Convergencia Transversal, grupo de economistas advierten que nueva Constitución podría afectar estabilidad política y fiscal del país

Cuatro días después de que la Convención Constitucional hiciera entrega de la propuesta de Nueva Constitución, un grupo de más de 30 economistas, entre docentes y académicos, expusieron 17 puntos que, a su juicio, podrían afectar la “estabilidad política y económica del país” y, en consecuencia, su “desarrollo socioeconómico”.

El grupo “Convergencia Transversal”, enfocada en varias áreas abordadas en la propuesta, desde nuevas iniciativas que implican gasto fiscal ante un posible riesgo en el desarrollo de la libre competencia En nuestro país.

Entre los expertos que respaldan la carta se encuentran el expresidente del Banco Central y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorioel investigador daniela leich del Centro de Estudios Públicos, el actual decano de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Diego Portales, mauricio villenay los ex decanos de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Joseph Ramos y Manuel Agosín, entre otras personalidades del ámbito económico y académico.

Atención al gasto fiscal

El primer gran punto de desacuerdo con la nueva propuesta es la eliminación de la “iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de gasto fiscal”, donde destacan que un “mayor poder” en la Cámara de Diputados y Diputadas aumentaría la presión fiscal, complicando su disciplina y control de la inflación.

Además de lo anterior, desde “Convergencia transversal” explica que la transferencia de parte de la responsabilidad fiscal a los gobiernos regionales y locales, sin un “control adecuado del gobierno central”, redundaría en una mayor burocracia del Estado en materia de recaudación y gasto de los recursos públicos, generando así “perversos incentivos a la indisciplina fiscal”. .

Los más de 30 académicos y expertos Resaltaron que la propuesta de Nueva Constitución ha generado “expectativas superadas” en materia de derechos sociales, las cuales no son acordes con los recursos disponibles. Por un lado, señalan que el país podría enfrentar la insostenibilidad fiscalmientras que no brindar estos derechos generaría malestar”,fomentando crisis sociales y políticas”.

The Economist califica el borrador de la nueva Constitución como “un desastre de irresponsabilidad fiscal”

Rol del Estado y libre competencia

La carta detalla el problema de un Estado con control “absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible” sobre todas las sustancias minerales, fósiles e hidrocarburos, alegando que esto limitaría los derechos de propiedad del productor minero, “desalentar la exploración y producción de minerales” en suelo nacional.

Desde el punto de vista legal, los expertos aclaran que Se podrían generar flancos sobre las actuales concesiones mineras, permitiendo “espacios expropiatorios”, “incertidumbre” y “riesgos en el sector minero”afectando la inversión privada de manera general.

Desde la mano económica, la carta analiza la “riesgos a la libre competencia” centrándose en la falta de neutralidad competitiva entre empresas públicas y privadas, infracciones mal tipificadas e investigaciones penales que el Ministerio Público pueda iniciar ante el TDLC. Estos últimos eliminarían la denuncia compensatoria, que defienden como una “herramienta clave para la regulación de la libre competencia”.

Lagos afirma que ni la aprobación ni el rechazo convocan a la mayoría y provocan un terremoto político

Territorios y compensaciones

La nueva propuesta de Constitución establece una indemnización por el “precio justo”, lo que según “Convergencia Transversal” no brinda claridad respecto a los mecanismos que se utilizarán ni garantiza el pago efectivo, dejando el asunto”a merced de interpretaciones parciales”.

“La incertidumbre sobre esta norma se explica porque la constitución vigente establece, junto con el justo precio, la reparación del daño patrimonial, mientras que la nueva propuesta no lo hace. Por lo tanto, se puede interpretar que esta omisión voluntaria apunta a un derecho con características diferentes”, explicaron en el punto siete.

En cuanto al artículo 191 numeral 2, referente al consentimiento de los pueblos originarios en materias que afecten sus derechos reconocidos en la nueva propuesta a través de una consulta vinculante, expresan que se traduciría en “barreras y riesgos importantes” a los proyectos donde se encuentra la mayor concentración. concentrado. parte de los pueblos originarios.

Vea la carta completa y quién la firmó, a continuación: