A medida que se acerca la recta final de la tramitación de la Reforma Previsional con su discusión en el Senado, comienzan a reaparecer voces abogando por un componente de reparto. No obstante, aún no queda clara la justificación ni objetivos de incorporar reparto al sistema de pensiones en Chile cuando el mundo va en la dirección opuesta.
Los esquemas de reparto se caracterizan por dos atributos. Primero, permiten la incorporación de solidaridad intergeneracional, es decir, cotizantes vigentes ayudan a financiar beneficios de actuales jubilados. Segundo, se traducen en la creación de un fondo común de administración usualmente centralizada donde un ente, generalmente público, se encarga de recaudar, administrar y distribuir lo cotizado por trabajadores activos.
Sin embargo, si se desea incorporar solidaridad intergeneracional, hay mejores mecanismos para hacerlo. La actual PGU cumple dicho objetivo, otorgando beneficios a pensionados vigentes que son financiados mayoritariamente por trabajadores activos vía impuestos generales. Además, tiene la ventaja de permitir mayor progresividad y no cargar el costo exclusivamente en trabajadores formales. Ahora, si se desea incorporar solidaridad dentro del esquema contributivo, también existen mejores alternativas. Un seguro de longevidad permitiría traspasar recursos desde trabajadores activos a pensionados vigentes bajo un esquema definido que sea demográficamente sustentable. Asimismo, se podría incorporar solidaridad intrageneracional dentro de la capitalización individual, con un porcentaje de la cotización que se distribuya equitativamente y entre en las cuentas individuales de cada trabajador aportante, respetando la propiedad y heredabilidad de los fondos, pero generando incentivos a la cotización de trabajadores de bajos ingresos.
Así, la necesidad de aumentar la solidaridad, en particular la intergeneracional, no parece ser justificación suficiente para incorporar un componente de reparto. Nos queda como alternativa el deseo incorporar al sector público en la administración de los fondos previsionales. Esto se puede lograr de mejor forma con la creación de una AFP estatal que compita bajo las mismas condiciones y permita la elección entre un administrador privado o público de fondos previsionales. Sin embargo, esta institución se limitaría a recibir el porcentaje de cotización definido por ley y administrar dichos recursos con una estrategia de largo plazo respetando la propiedad individual de los fondos, dejando nulo espacio a la política social. Luego, parece ser que el objetivo de incorporar un componente de reparto radica más en el deseo de generar un esquema administración centralizada y/o estatal de fondos previsionales que garantice cierto espacio a la política social, con ingresos que generan obligaciones que se disipan en el largo plazo, pero permiten financiar beneficios hoy.
La incorporación de un componente de reparto, aunque sea de un porcentaje muy menor, permite la creación de un esquema al alcance de la clase política y su populismo. Después de los retiros, no parece improbable que el día de mañana algunos políticos busquen reasignar un mayor porcentaje a reparto y/o aumentar antojadizamente beneficios de corto plazo para mejorar su popularidad y posibilidades de reelección, traspasando los costos de sus decisiones a futuras autoridades y pensionados. Luego, parece conveniente alejar los esquemas de ahorro destinados a financiar beneficios de largo plazo lo más posible del alcance de los políticos.
Por Miguel Lorca, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), y Mauricio Villena, decano Facultad de Administración y Economía, Universidad Diego Portales (UDP)
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