tabla, detalló que junto a los otros operadores de ese centro están evaluando unir fuerzas para presentarse al proceso de licitación con miras a adjudicarse la concesión de BordeRío.
“Queremos mantener nuestros locales. En BordeRío hay más de 300 personas empleadas y si tenemos que irnos, es dejar a mucha gente en la calle. Acá estamos velando por nuestro futuro, y mientras la municipalidad no nos deje claro qué es lo que va a pasar, vamos a barajar todas las posibilidades para seguir en pie”, concluyó Délano.
Enjoy y sus acreedores acordaron, aplazar la junta de acreedores para votar el plan de reorganización de la empresa.
Esta instancia estaba convocada para este viernes 26 de julio en el 8vo Juzgado Civil de Santiago, sin embargo, según un comunicado emitido por la operadora de casino, se postergó tras un acuerdo unánime y “con el objetivo de afinar los últimos detalles del Plan de Reorganización Judicial y cerrar la obtención de financiamiento”.
Según lo anunciado, la nueva asamblea se realizará dentro de 10 días hábiles judiciales, por lo que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto.
Cabe destacar que en dicha junta deliberativa los acreedores votarán la propuesta que busca dar continuidad a sus operaciones, cumplir sus obligaciones con sus trabajadores, clientes, proveedores y accionistas, y proyectar el desarrollo hacia el futuro. El nuevo plan busca maximizar la recuperación de deudas con los acreedores, a través de la reprogramación de los pasivos, y una reestructuración societaria de Enjoy.
En enero de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició un estudio de mercado sobre la educación superior chilena para analizar la evolución competitiva de este segmento. Sin embargo, casas de estudios han llegado a tribunales para reclamar contra la entidad por el pedido de datos personales en el marco de dicho informe.
Fue así que, en dos informes presentados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en respuesta a recursos de protección interpuestos por la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y por la Universidad de Chile contra solicitudes de información, la FNE destacó las atribuciones que posee para solicitar información.
Los informes sobre las acciones de la Usach y de la Universidad de Chile se suman al ingresado el 11 de julio en respuesta a un recurso de protección de similares características presentado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).
La FNE dio cuenta de las atribuciones que -dijo- expresamente le confiere la ley para requerir información y tratar datos personales; descartó que haya actuado de manera arbitraria, pues indicó que en todo momento lo hizo de manera fundada, razonable y proporcionada; y expresó que no hay una afectación de las garantías constitucionales invocadas por las recurrentes.
Además, la entidad expuso a la Corte que estas acciones no tienen precedentes en la institucionalidad de libre competencia nacional y que acceder a lo solicitado tendría consecuencias sistémicas que “podrían extenderse mucho más allá de los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados que el legislador expresamente ha encomendado realizar a la FNE, causando un incalculable detrimento a las capacidades de este servicio para cumplir con su cometido legal en prácticamente toda la extensión de sus funciones y, con ello, un grave menoscabo del interés general proyectado al orden económico nacional”.
En sus respuestas, la FNE también solicitó a la Corte que rechace ambos recursos, considerando su carácter extemporáneo y que no son la vía idónea para impugnar solicitudes de información, como sí lo son los procedimientos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que ya se pronunció sobre el oficio a través del cual se pidió la información, manteniéndolo vigente en todas sus partes.
Supuestas amenazas
En su acción, la Usach señaló que es una institución pública, que no debe ser tratada como un agente económico privado que ha infringido la ley, y acusó que la FNE habría incurrido en “amenazas de sanciones pecuniarias y privativas de libertad” al solicitar la entrega de información de estudiantes y exestudiantes.
Al respecto, la Fiscalía respondió que la ley la autoriza expresamente para requerir información tanto a agentes o instituciones privadas como a diversas entidades del Estado y que estas últimas tienen, además, un deber especial de colaboración cuando son órganos de la Administración del Estado.
Asimismo, aportó antecedentes para negar las amenazas señaladas y que la institución “carece de atribuciones autónomas para la imposición de cualquier tipo de sanción o apremio respecto de las entidades y agentes económicos que intervienen en sus investigaciones o estudios de mercado”.
En el caso de la Universidad de Chile, el recurso de protección coincide con el argumento de la Usach respecto al carácter de institución pública de la casa de estudios y alude también a supuestas infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales en la solicitud de la FNE.
Deberes de confidencialidad
En este sentido, la Fiscalía sostuvo que su solicitud de información fue emitida en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley y que es justificada y proporcional a la labor que realiza, cuyo desarrollo en ocasiones hace imprescindible solicitar y analizar antecedentes que califican como datos personales, encontrándose facultada legalmente al efecto. Planteó que, precisamente por lo anterior, es que la ley sujeta a los funcionarios de la Fiscalía a estrictos deberes de confidencialidad.
Otro antecedente que presentó la FNE es que 45 instituciones de educación superior -tanto públicas como privadas- respondieron solicitudes de información idénticas a la impugnada por la Usach y por la Universidad de Chile.
Nuevo Pudahuel, operador del Aeropuerto de Santiago, anunció este viernes el inicio de operaciones de Turkish Airlines.
A partir de diciembre, la aerolínea turca iniciará sus operaciones para conectar la capital de Chile y Estambul.
Con cuatro frecuencias semanales, el vuelo se realizará vía Sao Paulo en un Airbus A350-900, con capacidad para 324 asientos. Por esto, el servicio ofrecerá una capacidad de 2.600 pasajeros por semana.
A través de un comunicado, Nuevo Pudahuel expresó “su gran satisfacción de recibir a Turkish Airlines, por el gran alcance que dará su extensa red de conexiones, a los pasajeros que viajen desde y hacia Santiago”.